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Edición testing    20 de enero de 2021

Ley Celaá

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2020

Haciendo balance de este 2020, el Ministerio de Educación asegura haber cumplido los principales compromisos establecidos para este año en lo referente a la equidad escolar. Buscando un reforzamiento del actual sistema educativo que garantizase el derecho a la educación para todas las personas, con nuevas metodologías educativas centradas en el fomento de talentos particulares, el Ministerio asegura que la aprobación de la polémica “Ley Celaá”, la Estrategia Digital 2025 y el impulso de nuevas becas -35%- han fomentado tal éxito. Por otro lado, el informe de rendición de cuentas del Gobierno, presentado en el día de ayer, también hace mención a una serie de mejoras digitales y sostenibles en lo relativo a la Formación Profesional. Gracias al desarrollo de un Plan de Modernización –valorado en más de 265 millones de euros- y el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, la FP ha podido aumentar su oferta educativa con la creación de 60 mil plazas y la renovación de nuevos cursos y títulos de especialización.

El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles la nueva Ley de Educación, conocida como LOMLOE o Ley Celaá, sin modificaciones con respecto al texto remitido por el Congreso. La norma ha contado con 142 votos a favor por parte del PSOE, ERC, PNV, Compromís, Mes Mallorca, Adelante Andalucía, Geroa Bai, Más Madrid, En Comú Podem y la Agrupación Socialista de La Gomera; 112 en contra del PP, Ciudadanos, UPN, PRC y Vox; y nueve abstenciones de EH Bildu, Junts Per Catalunya y Teruel Existe. Sin embargo, dar luz verde a la Ley Celaá ha generado fuertes críticas entre los partidos de la oposición, así como por parte de Junts per Catalunya, al “no blindar el catalán como lengua vehicular”. Aun así, tras su aprobación, esta ley se convierte en la octava norma educativa de la democracia, preparada para publicarse directamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha transmitido que la nueva ley educativa LOMLOE, conocida coloquialmente como Ley Celaá, está teniendo un “amplio respaldo” de la comunidad educativa, al tiempo que la considera una ley “necesaria y urgente” para deshacerse de todos aquellos “abusos y desequilibrios” que presentaba la anterior LOMCE. Asimismo, ha recordado que mientras la LOMCE fue aprobada en “soledad absoluta” por el PP, la LOMLOE “viene respaldada por un gobierno de coalición y por la mayoría absoluta en el congreso y siete fuerzas políticas, muy diferentes todas ellas”. En este sentido, los dirigentes del PSOE, Martínez Seijo, Maravall y Gabilondo se han unido a las declaraciones de la ministra y han expresado el bienaventurado futuro que le espera a la nueva ley educativa, considerando que se trata de uno de los mejores progresos en educación que ha tenido el socialismo español y desestimando, de esta forma, la LOMCE creada en su día por el PP.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado la prolongación de los conciertos educativos a 10 años. Con el objetivo de esquivar la nueva ley educativa que será definitivamente aprobada antes de acabar el año. La presidenta popular ha anunciado la publicación de un decreto con la finalidad de "blindar" la educación concertada. Reflejando su continúa oposición a las actuaciones del Ejecutivo Central, Ayuso ha señalado que llevará a cabo otra serie de medidas en “todos los órdenes de la vida”.

La socialista Adriana Lastra ha dicho que a pesar de la situación pandémica, el Ejecutivo de coalición presidido por Pedro Sánchez ha sido capaz de impulsar medidas que han permitido “poner la justicia social en el centro”. Precisamente, el objetivo de este Gobierno es el “horizonte de justicia social” que no se ha abandonado durante la gestión de la crisis del coronavirus. Insiste la vicesecretaria general del Psoe y portavoz que la “agenda legislativa ha seguido su curso” lo que ha permitido sacar adelante 43 iniciativas legislativas y 8 leyes. Entre ellas, el Ingreso Mínimo Vital, ya aprobado por el Gobierno socialista en 2019, o la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y otras que están a punto de ser aprobadas como la Ley Celaá o la ley de Eutanasia. “Por delante tenemos tres años más de legislatura para seguir haciéndolo. Para construir un país más verde, cohesionado, feminista y con mayor justicia social. Sabemos, podemos y debemos hacerlo, y así lo vamos a hacer”, zanjaba.

La ministra de Educación, Isabel Celaá, estuvo este domingo en La Sexta en la que ha respondido a las polémicas marcadas por la oposición a la Ley Celaá. La eliminación del castellano como lengua vehicular, los cambios en la escuela concertada y la supuesta eliminación de la educación especial han marcado las protestas apoyadas por Vox, PP y Ciudadanos. Celaá mantiene que la ley pretende acabar con “los desequilibrios” marcados por la anterior ley, la LOMCE, que permitía a algunos alumnos prosperar mientras dejaba a otros atrás. Mantiene que “no toda la concertada es igual” y que “la educación no es un negocio”. Por ello, la ley elimina los pagos de los padres para la escuela concertada por aquellos servicios educativos que son completamente gratuitos. Asimismo, la ministra ha señalado que, no solo no se van a eliminar los centros de educación especial, sino que se va a aumentar el apoyo para convertirlos en escuelas de referencia. El objetivo, en este caso, es hacer un trasvase de aquellos alumnos con necesidades especiales que se podrían incorporar a centros ordinarios si contarán con los medios expertos necesarios. Los centros “van a mantenerse con toda rotundidad”, ya que “es la obligación de las Administraciones Públicas” y se aumentará la inversión en la educación pública para lograrlo. “La educación es una inversión clarísima, una inversión en las personas, una inversión de futuro para una sociedad”, zanjaba.

