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Edición testing    4 de julio de 2020

Ignacio González

El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón podría imputar este mismo lunes 2 de septiembre a las expresidentas de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes por su supuesta participación en la trama Púnica que investiga la financiación irregular del PP de Madrid. Además, se espera que el magistrado llame también a otros 40 altos cargos populares entre los que destacan los exconsejeros Manuel Lamela y Juan José Güemes.

La que fuera todopoderosa lideresa de la formación en la Comunidad de Madrid y presidenta de la Región, Esperanza Aguirre, durante más de una década no ha sido nunca imputada en los varios casos de presunta financiación ilegal y desvío de fondos público que implican a cargos de la Administración Autonómica que ella dirigía. Ahora la fiscalía anticorrupción acaba de pedir que la dirigente sea investigada por el presunto desvío de 25 millones de euros hacia su partido desde las Consejerías de sus distintos gobiernos.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha implicado a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre dentro de la trama corrupta Púnica. Según un informe que ha adelantado El País, Aguirre participó en reuniones con miembros de su Ejecutivo en las que se acordó que determinadas empresas que habían financiado su campaña electoral en 2003 y 2007 obtuvieran contratos públicos. Se trata de la primera vez que la Guardia Civil apunta a Aguirre como posible implicada en la trama.

El Alto Tribunal ha redactado un auto, al que ha tenido acceso la Cadena Ser, donde se explica que la empresa pública de la Comunidad de Madrid está obligada a reconocer como fijos a todo el personal interino que fue contratado en fraude de ley por su eventualidad. En el caso de que esos trabajadores sean despedidos, deberán ser indemnizados con el importe máximo que marca la ley. Hasta ahora, los interinos no tienen ese derecho.

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