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Edición testing    28 de febrero de 2021

Pablo Iglesias

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, anunció este lunes que su formación está ahora dispuesta a desbloquear la renovación de los órganos constitucionales con su mandato caducado. Dio a entender que los socialistas estaban aceptando sus condiciones, pero lo cierto es que tras las elecciones catalanas y la presión del PSOE para que se cumpla con la Constitución, a los populares no les quedan más excusas. Ayer, tras la reunión de la Comisión Permanente del PSOE, el secretario de organización, José Luis Ábalos, urgió a los de Pablo Casado a que cambien de estrategia y “acaben con el obstruccionismo en la renovación de los órganos constitucionales y terminen con dos años en los que el PP ha antepuesto sus intereses partidistas a sus obligaciones como primer partido de la oposición”. A juicio del dirigente socialista, “A Casado no le servirá de nada cambiar de sede” si no cambia la postura de su partido.

Esta es una semana clave que puede terminar con el bloqueo que el Partido Popular mantiene a la renovación de órganos constitucionales que llevan años con su mandato caducado. Este mismo lunes el secretario general de los populares, Teodoro García Egea ha confirmado que las negociaciones vuelven a activarse ya que la formación conservadora asume que no puede seguir su ‘chantaje’. Eso sí, quieren justificar su postura y anuncian que se “están cumpliendo nuestras exigencias” entre las que se encontraba dejar fuera de la negociación a Unidas Podemos, algo que ya se estaba cumpliendo ya que en las anteriores conversaciones que estuvieron a punto de cerrarse solo estaban el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo y el secretario de Justicia del PP y consejero madrileño, Enrique López. En el acuerdo también entrará la renovación del Consejo de RTVE y el defensor del Pueblo.

El Gobierno reniega de la violencia ante la tercera noche de protestas por la encarcelación del rapero Pablo Hasél

Tercera jornada de las protestas violentas con la excusa de la prisión del rapero Pablo Hasél en algunas ciudades de España. La policía advierte del recrudecimiento de estas protestas por parte de grupos especialistas en guerrilla urbana, que cada vez que hay cualquier motivo se suman a quemas, destrozos y saqueos urbanos, así como a la brutalidad y provocación contra la Policía. Esto ha sucedido tanto en Barcelona como en Madrid y en menor medida en Valencia. Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recordado, por la petición del indulto del rapero por parte de Unidas Podemos, que el Ejecutivo ya lleva casi dos años trabajando en la reforma del Código Penal para eliminar como delitos algunos actos encuadrados en la libertad de expresión, como las injurias a la Corona, pero recalcando que “en una democracia plena, el uso de la violencia es inadmisible”. Conviene recordar que Hasel no está en la cárcel por injurias a la corona, o simples delitos contra la Libertad de Expresión, sino que tiene a sus espaldas una serie de delitos y causas a lo largo de los años, que incluyen incitanción al odio, al asesinato, a cometer atentados, así como agresión, y enaltecimiento del terrorismo... entre otros"

El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas correspondiente al mes de febrero refleja una consolidación del porcentaje de voto de los dos partidos que conforman el Gobierno. El PSOE se sitúa en el 30,7% repitiendo el resultado de la anterior encuesta y Unidas Podemos sube cinco décimas. La web especializada electomania.es ha hecho una extrapolación a escaños de estas cifras y considera que el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez podría alcanzar los 171 escaños, muy cerca de la mayoría absoluta. Los partidos de la oposición siguen muy lejos de los socialistas y el PP de Pablo Casado se sitúa en el 18,8% de lo sufragios, lejos de su resultado electoral. La ultraderecha de Vox sigue instalada en tercera posición con un 13,6% de los votos, también por debajo de su resultado de las elecciones de noviembre del 2019.

En una entrevista a la SER, Carmen Calvo explica paso a paso, la complejidad de confecionar una Ley para que tenga seguridad jurídica y no sea revocada por el Constitucional. Y define la inmadurez de hacer oposición y gobierno a la vez.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha dicho con toda claridad este jueves en una entrevista radiofónica que es una “incoherencia estar trabajando en una ley que va a arropar a los colectivos LGTBI” y después intentar tumbar la denominada Ley Zerolo sobre la igualdad de trato. La dirigente socialista se queja de las formas con las que actúa la parte de Unidas Podemos del Ejecutivo, “a mí me preocupan más las formas que el fondo. Lo normal en un Gobierno de coalición es que haya discrepancias”, pero no así, con continuas filtraciones a la prensa y aireando negociaciones que deben producirse sin la exhibición continúa. Es justo lo que temía Pedro Sánchez a principios de 2019 cuando se gestaba la coalición. Es algo que cada vez ocurre con más frecuencia. Además, el malestar de los socialistas va en aumento ante la deriva de los de Iglesias de estar en el poder y al mismo tiempo querer hacer oposición. Así se puede ver con las reacciones a las graves protestas violentas que estos días se producen en Madrid o Barcelona por la entrada en prisión del rapero Hasel. Mientras Echenique lanza mensajes de apoyo a los manifestantes, el resto de formaciones, incluido el PSOE, consideran que es inadmisible para cualquier cargo público apoyar la violencia.

