Procés

Salvador Illa, candidato del PSC para las elecciones del 14-F y exministro de Sanidad, se emplea a fondo en la campaña a las elecciones catalanas con el fin de desempatar, según algunas encuestas, con Esquerra Republicana y JuntsXCat. En una entrevista al programa Hoy por Hoy de la Cadena Ser, ha insistido en sus objetivos, "lograr recuperar la década perdida en Cataluña, en cuando a derechos sociales y economía", debido a unos gobierno obsesionados y ocupados en el independentismo. Illa, ha recordado que para unir, cohesionar, y volver a gobernar para todos los catalanes, no sólo para una parte, ha regresado a Cataluña. Que necesita que se haga inversión en la ciudadanía y el bienestar social, y no en conseguir algo que es una quimera, el independentismo. "En diez años les han llevado [los independentistas] a ninguna parte", gusta repetir el candidato socialista. "Ya es hora de unirnos y gobernar para todos". Al ser preguntado por las insólitas palabras de Pablo Iglesias, que "deslegitima la democracia española fal tiempo que está formando parte del gobierno", lo cual perjudica mucho a España en el exterior, ha señalado que "España, como Cataluña, son el reflejo de una plena normalidad democrática".

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha señalado que, de momento, no se contempla la posibilidad de aplazar las elecciones catalanas del 14 de febrero. Campo ha asegurado que esta suspensión podría poner en peligro la democracia, más en un contexto de pandemia en donde se necesita una directiva al 100% de sus facultades. Pese a ello, atendiendo al incremento del número de contagios, el ministro no ha querido transmitir un “no” rotundo ante la alternativa de posponerlas hasta mayo. En esta misma entrevista, ha eludido opinar sobre la polémica del rey emérito. Ha dejado claro que se trata de un caso privado que ya está en la fiscalía. Por otro lado, Campo ha señalado que pronto ser conocerá la resolución del Parlamento Europeo sobre la inmunidad del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, huido de la Justicia española.

Los fiscales del Tribunal Supremo han presentado este martes sus informes sobre las peticiones de indulto a los 12 políticos catalanes condenados por el ‘procés’ independista en Cataluña. En los escritos, Jaime Moreno, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Fidel Cadena argumentan en contra de conceder la medida de gracia que inició su tramitación el pasado septiembre, al considerar que no existen razones de "justicia, equidad o utilidad pública" que justifiquen aplicarlay que sería privilegiar “al gobernante desleal y corrupto”. Asimismo, la Fiscalía alerta de que el indulto no puede convertirse en “moneda de cambio política” para la obtención de “apoyos parlamentarios”. En algunos sectores judiciales ha sorprendido que el escrito de los fiscales no se limite a argumentos jurídicos y entre a valorar cuestiones políticas que no debería tocar para preservar la separación de poderes. Los informes de los cuatro fiscales han sido remitidos a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que espera también los preceptivos informes de la Abogacía del Estado para que también emita su propio dictamen.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha explicado en qué consistirán las modificaciones previstas desde el Gobierno para el Código Penal. Campo ha defendido que, tras el proceso independentista en Cataluña de 2017, debe endurecerse el delito de desobediencia al Tribunal Constitucional, a la vez que deben “ajustarse” las sanciones sobre los delitos de rebelión y sedición a los ordenamientos jurídicos de los países cercanos. Aunque el plazo previsto para presentar el anteproyecto de reforma del Código Penal era a finales de año, el ministro ha afirmado que “no se sentirá en absoluto incumplidor” si se lleva a cabo más tarde.

El juez de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha autorizado una operación que se ha saldado, de momento, con una docena de detenidos por presuntos delitos de malversación, prevaricación y blanqueo de capital. La justicia investiga si varios empresarios habrían tenido acceso a subvenciones y adjudicaciones irregulares del Govern y otras administraciones para luego inyectar este dinero en el proceso independentista, entre ellos la financiación del movimiento popular en protesta contra la sentencia del procés, Tsunami Democràtic. Entre los detenidos se encuentran Xavier Vendrell, David Madí y Oriol Soler, empresarios que contaron con posiciones en partidos independentistas catalanes y que formaron parte del “estado mayor” del procés. También se investiga, entre otras cosas, la estructura que sostiene al ex – president huido a Bélgica en su residencia en Waterloo.

