El pasado 13 de noviembre la Consejería de Educación de Madrid envió una carta al Ministerio rechazando 1.904.699 euros destinados al Programa para la Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo (PROA+). Este programa sirve para crear un plan de apoyo, motivación y acompañamiento para aquellos estudiantes que tienen necesidades educativas específicas y que Madrid ha rechazado por falta de participación. Desde la Federación de asociaciones de padres y madres del alumnado (FAPA) Francisco Giner de los Ríos han emitido un comunicado en el que exigen a la Consejería que acepten estas ayudas que son ahora más necesarias que nunca por los problemas a los que se enfrenta la educación en plena pandemia. Señalan que la gestión del Gobierno regional durante el Covid – 19 “está siendo una tomadura de pelo”, que quedan muchísimos puestos de profesores sin cubrir y que PROA+ funciona con gran éxito cuando la Administración lo apoya. Madrid, a pesar de conocer el plan desde verano, no informó a los centros hasta finales de septiembre, dejando 15 días hábiles para que pudieran solicitarlo. Mientras rechazan este plan y este dinero, desde el Ejecutivo madrileño exigen al Ministerio de Educación más ayudas económicas y amenazan con despedir a los profesores de refuerzo por coronavirus que finalizan su contrato el 22 de diciembre, lo que afectará a cientos de alumnos.

Nada nuevo bajo el sol, Madrid no tolera estar de acuerdo con ni una sola de las medidas restrictivas señaladas por el Ministerio de Sanidad. Tanto es así, que se opone -como siempre- a las propuestas del plan nacional de Navidad frente al coronavirus . El Ejecutivo marcó ayer el tope de gente en reuniones familiares, en seis personas, y el toque de queda a partir de la una de la madrugada. Inmediatamente, Ayuso propone un aumento de hasta 10 personas de hasta tres núcleos de convivencia siempre que sean familiares. También se aumenta el toque de queda en media hora para Nochebuena, Nochevieja, Año Nuevo y Navidad, el Gobierno solo propone el aumento para las dos primeras fechas. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, defenderá estas medidas aunque fuentes del Ejecutivo ya han señalado que serán las comunidades las que tomen sus propias decisiones.

La aprobación de la nueva Ley de Educación ha provocado protestas y manifestaciones masivas en toda España. Ante tal hecho, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este domingo la reforma educativa impulsada por el Ejecutivo, asegurando que cumple con lo declarado en el artículo 3 de la Constitución y con las recomendaciones del Consejo de Europa. En este sentido, Sánchez ha declarado que la Ley Celaá “garantiza” que en los territorios donde haya lenguas cooficiales, “los estudiantes puedan aprender esos dos idiomas”.

Madrid lleva semanas planteando que se puedan realizar test de detección rápida del Covid – 19 en las farmacias. Su objetivo es que toda la población madrileña pueda someterse a un test de antígenos antes de la campaña de Navidad para poder aliviar las restricciones, a pesar de la dificultad logística que esto conlleva. El vicepresidente, Ignacio Aguado, anunció que elevaría la petición al Consejo Interterritorial de Salud. A esto se sumó el Govern de Cataluña con la consellera de Salud, Alba Vergés. En cambio, el ministro de Sanidad, Salvador Illa ha contestado que no se niega a ello pero que las CCAA tendrían que presentar un plan detallado que asegure las condiciones de seguridad y eficacia en las farmacias. La presidenta Ayuso ante la negativa directa de la Agencia del Medicamento, elevó su petición a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Sanidad califica de inviable la propuesta del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, de realizar test de antígenos a la población madrileña para garantizar el contacto seguro estas Navidades. La Consejería de Sanidad recuerda que son los consejeros los encargados de determinar la estrategia serológica de la Comunidad. Con la finalidad de establecer líneas de actuación rápidas y accesibles para doblegar la curva, la presidenta Díaz Ayuso ha solicitado a la Unión Europea la autorización para realizar estas pruebas en las farmacias, tras la negativa de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

Es la polémica de la semana en la capital, y no es para menos. Dirigentes del Partido Popular, encabezados por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, han jaleado las redes sociales y a su militancia atribuyendo el destrozo del cruceiro de Madrid a un ataque de odio contra los cristianos. Sin embargo, la realidad parece del todo diferente: fue un accidente. ¿Seguirá adelante Abogados Cristianos con su querella? ¿Se retractará Vox al respecto?

