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Edición testing    3 de julio de 2020

Juicio procés

Un juez de Barcelona investiga un posible fraude masivo que consiste en la concesión de subvenciones millonarias del Govern de la Generalitat y de la Diputación de Barcelona a entidades como Catmón que podrían haber sido utilizadas para “realizar viajes y entrevistas referentes a la independencia de Cataluña”. Además, la Guardia Civil investiga si también se ha empleado dinero púbico para sufragar los gastos del huido Puigdemont en Bélgica.

La filtración parcial de la sentencia del procés, que ha sido dada a conocer por la prensa de forma parcial y sin estar aún firmada, sigue generando malestar en Cataluña. Según se ha conocido, el Tribunal Supremo finalmente ha descartado condenar por un delito de rebelión consumada a los líderes independentistas en el juicio del 'procés', lo que habría supuesto penas de hasta 25 años de cárcel. Al haberse inclinado por el delito de sedición, las penas han bajado considerablemente hasta los 12 años en adelante. La sentencia histórica, de la que se espera recurso ante el Tribunal de Estrasburgo, ha de hilar fino, ya que estos tribunales suelen ser magnánimos con los reos. El juez Marchena se encuentra muy enfadado por la filtración.

El Tribunal Supremo cierra este miércoles el juicio oral de la causa contra los acusados del ‘procès’ por la independencia de Cataluña. Tras la comparecencia de 422 testigos y los relatos de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y de las defensas, los 12 procesados tendrán la palabra para terminar sus alegatos sobre los graves delitos de los que se les acusa: rebelión, sedición, malversación y desobediencia. No será hasta después del verano cuando los magistrados dicten la que será una de las sentencias más decisorias y mediáticos de la democracia española.

La Sala que juzga a los independentistas del procés, rechaza tener que pedir suplicatorio a las Cortes para poder continuar con el juicio. Además, los magistrados aseguran que suspender el juicio supondría una vulneración de derechos al resto de acusados.

Este jueves 25 de abril se ha llevado a cabo en el Tribunal Supremo la jornada número 36 del juicio por el ‘procés’ independentista, marcada por las testificales de las defensas, entre ellos la alcaldesa del municipio del exvicepresidente Oriol Junqueras y cuatro miembros del patronato del Diplocat.

El juicio del “procés” sigue su curso con la declaración del que fuera máximo responsable de la Comisaría General Técnica de Planificación de la Seguridad de los Mossos, Emili Quevedo, quien ha defendido que avisaron al Govern antes del referédum y ha decidido declarar pese a que la ley le permitía no hacerlo.

El juicio del ‘procés’ sigue su curso en la 11 sesión con la comparecencia ante el Tribunal Supremo del ex delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, quien ha reiterado que hubo “violencia, intimidación y acoso” durante el 1-O y que, además, el ex presidente de la Generalitat contactó con él horas antes de la declaración unilateral de independencia (DUI).

El juicio del procés ha arrancado este jueves con la declaración del Lehendakari Urkullu que ha explicado su papel de mediador entre el Gobierno y la Generalitat. Puigdemont le pidió que “interviniera para encauzar la situación y conducirnos a una solución pactada entre ambos Gobiernos”.

La ex vicepresidenta del Gobierno de Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, ha declarado como testigo en el juicio del procés y a preguntas de la acusación particular sobre sus reuniones con el Gobierno de la Generalitat ha afirmado que “en el tema del referéndum nunca quise entrar” y ha sido rotunda al decir que siempre se negaron a negociar un referendum. La ex dirigente popular ha justificado la apertura de un despacho de la delegación del Gobierno en Cataluña “cualquier miembro del Gobierno puede celebrar reuniones en cualquier territorio nacional, y Cataluña lo es”. Sáenz de Santamaría ha contestado que sí hubo violencia en torno al 27 de septiembre de 2017 y todo el mundo lo vio por televisión. Antes de la ex dirigente popular han declarado el diputado de ERC Joan Tardá; y el expresidente de la Generalitat Artur Mas. Se espera que por la tarde declaren Mariano Rajoy y Marta Pascal, ex coordinadora del PdCat.

El ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, que se enfrenta a una pena máxima de 25 años de cárcel, ha declarado en el juicio oral del Supremo aseverando que “nada de lo que han hecho es delito” porque “votar no es delito, pero sí impedirlo por la fuerza. El dirigente catalán solo ha contestado a las preguntas de su abogado y se ha acogido a su derecho de no contestar a las preguntas de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación particular.

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