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Edición testing    9 de marzo de 2021

Mª Jesús Montero

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2020

El pasado martes, 29 de diciembre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentaba ante los ciudadanos un completo y novedoso informe de rendición de cuentas con todos los compromisos de su Ejecutivo y el grado de cumplimiento de todos ellos durante este 2020. Y ahora son los ministerios los que presentan sus balances de gestión para que todos los españoles y españolas sepan y evalúen la actividad legislativa de cada uno de ellos. Entre los hitos del Gobierno están la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, presentada por la vicepresidenta primera Carmen Calvo; los PGE de 2021, que tienen la firma de la ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero; la normativa que impide los desahucios de familias vulnerables o el corte de suministros que implicó a los ministerios de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de José Luis Ábalos y Asuntos Económicos de Nadia Calviño; La aprobación de la LOMLOE, gracias al trabajo de la ministra de Educación, Isabel Celaá; o toda la gestión de la crisis sanitaria, un trabajo que ha estado dirigido por el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

El Gobierno de Pedro Sánchez se consolida a pasos agigantados con la aprobación definitiva de sus primeros Presupuestos Generales del Estado. Las cuentas públicas pasaron este martes el último trámite con la aprobación por amplia mayoría en el Senado y el 1 de enero entrarán en vigor para dar carpetazo definitivo a los Presupuestos de la era de Mariano Rajoy, en vigor desde el 2018. Estas cuentas rompen varios hitos de la historia democrática: Son las que más apoyo de distintos grupos políticos han tenido, las que más diálogo político han supuesto, las que mayor respaldo han cosechado en el Congreso de los Diputados y las que mayor gasto social de la historia incluyen con alrededor de 239.000 millones de euros para blindar el Estado del Bienestar. Además, como plus añadido, los PGE vehiculan las ayudas económicas del Fondo Europeo de Recuperación que en el próximo ejercicio ascienden a 27.000 millones de euros.

Paralelamente a esta rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Iglesias no ha podido resistir la tentación de sacar un vídeo atribuyéndose la "paternidad del decreto antidesahucios", algo que compete a Vivienda y que como ha explicado desenfadamente Calvo, los Decretos los elabora el Gobierno, no las personas.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto que contiene medidas de protección para familias vulnerables y que prorroga la prohibición de proceder a desahucios y de cortes de suministros básicos hasta el final del estado de alarma, el 9 de mayo. También la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha anunciado una serie de medidas para poner en marcha los Fondos de Reconstrucción Europeos. El titular de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, cuyo ministerio ha sacado adelante la medida, ha detallado que es un “Real Decreto extraordinario para un momento de excepcional dificultad, que pretende preservar el derecho constitucional a la vivienda y proteger a las personas y familias vulnerables, pero también proteger los derechos de terceros, como son los arrendadores”. Por su parte, la ministra portavoz, María Jesús Montero, ante la pregunta por la actitud infantil de Iglesias, le ha quitado hierro al asunto y ha expresado: "El Gobierno está en la política de las cosas -que le importan a la gente- y no en las cosas de la política".

El Congreso de los Diputados rechaza las enmiendas a la totalidad que han presentado PP, Vox, Junts, BNG, CUP, Coalición Canaria y Foro Asturias que piden la devolución del anteproyecto de Presupuestos al Gobierno. El Ejecutivo ha salvado holgadamente este primer escollo y los PGE seguirán su tramitación parlamentaria, con un histórico de 198 votos a favor, para que estén listos a primeros del año 2021. Durante el debate parlamentario, la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, que los ha defendido durante dos jornadas consecutivas, ha dado a conocer medidas concretas como la bajada del IVA de las mascarillas y también el apoyo de Bildu, lo que refuerza la mayoría de la investidura, pero abre cierto malestar en las filas socialistas y que deja a Ciudadanos muy poco espacio para que pueda finalmente sumarse a una amplia mayoría parlamentaria, como quiere Pedro Sánchez.

La ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, trasladó a las Comunidades Autónomas el efecto de la suspensión de las reglas fiscales para los años 2020 y 2021 durante la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Con esta decisión las administraciones autonómicas verán incrementados sus recursos de financiación para hacer frente a la crisis producida por el coronavirus. No obstante, el Ejecutivo ha recomendado no superar el 2,2% de déficit en el próximo ejercicio, a pesar de que el Gobierno asumirá la mitad de ese déficit.

España comienza a adaptarse a la nueva normalidad que nos acompañará durante bastantes meses, pero la cotidianidad irá ganando terreno sobre lo extraordinario tras salir del Estado de Alarma. También en la política. Ahora, los partidos ponen el foco en dos importantes citas electorales en Euskadi y Galicia. La portavoz socialista del Gobierno de Sánchez, Mª Jesús Montero inauguró este domingo la precampaña gallega haciendo un llamamiento a todos para encarar la reconstrucción económica tras la pandemia, “necesitamos del concurso de todos”. Pero también avisó del juego “de insultos y mentiras que hace el PP y a ultraderecha”, y recordó que en Galicia es Feijóo, el actual presidente “quién representa a la ultraderecha”. Por su parte, el candidato socialista a presidir la Xunta, Gonzalo Caballero anunció que se compromete a garantizar 5.000 puestos estables en el sistema de salud pública “para dar dignidad a los trabajadores que piden estabilidad en lugar de contratos por horas”.

