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Edición testing    21 de enero de 2021

Nadia Calviño

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha anunciado que el Gobierno ya trabaja en la ampliación de la moratoria en el pago de la hipoteca o de un crédito de consumo. Esta medida se puso en marcha al comienzo de la pandemia y se amplió el pasado julio hasta el pasado 29 de septiembre. Ese mismo mes muchas otras medidas de carácter económico y social caducaron y varias no se renovaron inmediatamente. Desde entonces, el Gobierno en coalición ha negociado la prorroga de estas regulaciones con presiones por parte de Unidas Podemos como ha sucedido con el Decreto – ley de paralización de desahucios o la prohibición del corte de suministros básicos. Ahora, la ministra ha anunciado que la ampliación de las moratorias de aprobará “en breve”.

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, dirigido por la ministra Nadia Calviño, ha pedido propuestas que, mediante un modelo de colaboración público-privada, permitan extender la banda ancha de muy Alta Velocidad y adelantar la cobertura 5G en zonas rurales y áreas de baja densidad poblacional. El objetivo de esta iniciativa es impulsar la cohesión territorial y la transformación digital, por lo que todos los proyectos que se presenten deberán cumplir con las medidas incluidas en el Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales y en la Estrategia de Impulso de la Tecnología 5G, publicados el pasado 1 de diciembre de 2020. En el caso del despliegue de las redes 5G, se estima que en 2025 el 75% de la población tenga este tipo de cobertura mediante sus bandas prioritarias, y en cuanto al Plan para la Conectividad, el fin es alcanzar el 100% de la población con cobertura de 100 Mbps en 2025 y, como objetivo previo, el 100% de cobertura de banda ancha de 30 Mbps en 2023.

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2020

El pasado martes, 29 de diciembre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentaba ante los ciudadanos un completo y novedoso informe de rendición de cuentas con todos los compromisos de su Ejecutivo y el grado de cumplimiento de todos ellos durante este 2020. Y ahora son los ministerios los que presentan sus balances de gestión para que todos los españoles y españolas sepan y evalúen la actividad legislativa de cada uno de ellos. Entre los hitos del Gobierno están la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, presentada por la vicepresidenta primera Carmen Calvo; los PGE de 2021, que tienen la firma de la ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero; la normativa que impide los desahucios de familias vulnerables o el corte de suministros que implicó a los ministerios de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de José Luis Ábalos y Asuntos Económicos de Nadia Calviño; La aprobación de la LOMLOE, gracias al trabajo de la ministra de Educación, Isabel Celaá; o toda la gestión de la crisis sanitaria, un trabajo que ha estado dirigido por el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

Moncloa ha publicado el balance del informe Cumpliendo del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital dirigido por la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, que ha destinado gran parte de sus esfuerzos este año a las medidas de protección económica y recuperación de la crisis pandémica. En total, de los 11 Reales Decretos – ley aprobados por el Gobierno para la respuesta económica y social del coronavirus, siete han sido liderados por este departamento. Entre estas se encuentran algunas de las medidas más importantes como la reciente prohibición de los desahucios y del corte de suministros básicos, así como nuevas líneas e incentivos fiscales de ayuda al sector de hostelería, comercio y turismo, de los más castigados por la pandemia. En total, se ha destinado para esta causa un 20% del PIB junto a ayudas europeas por valor de 540.000 millones de euros impulsadas tras la aprobación del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia. No obstante, desde Asuntos Económicos también han mantenido sus compromisos de campaña, siendo prioritario el impulso de la transición digital de la economía española en línea con la transición ecológica.

En las últimas semanas el Ejecutivo viene estudiando con los agentes sociales la posibilidad de seguir subiendo el Salario Mínimo Interprofesional de cara al próximo año. Los representantes de la patronal consideran que es perjudicial una nueva subida en plena crisis económica tras las subidas de los dos últimos ejercicios y apuntan a una posible subida del paro como consecuencia más inmediata. Los sindicatos apuestan por que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo. Y en el propio Ejecutivo hay visiones distintas, la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, quiere subir el salario, pero desde otros ministerios se considera que en estas circunstancias especiales habría que dejarlo como esta. Ante la falta de acuerdo, el Consejo de Ministros aprueba hoy la congelación del SMI.

La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) ha elaborado un estudio junto a Randstad Research en el que estiman que si se aprueba una subida del SMI como marca el acuerdo del Gobierno de coalición se podrían perder entre 85.000 y 135.000 puestos de trabajo. La patronal mantiene que este momento marcado por la crisis del coronavirus no es el indicado para sacar adelante esta medida que podría perjudicar la recuperación y señala los sectores de hostelería y comercio como los que saldrían más castigados. Prevén que el 52% de esta pérdida de empleo se concentraría en los negocios más dañados por el Covid – 19 y los jóvenes y las personas con menos formación serían las más castigadas. Esta cuestión está causando conflicto dentro de las propias líneas socialistas con un sector de Trabajo dirigido por Yolanda Díaz que quiere mantener la subida y se enfrenta directamente a las filas económicas lideradas por Nadia Calviño. Díaz se quiere situar en la misma ruta que la Unión Europea que ha optado por este incremento para paliar los efectos económicos de la pandemia mientras que Calviño opta por paralizar la medida, aunque mantiene que esto no supone una ruptura del acuerdo fijado en el Gobierno de coalición de aumentar el SMI hasta un 60%. Por su parte, Pablo Iglesias empuja a que la subida salga adelante y espera que en los próximos Consejos de Ministros se alcance un acuerdo que sería unilateral con la CEOE, que se opone por completo.