José Manuel Villarejo sigue dando que hablar, incluso desde la cárcel. Medios como elDiario o VozPopuli desvelaban el pasado fin de semana cómo el comisario había utilizado a su mujer y a otros intermediarios para ofrecer material a varios abogados a cambio de cuantiosas cantidades de dinero que podrían superar el millón de euros, con la promesa de tumbar algunas causas de corrupción tan mediáticas como la conocida como 'Gürtel', la del clan Pujol o la referente al 1-O en Cataluña.

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 5 de Catalunya decidió este martes aceptar el recurso de la Fiscalía Provincial de Barcelona y anuló el tercer grado a cinco de los presos por el procés independentista. Se trata de Jordi Sánchez, Oriol Junqueras, Jordi Cuixart, Raúl Romeva y Joquim Fonr que deberán reingresar en prisión y volver al segundo grado. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, denunció la medida como “una venganza” e instó al Gobierno a dejar de atacar a Cataluña si quiere seguir la vía del diálogo. El vicepresidente Iglesias criticó en sus redes sociales la decisión judicial. Ciudadanos y PP lanzaron fuertes críticas al líder de UP por sus palabras. Y el Gobierno guarda un prudente silencio. En medio de la lucha contra el Covid-19 vuelve, por tanto, a reavivarse el conflicto catalán en un ambiente preelectoral creciente.

Un nuevo frente judicial acecha al que fuera presidente de la Generalitat, y esta vez nada tiene que ver con el denominado 'procés'. Se trata de irregularidades detectadas en la gestión de la empresa de Aguas de Girona, Agissa, entre los años 1998 y 2013, precisamente cuando el prófugo de la justicia española era alcalde de la localidad.

"Persistim" ("persistimos"). Con este mensaje a través de su cuenta de Twitter, la ex presidenta del Parlament anunciaba su salida de la prisión de Mas d’Enric (El Catllar, Tarragona) este lunes. Al texto lo acompaña una imagen en la que se ve a la propia Forcadell saliendo de la cárcel, aunque solo por unas horas, en aplicación del artículo 100.2 para hacer voluntariado y cuidar a su madre, de edad avanzada.

El Tribunal Constitucional ha declarado la constitucionalidad del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el cual permitió suspender a los entonces presos preventivos del “procés” el pasado mes de mayo. La sentencia ha sido adoptada por unanimidad.

Pese a que el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, considera que la convocatoria anticipada de elecciones autonómicas en Cataluña podría "complicar" el diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, todo parece indicar que la comunidad se encuentra a las puertas de unos comicios, tal y como augura la CUP, después del "espectáculo" de ERC y Junts este lunes, o En Comú, que los supedita a que antes se aprueben los presupuestos en el Parlament. Por otro lado, la portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Inés Arrimadas, se muestra partícipe de que los catalanes acudan a las urnas y avisa: "No nos dan ningún miedo".

La vicepresidenta de la cámara europea, Eza Bozena Kopacz, ha informado este jueves al pleno que el Tribunal Supremo ha pedido el levantamiento de la inmunidad de los ya eurodiputados, Carles Puigdemont y Toni Comín. Se inicia así el camino del suplicatorio que, aunque tardará meses en resolverse, acabará con la pérdida de la inmunidad de los dirigentes catalanes.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha hecho pública este jueves una decisión que los independentistas catalanes de ERC esperaban desde hace tiempo y ha dado la razón a Oriol Junqueras al afirmar que debió ser puesto en libertad puesto que tenía inmunidad como europarlamentario desde el mismo momento en que fue proclamado parlamentario electo de la Unión Europea. Este caso también podría afectar a Carles Puigdemont y Toni Comín que están huidos de la justicia española pero que también son europarlamentarios electos a pesar de que no se les ha permitido aún completar los trámites para ser parte de la cámara europea.