El pasado 13 de noviembre la Consejería de Educación de Madrid envió una carta al Ministerio rechazando 1.904.699 euros destinados al Programa para la Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo (PROA+). Este programa sirve para crear un plan de apoyo, motivación y acompañamiento para aquellos estudiantes que tienen necesidades educativas específicas y que Madrid ha rechazado por falta de participación. Desde la Federación de asociaciones de padres y madres del alumnado (FAPA) Francisco Giner de los Ríos han emitido un comunicado en el que exigen a la Consejería que acepten estas ayudas que son ahora más necesarias que nunca por los problemas a los que se enfrenta la educación en plena pandemia. Señalan que la gestión del Gobierno regional durante el Covid – 19 “está siendo una tomadura de pelo”, que quedan muchísimos puestos de profesores sin cubrir y que PROA+ funciona con gran éxito cuando la Administración lo apoya. Madrid, a pesar de conocer el plan desde verano, no informó a los centros hasta finales de septiembre, dejando 15 días hábiles para que pudieran solicitarlo. Mientras rechazan este plan y este dinero, desde el Ejecutivo madrileño exigen al Ministerio de Educación más ayudas económicas y amenazan con despedir a los profesores de refuerzo por coronavirus que finalizan su contrato el 22 de diciembre, lo que afectará a cientos de alumnos.

La secretaria de Educación y Universidades del PSOE y portavoz de Educación en el Congreso, Martínez Seijo, ha respondido a las protestas que se celebraron este domingo en distintos puntos del país en contra de la nueva ley educativa, aprobada por mayoría en el Congreso la semana pasada. Estas manifestaciones, protagonizadas por PP, Ciudadanos y Vox, pusieron en el punto de mira “mentiras” que han sido difundidas por el PP de “forma irresponsable”. “No se puede consentir que sigan jugando con la vulnerabilidad de las familias, generando incertidumbre ante la educación de sus hijos”, zanjaba la portavoz ante los “posicionamientos extremistas” del partido de Pablo Casado que mantienen que la ley cerrará los centros concertados y de educación especial y que acabará con el castellano en las aulas. Seijo ha aseverado que la Ley Celaá proporciona “un modelo inclusivo y equitativo que garantiza el derecho a la educación para todos, refuerza la educación de 0 a 3 años y elimina cualquier tipo de segregación y garantiza la beca como derecho subjetivo” y que “garantiza el castellano, la educación concertada y la educación especial”. No obstante, el PP mantiene las amenazas de llevar la ley al Tribunal Constitucional y evitar su promulgación en las comunidades que gobierna ante lo que Seijo le ha recordado: “España es un estado de derecho democrático y esta ley aprobada por una mayoría absoluta no se puede cuestionar en ningún caso”.

La aprobación de la nueva Ley de Educación ha provocado protestas y manifestaciones masivas en toda España. Ante tal hecho, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este domingo la reforma educativa impulsada por el Ejecutivo, asegurando que cumple con lo declarado en el artículo 3 de la Constitución y con las recomendaciones del Consejo de Europa. En este sentido, Sánchez ha declarado que la Ley Celaá “garantiza” que en los territorios donde haya lenguas cooficiales, “los estudiantes puedan aprender esos dos idiomas”.

La nueva ley educativa, la LOMLOE, también conocida como Ley Celaá fue aprobada este jueves en el Pleno del Congreso con un voto por encima de la mayoría absoluta. Esta ley ha generado indignación, sobre todo de la escuela concertada que ha protagonizado numerosas protestas y que no ha dudado, incluso en utilizar a sus alumnos y alumnas en acciones contra la ley, lo que ha provocado la protesta de numerosos padres. Diversos centros concertados han llevado a cabo manifestaciones activas, actos de protesta, lectura de manifiestos, etc. y más de un millón y medio de padres y madres han firmado un manifiesto contra la ministra.

Con esta Ley se pretende que la Educación Pública sea el eje principal del sistema educativo español promoviendo una igualdad de oportunidades también entre los alumnos más desfavorecidos.

La sesión plenaria del Congreso de los Diputados se ha convertido de nuevo en un circo de gritos tras la discusión de la nueva Ley de Educación, conocida como Ley Celaá, que finalmente salió adelante con los votos favorables del grupo llamado de investidura. El texto se aprobó con los votos de PSOE, Unidas Podemos, Más País, PNV, ERC, Compromís y Nueva Canarias. Mientras, PP, Ciudadanos y Vox salían del Congreso a gritos de “libertad” por lo que califican como una norma de “dudosas garantías democráticas” que acaba con el “ascensor social”. El principal punto de polémica: la promoción de la educación pública frente a la concertada para garantizar una mayor inclusión.

Las tres formaciones proponen que las Comunidades Autónomas donde existen dos lenguas cooficiales se pueda elegir la lengua vehicular principal en el sistema educativo, aunque señalan que la enseñanza del Castellano está garantizada

El trámite de la nueva Ley de Educación que presentó la ministra Isabel Celaá sigue su curso. Ahora está en proceso de elaboración y de presentación de enmiendas. El PSOE, Unidas Podemos y ERC han presentado una de esas enmiendas de forma conjunta que propone que las Comunidades Autónomas con dos lenguas cooficiales elijan dicha lengua vehicular. Se quiere así blindar la inmersión lingüística. Habrá que esperar si esta propuesta cuenta con el suficiente respaldo parlamentario para que salga adelante. Pero la polémica ya está creada ya que PP y Ciudadanos se oponen frontalmente. Desde el Ejecutivo ya se asegura que la educación en castellano estaría garantizada.

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