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Edición testing    14 de abril de 2021

IVIMA

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de Madrid ha dictaminado que la nulidad de la venta de 3.000 viviendas del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) a un fondo de inversión declarada en mayo de 2018 afecta a todos los inmuebles y no solo al del demandante. Tras esta decisión, el Juzgado de Madrid rechaza la interpretación del Gobierno de Díaz Ayuso, que se aferró a la primera sentencia que argumentaba que solo se indemnizaría al demandante. Esa primera sentencia, que data del 21 de mayo de 2018, anuló la venta de estas viviendas sociales a un fondo buitre en el año 2013, resolviendo de esta forma el caso de un inquilino que accedió en 2007 a un piso de protección oficial de este plan de viviendas. En conclusión, la Justicia de Madrid da un plazo de diez días al IVIMA para que “proceda a solicitar la anotación de la anulación de la venta en la inscripción de todas y cada una de las fincas registrales que integran las 32 promociones que fueron objeto de la venta anulada”.

La Comunidad de Madrid sufrió un varapalo judicial cuando el Supremo anuló la venta de más de 3.000 viviendas sociales a un fondo buitre, durante el mandato de Ana Botella como alcaldesa de Madrid. Ahora, los socialistas piden a la Comunidad que se ejecute la sentencia que revierte la venta y ha registrado una Proposición No de Ley en la que reclama el cumplimiento inmediato de la sentencia, la extensión a todas las viviendas afectadas y la creación de una Oficina para los Afectados en los que se canalicen los trámites y reclamaciones.

Una reversión de la venta de 3.000 viviendas sociales a fondos buitre en el año 2013 que el Gobierno de Ayuso considera que afectará solo a uno de los inquilinos.

Los afectados por la venta de viviendas del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) y algunos colectivos han protestado esta mañana contra el cambio de criterio de la fiscalía de Madrid y han pedido el archivo del proceso penal.

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