Tras el Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno, Maria Jesus Montero anunció el Real Decreto–Ley que permitirá la rebaja del alquiler de locales destinados a comercio y hostelería de un 50%. Esta rebaja será aplicable a aquellos locales propiedad de grandes tenedores (con 10 o más locales en propiedad) a partir del 31 de enero y hasta el 9 de mayo, fin del estado de alarma. El Decreto también recoge una rebaja fiscal que estas mismas personas podrían solicitar pero desde la patronal de Hostelería denuncian que las ayudas son “insuficientes”, ya que esperaban, en lugar de ayudas, vía deducción fiscal o de la Seguridad Social, ayudas vía cheque directo.

Tras varias días de negociaciones dentro del Consejo de Ministros, el Gobierno adelantará la promulgación del Decreto Antidesahucios que ya estaba previsto poner en marcha, en marzo del 2021, desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de Jose Luis Abalos, del que depende Vivienda. Cierta tensión surgió cuando por parte de UP, anunciaron, sin previo aviso a su socio, que había que adelantar este Decreto, rompiendo una vez más la lealtad al Gobierno, durante el tiempo que dura el Estado de Alarma. A lo que el ministro Ábalos pidió templanza, ya que había muchos aspectos y consecuencias legales que atar antes de anunciar la Ley de forma precipitada. Mientras se acostumbra a la responsabilidad y lealtad que supone, estar en el Gobierno, Podemos sigue creyendo que con anunciar las leyes en la prensa, aún sin estar terminado su enunciado y sus consecuencias, gana algún punto cara a la galería mediática.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, es de las que menos se calla con los lapsus de inexperiencia al tiempo que de oportunismo, del socio del Gobierno. En el programa de RTVE, “La hora de la 1”, ha respondido con cierta diplomacia pero con claridad a la pregunta sobre el penúltimo desliz del socio morado a quien sólo se le ocurrió salir en la foto presentando una enmienda a sus propios Presupuestos, que llevan su firma, a espaldas de lo "acordado, firmado y rubricado" con el Gobierno del que forma parte. Deslealtad y oportunismo en estado puro que ven muchos medios, que la ministra no ha querido epitetar pero si insinuar. Se trataba de parar los desahucios, para lo que el Ministro competente en Vivienda, Jose Luis Ábalos, ya tiene acordada con UP una Ley de Vivienda que saldrá en febrero. Pero Iglesias no ha podido resistir la tentación de salir en la foto con Bildu y ERC, y ha firmado con ellos una enmienda contra los desahucios, que por otro lado, no se trata en los presupuestos, sino en los proyectos de Ley que ya están en marcha y con su acuerdo firmado. Jugar a doble banda y que que te salga el tiro por la culata, no le es extraño al líder de UP, incluso casi todos los medios rigurosos se han dado cuenta de la bisoñez del que hoy por hoy tiene nada menos que el rango de vicepresidente del Gobierno, porque así lo exigió el mismo.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, se ha mostrado confiada en que la Unión Europea pueda solventar “cuanto antes” las discrepancias con Hungría y Polonia para que España pueda contar con el Fondo de Recuperación Europeo en 2021. Aun así, Calviño ha establecido que si estas ayudas no llegan al país en la fecha prevista, España usará la deuda pública para afrontar los 27.000 millones de euros que recogen los Presupuestos Generales del Estado.

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha puesto en valor este jueves que el crecimiento económico del 16% en el tercer trimestre demostró que "España tiene una base sólida para la recuperación", llegando incluso a "superar las expectativas de todos los organismos".

La vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha desligado este lunes la reforma en el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), propuesta por el PSOE y Unidas Podemos de la llegada a España de los fondos europeos. Un vínculo que si realizó el presidente del PP, Pablo Casado, al advertir que corrían peligro las ayudas por un posible expediente de la UE.

El Gobierno prevé un incremento de las pensiones y los sueldos públicos del 0,9% el próximo año, tal y como se ha aplicado este 2020. El aumento de las pensiones quedará recogido en el Plan Presupuestario de 2021 que el Gobierno enviará este jueves a Bruselas y se corresponde con la estimación del deflactor del PIB, el indicador más aproximado al IPC, para 2021. De esta manera, el Gobierno cumpliría con su compromiso de mantener el poder adquisitivo mediante la revalorización anual de las pensiones.

Carmen Calvo, Pablo Iglesias, Nadia Calviño y Teresa Ribera detallaron este miércoles el ambicioso Plan de Recuperación y Resiliencia en el que trabaja el Gobierno para canalizar la ayuda del Fondo Europeo de Recuperación que dotará a España con 140.000 millones de euros gracias al instrumento aprobado por la UE, el “Nest Generation EU”. En los próximos tres años se vehicularán alrededor de 72.000 millones de euros y el Ejecutivo se marca el objetivo prioritario de crear 800.000 puestos de trabajo.

El gobierno ha aprobado el límite de gasto no financiero para el próximo ejercicio que será de 196.097 millones de euros, lo que supone un incremento del 50% respecto al de este año. Es el primer paso para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado que serán expansivos y tendrán como principal objetivo afrontar las consecuencias de la crisis producida por el coronavirus. EL Ejecutivo ha actualizado su cuadro macroeconómico y ha elevado la caída prevista del PIB para este año hasta el 11,2% mientras que considera que habrá un efecto rebote para el 2021 que podría producir un crecimiento del Producto Interior Bruto del 7,2%. En las cuentas que presentará el Gobierno se incluye parte del Fondo de Recuperación Europeo y, además, las administraciones tendrán más margen para el gasto al haberse suspendido las reglas fiscales, siguiendo las recomendaciones europeas.