Tras las elecciones en Cataluña ha vuelto al Congreso de los Diputados la sesión de control al Gobierno. Tanto Pablo Casado, del PP; como Inés Arrimadas, de Ciudadanos, han lanzado sus ataques al Ejecutivo por las críticas del vicepresidente a la democracia española. Sánchez, sin embargo, ha llevado el debate a la difícil situación en la que quedan ambos partidos de la derecha española tras la debacle electoral de ambos. A Casado le ha dicho que debe optar por “hacer una oposición útil, moderada y con sentido de Estado” y abandonar el “camino de la perdición” que a su juicio le llevará a que la ultraderecha “se les coma”. El mismo mensaje vale para Arrimadas que ha preguntado al presidente del Gobierno sobre las palabras de Iglesias de las últimas semanas. “El populismo reaccionario de la ultraderecha divide a la sociedad española y desprestigia la calidad democrática. Pido a PP y a Ciudadanos que rompan sus pactos territoriales con la ultraderecha”, ha afirmado el dirigente socialista.

La aprobación de la nueva Ley de Vivienda podría necesitar su tiempo para salir en buenas condiciones. Nuevamente, la formación morada no está de acuerdo con los plantemientos del titular de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Jose Luis Ábalos y lo solventan filtrando su disconformidad a la prensa, sin paciencia alguna. Los socialistas, más veteranos en la elaboración de leyes, aplican el pragmatismo y tratan de explicar a su socio minoritario, que una cosa es dar discursos, y otra construir una Ley de Vivienda, que no conculque derechos a parte de los implicados. Tampoco se puede legislar a golpe de titular de periódico y que las tramitaciones involucran a varios ministerios y llevan su tiempo.

En pleno fragor de las elecciones catalanas, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, declaró este lunes que "España no vive una situación de plena normalidad democrática y política” mientras que los líderes de los partidos que forman parte del Gobierno de la Generalitat estén en la cárcel y en Bruselas, en alusión a Junqueras y Puigdemont. Es su forma de intentar arañar votos ante una previsible nueva caída electoral de la formación morada en las elecciones catalanas y en medio de una campaña electoral en la que las encuestas le dan malos resultados. El Ejecutivo ya ha contestado con contundencia a este nuevo exceso verbal del vicepresidente a través de Carmen Calvo, que afirmó que "España tiene la normalidad propia de un Estado de Derecho donde a todos se les aplican las leyes por igual”. También lo ha hecho, otra vicepresidenta, Nadia Calviño, que ha recalcado que nuestro país goza de una “Democracia plena”. Una vez más, las declaraciones del líder de Podemos han sido utilizadas por la Oposición que pide la comparecencia de Iglesias, Calvo y González Laya en el Congreso de los Diputados para que aclaren el asunto.

La encuesta de intención de voto que cada mes publica el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sitúa nuevamente al PSOE por encima del 30% (30,7%) , (en diciembre, 29,5%). Los socialistas siguen muy por encima del 28,3% que cosecharon en las elecciones generales de noviembre del 2019. Son la única formación política, junto a Ciudadanos, que mejoraría resultados más de un año después de la última cita con las urnas y sigue a una distancia superior a los 10 puntos porcentuales respecto al PP. Esta previsión de voto, traducido a escaños, situaría al principal partido del Gobierno con 136 escaños, trece más de los que tiene actualmente y le valdría para consolidar su mayoría con su actual socio Unidas Podemos, a pesar de la pérdida de apoyos de los de Iglesias que pasa de 35 a 27 diputados.