A pesar de las muchas dificultades, el Gobierno de Pedro Sánchez conseguirá terminar su proceso de desescalada hacía la normalidad post-Covid-19 y este martes ha remitido al Congreso de los Diputados la sexta y última prórroga del Estado de Alarma que permitirá a la mayoría de las CCAA alcanzar la Fase 3 donde el Ejecutivo les traspasará la plena gobernanza en la crisis sanitaria, económica y social. El Gobierno únicamente ejercerá la limitación de movimientos que ha demostrado ser el instrumento más eficaz para frenar la pandemia, y con ello, proteger la salud y la vida de miles de españoles. El Consejo de Ministros ha dado luz verde también al Anteproyecto de Ley de Residuos y suelos contaminados que se enmarca en la estrategia española de economía circular 2030.

La prestación beneficiará a más de 850.000 hogares vulnerables desde el mes de junio y garantiza unos ingresos mínimos de 462 euros que podrían llegar a los 1.015 euros mensuales dependiendo de la situación familiar.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este viernes al Ingreso Mínimo Vital (IMV), una nueva prestación que, en palabras de la portavoz del Gobierno, Mª Jesús Montero, “es un paso de gigante en la lucha contra la desigualdad y la pobreza en nuestro país, y a favor de la igualdad de oportunidades y la justicia social”. La crisis del Coronavirus ha acelerado la adopción de esta medida que es una de las que recoge el acuerdo de “coalición progresista” firmado entre el PSOE y UP. Se trata de un compromiso electoral que ya presentó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en julio de 2015 en Mérida y así consta en el programa electoral de los socialistas de aquel año que se mantuvo en junio de 2016; así como en los compromisos para las elecciones de abril y noviembre de 2019.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado sábado su intención de pedir una última prórroga del Estado de Alarma de alrededor de un mes, pero tras debatir con otras formaciones políticas, el Consejo de Ministros ha decidido rectificar y la extensión de esta medida será nuevamente de otros quince días. El Ejecutivo ha pactado con Ciudadanos los términos y continúa negociando otras cuestiones con ERC para que los independentistas catalanes cambien su voto por una abstención o un sí. Tanto el Partido Popular como Vox ya anunciaron su voto negativo sin siquiera conocer la propuesta.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya adelantó el pasado sábado que a partir del 27 de abril los menores podrían salir a la calle. Así lo ha confirmado el Consejo de Ministros de este martes, aunque la suavización del confinamiento será menor que la esperada. La portavoz gubernamental, Mª Jesús Montero, ha explicado que los menores de 14 años podrán acompañar a un adulto en aquellas salidas que se permiten desde el pasado 14 de marzo, es decir, podrán acompañarlos a hacer la compra, a ir al banco o a la farmacia, o tirar la basura o algún corto paseo pero nada de parques… de momento. El Gobierno ha aprobado también un amplio paquete de más de 30 medidas económicas dirigidas a pymes y autónomos, trabajadores y determinados sectores.

Nota de prensa de Moncloa

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes va a proponer el jueves 16 de abril, como objetivos principales del Pacto, la protección, durante el tiempo que dure la crisis del coronavirus, de los ámbitos de la cultura; su “relanzamiento” una vez terminado el Estado de Alarma, y el reconocimiento de la cultura como un bien de primera necesidad.

LA PORTAVOZ DEL GOBIERNO PUNTUALIZA QUE HABRÁ QUE CUMPLIR INSTRUCCIONES CLARAS

El Gobierno de España ya está preparado para ir tomando medidas que formen parte de la denominada fase de desescalada para la vuelta a la normalidad. En una entrevista televisiva, este miércoles la ministra de Hacienda y Portavoz del Ejecutivo, Mª Jesús Montero, ha asegurado que los ciudadanos podrán empezar a recuperar “su vida normal” a partir del 26 de abril. Esa es la fecha en la que cumple la activación del Estado de Alarma, aunque el presidente Sánchez ya avisó que seguramente se prolongará. Sin embargo, las restricciones de movilidad se irán levantando por sectores de población, por territorios y teniendo en cuenta otros condicionantes cuando se compruebe que la salud de los ciudadanos está garantizada y que no se pueda reproducir un brote del Covid-19.

Subsidios, suspensión de desahucios, moratorias para hipotecas, microcréditos, prohibición de corte de suministros, más protección a víctimas de violencia de género, aplazamiento cuotas de pymes y autónomos...

Subsidios para empleadas del hogar y trabajadores temporales, suspensión de los desahucios, moratorias para hipotecas, microcréditos para alquiler, prohibición de cortes de suministros, más protección para víctimas de violencia de género, aplazamiento de las cuotas de autónomos y pymes, etc. Son algunas de las medidas adicionales a las ya aprobadas a las que ha dado luz verde el Consejo de Ministros de este martes para ofrecer seguridad y protección a todas las personas para afrontar el impacto negativo de la crisis sanitaria y económica del Covid-19. Se trata de un amplio paquete de medidas que amplía significativamente el denominado “escudo social” frene a la pandemia.

La ministra portavoz, María Jesús Montero, ha detallado los temas aprobados en el Consejo de Ministros de este martes que, en buena parte, son el desarrollo de las grandes medidas económicas aprobadas en semanas previas para paliar la crisis propiciada por la pandemia del coronavirus. Una de ellas ha sido el desbloqueo de una primera línea de avales de 20.000 millones de euros que servirán para avalar hasta el 80% de los créditos que pymes y autónomos tengan que pedir para hacer frente a la crisis del Covid-19. También se ha aprobado la distribución de los créditos acordados por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y la aprobación de la solicitud de la prórroga del Estado de Alarma al Congreso de los Diputados que se tramitará este miércoles 25.

El Consejo de Ministros, previsiblemente, volverá a remitir este martes al Congreso de los Diputados los proyectos de ley que dan viabilidad a dos nuevos impuestos que gravarán las actividades financieras y los negocios digitales. Se prevé que el Gobierno recaude alrededor de 2.000 millones de euros al año.