La presidenta de la Cominidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha abierto un proceso de selección de 669 sanitarios para cubrir las plazas necesarias para la apertura del segundo módulo del Hospital Enfermera Isabel Zendal. Como ya confirmó Enrique Ruíz Escudero, consejero de Sanidad, hace dos semanas, no se contratará a nuevo personal para el centro, sino que se procederá al traslado de profesionales de otros centros a pesar de que esto supone el desabastecimiento de los segundos. Ayuso da un plazo de 10 días para cubrir los puestos y si no lo logra procederá a un traslado forzoso de los sanitarios contratados de forma temporal para reforzar todos los centros sanitarios que lo requerían, que se quedarán sin estos refuerzos durante un tiempo indefinido.

elDiario.es lanzaba una exclusiva el pasado miércoles, que removía una vez más los cimientos del Gobierno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Para ello, hay que echar la vista atrás, en concreto al año 2019, cuando la Consejería de Sanidad de la región adjudicaba durante seis meses contratos 'a dedo', con un monto de 70.503,41 euros, a una empresa para la que trabaja Tomás Díaz Ayuso.

La presidenta madrileña anunciaba hace dos días que se encontraba en una cuarentena cautelar tras haber estado en contacto estrecho con uno de sus colaboradores que dio positivo en Covid – 19. Ayuso canceló su agenda el lunes y el martes y se sometió a dos pruebas diagnósticas a pesar de que, ahora mismo, Madrid no hace ninguna prueba diagnóstica a personas que no sean convivientes con un positivo. Después anunciaba que había dado negativo en ambas pruebas y que tenía anticuerpos, por lo que reanudaría su agenda hoy miércoles. El protocolo de la Comunidad de Madrid establece que los contactos estrechos con un positivo deben guardar una cuarentena obligatoria de 10 días pero Ayuso, al tener acceso a unas pruebas que el resto no tiene, ha decidido que puede retomar su actividad y hoy mismo se defendía de las críticas que había recibido desde otros partidos por esta decisión en las puertas de su nuevo hospital de Valdebebas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha confirmado este martes su negativo en coronavirus tras la infección de alguien de su entorno, por lo que retomará su agenda habitual a partir de mañana. Por otro lado, el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19 de la región, Antonio Zapatero, ha adelantado que no descarta estudiar "recomendaciones" de cara a las Navidades, aunque advierte que las medidas se planifican "de semana en semana" y la prioridad es acabar con el virus.

La crispación está marcando, de nuevo, la política y, más en concreto, la relación entre el Gobierno Central y la Comunidad de Madrid. Bien es cierto que la presidencia de Díaz Ayuso es más propia de un cómic de Batman que de la realidad; que en términos comunicativos, tiene las mismas formas que Trump -reducidas a twitter- y que, quizás en parte por consecuencia de lo anterior, el caos es insostenible. No obstante, el hecho de que el Gobierno de la Comunidad sea el que es no es óbice para guardar las debidas formas.

Desde el Gobierno central el confinamiento domiciliario es el último recurso. Asturias, Ceuta y Melilla hacían a lo largo de la semana una petición oficial para decretar esta medida en sus regiones ante el avance del coronavirus, pero el ministro de Sanidad, Salvador Illa ha insistido en la importancia de esperar los periodos de 14 o 21 días marcados por los científicos para evaluar las restricciones que se han tomado estos últimos días y valorar si es necesario aumentarlas. Otras Comunidades como el País Vasco, Andalucía o Castilla y León también apoyaban la ampliación de las competencias regionales para que sea cada autonomía, y no el Ejecutivo central, la encargada de instaurar un confinamiento domiciliario. De momento, Sanidad lo descarta aunque mantienen que estudiarán la medida. Algunos líderes regionales quedaron insatisfechos con esta respuesta y reclaman un conjunto de medidas unificadas y coordinadas que no permitan casos como el de Madrid, que se saltó el decreto de Estado de Alarma para poder declarar un cierre perimetral por días.

El PSOE-M acusa al Gobierno de la Comunidad de Madrid de no cumplir su palabra respecto a las promesas realizadas en materia educativa no universitaria y reclama que se apliquen de manera inmediata las medidas anunciadas por Díaz Ayuso el pasado mes de agosto. El partido denuncia la falta de miles de profesores en numerosos centros públicos casi dos meses después del comienzo del curso, así como la opacidad en las contrataciones. Este incumplimiento ha generado incertidumbre y falta de seguridad en los distintos centros escolares y un incremento de la desigualdad entre los niños y jóvenes.