El Psoe registra en el Congreso la Ley de Igualdad de Trato, que lleva años desarrollando desde que la impulsó Zerolo

El PSOE ha presentado este jueves en el Congreso de los Diputados, la Proposición de Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, conocida como ‘Ley Zerolo’ ya que fue impulsada y desarrollada hace diez años por el histórico dirigente socialista y activista de los derechos LGTBI Pedro Zerolo, que murió en 2015. El Grupo Parlamentario Socialista, había presentado el Proyecto de Ley ya en 2011, cuando Zapatero tuvo que adelantar elecciones y por ello, no se pudo tramitar. Por segunda vez el Psoe la presentó, desde la Oposición, en 2017, y después cuando Sánchez ganó la moción de censura, en 2018, estaba lista para ser aprobada, pero no pudo ser, de nuevo por la convocatoria de elecciones para 2019. Por tanto, esta es una Ley de corte socialista, que es la cuarta vez que se moviliza por este partido. En este caso, y ante el enfado de Podemos, que quería figurar en la factura de la Ley, el Psoe recuerda que invitó a sus socios a sumarse a la iniciativa parlamentaria, pero éstos, declinaron sumarse a no ser que fuera el Ministerio de Igualdad quien la presentara, de manera más amplia.

Supone una buena noticia que el Ministerio de Asuntos Sociales, que dirige Pablo Iglesias tome alguna decisión propia de su naturaleza, demás de intentar estar en todas las salsas y hacer oposicion al Gobierno del que forma parte. Son escasas las ocasiones en las que se escucha que el Ministerio de Asuntos Sociales trabaja en algo. En este caso ha llegado a un acuerdo con sindicatos para reforzar el Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD). Unas ayudas que fueron eliminadas por los gobiernos de Rajoy y de las que Iglesias, ocupado en sus apariciones televisivas, hasta ahora no se había acordado. En total, se destinarán 600 millones de euros, 283’2 millones de los cuales se repartirán entre las CCAA, para asegurar las condiciones laborales del SAAD.

La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) ha elaborado un estudio junto a Randstad Research en el que estiman que si se aprueba una subida del SMI como marca el acuerdo del Gobierno de coalición se podrían perder entre 85.000 y 135.000 puestos de trabajo. La patronal mantiene que este momento marcado por la crisis del coronavirus no es el indicado para sacar adelante esta medida que podría perjudicar la recuperación y señala los sectores de hostelería y comercio como los que saldrían más castigados. Prevén que el 52% de esta pérdida de empleo se concentraría en los negocios más dañados por el Covid – 19 y los jóvenes y las personas con menos formación serían las más castigadas. Esta cuestión está causando conflicto dentro de las propias líneas socialistas con un sector de Trabajo dirigido por Yolanda Díaz que quiere mantener la subida y se enfrenta directamente a las filas económicas lideradas por Nadia Calviño. Díaz se quiere situar en la misma ruta que la Unión Europea que ha optado por este incremento para paliar los efectos económicos de la pandemia mientras que Calviño opta por paralizar la medida, aunque mantiene que esto no supone una ruptura del acuerdo fijado en el Gobierno de coalición de aumentar el SMI hasta un 60%. Por su parte, Pablo Iglesias empuja a que la subida salga adelante y espera que en los próximos Consejos de Ministros se alcance un acuerdo que sería unilateral con la CEOE, que se opone por completo.

Tras dos años de vacios legales respecto al marco regulador de la competencia de los transportes terrestres, el Gobierno ha aprobado un nuevo proyecto de ley de modificación para garantizar las condiciones y competencias del taxi en relación con el servicio de VTC. Esta nueva ley supone el establecimiento de sanciones más severas para aquellos conductores de VTC que no cumplan la normativa estipulada, como itinerarios o la prestación fuera del ámbito territorial correspondiente. El incumplimiento de esta normativa puede llegar a suponer la retira del vehículo o la desautorización definitiva del servicio.

Tras varias días de negociaciones dentro del Consejo de Ministros, el Gobierno adelantará la promulgación del Decreto Antidesahucios que ya estaba previsto poner en marcha, en marzo del 2021, desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de Jose Luis Abalos, del que depende Vivienda. Cierta tensión surgió cuando por parte de UP, anunciaron, sin previo aviso a su socio, que había que adelantar este Decreto, rompiendo una vez más la lealtad al Gobierno, durante el tiempo que dura el Estado de Alarma. A lo que el ministro Ábalos pidió templanza, ya que había muchos aspectos y consecuencias legales que atar antes de anunciar la Ley de forma precipitada. Mientras se acostumbra a la responsabilidad y lealtad que supone, estar en el Gobierno, Podemos sigue creyendo que con anunciar las leyes en la prensa, aún sin estar terminado su enunciado y sus consecuencias, gana algún punto cara a la galería mediática.