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Edición testing    20 de septiembre de 2020

Estado del Bienestar

El Congreso de los Diputados convalidó este miércoles el Real Decreto-ley que pone en marcha el Ingreso Mínimo Vital que nace con un claro objetivo: luchar contra la desigualdad y sacar de la pobreza a más de 2,3 millones de personas, con especial incidencia en los menores. Finalmente, la ley no ha contado con votos en contra, todos los grupos parlamentarios votaron a favor (297) salvo la ultraderecha de Vox que se abstuvo (52). El ministro José Luis Escrivá defendió que la medida “nos hace un país un poco mejor” y la diputada socialista María Luisa Carcedo destacó que ahora podremos enfrentar “los efectos más perjudiciales de la pobreza”. España se iguala así con otros países europeos que llevan décadas con un sistema de asistencia social de este tipo.

El martes 5 de mayo, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha informado a la ciudadanía de que España va a pasar de tener seis millones de usuarios a diez millones antes del mes de diciembre de 2020.

El desafío de la regeneración democrática requiere ensanchar la democracia desde los Ayuntamientos como instituciones más cercanas a la ciudadanía. Y esto solo será posible si las Alcaldías y los Gobiernos Locales que gane la izquierda en mayo, promueven, con procesos innovadores, una democracia de participación y deliberación con la ciudadanía. Una Gobernanza cívica compartida e inclusiva en la toma de decisiones, un liderazgo basado en la ética pública, el ejercicio de la transparencia con un acceso fácil a una información tratada y la rendición periódica de cuentas.

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