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Edición testing    4 de junio de 2020

Manuel García Castellón

Sigue desgranándose parte del testimonio del excomisario José Manuel Villarejo ante el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. Y es que, al parecer, habría entregado al por entonces 'número dos' de la Policía Nacional, Eugenio Pino, la información del teléfono móvil robado a una colaboradora de Pablo Iglesias. El tribunal ahora investiga si esto fue un encargo del Ministerio del Interior, que se encontraba bajo el Gobierno de Mariano Rajoy. Por otro lado, el presidente de Iberdrola se ha referido también a Villarejo en los últimos días, asegurando que "no hay nada en la compañía que no sea conforme con la ley". También ha sido señalado de nuevo el BBVA, que habría aceptado que el excomisario le cobrase una doble factura millonaria usando una marca comercial de otra empresa.

El periódico El País publica este jueves 6 de febrero parte de la declaración del ex presidente del BBVA Francisco González ante el juez que investiga el caso del banco y su implicación con Villarejo. El ex banquero confirma que autorizó la contratación de “detectives”, que resultó ser Villarejo, para que descubrieran quién estaba detrás de la operación de Sacyr y su objetivo de hacerse con el control de la entidad. Sin embargo, deriva toda la responsabilidad a Julio Corrochano, jefe de Seguridad del BBVA “Le pregunté si era legal, moral y publicable (…) me dijo que sí a todo”.

Enrique García Castaño, uno de los nombres vinculados a la conocida como 'operación Kitchen', desveló en la Audiencia Nacional la compra con fondos reservados de un ordenador portátil para que el ex secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez, consultara la información sustraída a Luis Bárcenas.

Dinero B, fondos públicos desviados para pagar una campaña electoral, un congreso del PP, mítines y foros donde participó Mariano Rajoy y hasta una cena de Navidad, por no hablar de subvenciones falseadas. Todo ello presuntamente, mientras no se demuestre fehacientemente, está descrito en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que ha desvelado un nuevo caso de corrupción en el Partido Popular que afectaría de forma directa a Esperanza Aguirre, cuando en 2011 optaba a la presidencia de la Comunidad de Madrid. El nombre de una de las sociedades tapadera elegido para la presunta financiación ilegal del PP, "Paquí Pallá SL", ha causado la hilaridad de los investigadores.

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