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Edición testing    4 de diciembre de 2020

Economía

La Seguridad Social registra su mayor subida de afiliados desde 2006, con 31.638 personas, siendo noviembre el séptimo mes consecutivo en el que aumenta la afiliación media. Asimismo, el número total de ocupados medios se ha situado en 19.059.094 cotizantes, cifra conseguida por primera vez desde marzo. Sin embargo, el paro aumenta en 25.269 personas, siendo también una buena subida desde 2012, y el número de personas en ERTE se sitúa en 746.900, tras sumar 18.000 trabajadores más en esta segunda ola de coronavirus. No obstante dos terceras partes de los trabajadores en ERTE han recuperado su trabajo.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha publicado este martes 1 de diciembre sus perspectivas económicas mundiales y estima que España será uno de los países del mundo que más sufrirá las consecuencias de la pandemia. Su previsión de caída del PIB se sitúa en el -11,6% y prevé que para 2021 se alcance una subida del 5% y del 4% para el 2022, por lo que considera que nuestro país no llegará a la situación anterior a la pandemia hasta el año 2023. En su amplio informe, defiende que se debe mantener el actual enfoque flexible par adaptar las políticas a la evolución de la pandemia y ayudar a las empresas y los trabajadores con apoyo fiscal a los más afectados por la crisis.

11 días después de que BBVA y Sabadell abriesen conversaciones para fusionarse, las dos entidades bancarias han decidido romper las negociaciones al no ser capaces de llegar a un acuerdo. Ambas empresas han remitido un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la madrugada de este viernes anunciando el fallido desenlace de las conversaciones. Sabadell ha sido el más explícito en su nota, comentando que el motivo principal para no fusionarse ha sido el precio del canje de las acciones. Además, el reparto de poder ha sido otro de los elementos de fricción entre los dos bancos. Sabadell, por su parte, se propone seguir en solitario y priorizar el mercado español, mientras que BBVA tiene pensado crecer en sus principales mercados en España, México y Turquía.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves dos órdenes del Ministerio de Hacienda que establecen el reparto a las comunidades autónomas de los 8.000 millones de euros restantes del Fondo COVID-19, lo que permite culminar la asignación de los 16.000 millones totales para garantizar los recursos de las distintas autonomías tras el impacto de la pandemia. Estos 8.000 millones se dividen en 3.000 millones correspondientes al segundo tramo sanitario y otros 5.000 millones para compensar la menor actividad económica. La Comunidad de Madrid, Cataluña y Andalucía han sido las principales receptoras con más del 54% de los beneficios, sumando un total de 8.711 millones entre los tres territorios.

El coronavirus ha generado una crisis sanitaria en España, pero también una grave crisis económica, en especial para miles de trabajadores que han perdido su empleo a causa de la pandemia. En este sentido, muchos de los afectados reclaman no haber recibido su prestación. Por su parte, el director general del SEPE, Gerardo Gutiérrez, ha desmentido esta situación estableciendo que “no hay ERTE pendientes de pago” y asegurando que “todas las solicitudes están reconocidas”. Asimismo, Gutiérrez ha comentado que la carga de trabajo se ha multiplicado por seis en los últimos meses debido a la gran cantidad de solicitudes de prestaciones recibidas, por lo que “es normal la ralentización en un momento dado”.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, se ha mostrado confiada en que la Unión Europea pueda solventar “cuanto antes” las discrepancias con Hungría y Polonia para que España pueda contar con el Fondo de Recuperación Europeo en 2021. Aun así, Calviño ha establecido que si estas ayudas no llegan al país en la fecha prevista, España usará la deuda pública para afrontar los 27.000 millones de euros que recogen los Presupuestos Generales del Estado.

El Fondo Monetario Internacional sostiene que la economía española caerá y que tardará varios años en recuperarse hasta conseguir las cifras alcanzadas en el pre-COVID. No obstante, España tendrá mejores cifras en 2022 con un déficit del 5.8%. Sin embargo, la tasa de paro no se recuperará hasta el 2026, según este organismo internacional para quien la economía española conseguirá mejorar un 3,4% en 2023, un 2,8% en 2024 y un 1,5% en 2025.

El Ministerio de Trabajo tiene sobre la mesa el borrador del futuro decreto, acordado este martes junto a los agentes sociales, que regulará las políticas activas de empleo. Con esta reforma, el Gobierno pretende mantener en el mercado laboral a los colectivos juveniles, a los mayores de 45 años y a los parados de larga duración, así como combatir la precariedad laboral de las mujeres en profesiones con presencia predominantemente masculina. El texto aún debe ser negociado con las distintas regiones y el diálogo social.

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha puesto en valor este jueves que el crecimiento económico del 16% en el tercer trimestre demostró que "España tiene una base sólida para la recuperación", llegando incluso a "superar las expectativas de todos los organismos".

El Consejo de Ministros ha adoptado una batería de medidas para suavizar el impacto de la crisis de coronavirus en sectores “fundamentales” de España. “Tomamos medidas para seguir protegiendo a sectores fundamentales para nuestra economía”, ha asegurado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, con el fin de amortiguar el efecto de la pandemia en ámbitos como el mundo de la Cultura, la Agricultura o las entidades del Tercer Sector de acción social de ámbito estatal.

Una vez conocidas las líneas generales de los Presupuestos Generales del Estado de 2021, PGE, Ciudadanos ha asegurado acordar con el Gobierno eliminar “vía enmienda” el impuesto del diésel, medida que exigía el partido liberal en las conversaciones previas que se han ido produciendo para negociar las nuevas cuentas públicas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha mostrado abierta a negociar y ser capaces de “llegar a un acuerdo”.

El Senado ha aprobado una moción presentada por el Partido Socialista con la finalidad de potenciar el Estado de Bienestar, mediante una fiscalidad que garantice el fomento de la igualdad social. Apostando por unos presupuestos “progresistas”, el grupo político aguarda implantar un modelo económico real que se ajuste a la nueva situación sanitaria, apoyando a los más vulnerables.

La Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo ha sometido a votación la revisión del sistema de pensiones. Una medida que ha sido aprobada por mayoría absoluta, pese a contar con la negativa de Vox y las abstenciones de EH-Bildu y Esquerra Republicana. Este sistema de pensiones centrado en el retraso de la jubilación, la elección de los mejores años de cotización y la recuperación del IPC para fomentar la subida de estas pensiones deberá someterse a una nueva votación en noviembre ante el Pleno de la Cámara para su aprobación.

El número de ocupados se incrementó en el tercer trimestre del año en más de 500.000 personas lo que supone un aumento de más del 3% y eleva la cifra total de ocupados a los 19,1 millones de personas. Por otro lado, se ha producido un repunte del paro del 0,93% en el último trimestre lo que lleva la tasa de paro a un preocupante 16,26%. Así se desprende de los datos que ha publicado la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de este aciago 2020. Los datos demuestran la enorme volatilidad del mercado de trabajo y las que, en principio, podrían ser contradicciones, pero que en realidad no son más que el reflejo de la coyuntura económica actual, con miles de personas aún en ERTE y otras sin posibilidad de encontrar trabajo ante las negativas perspectivas.

El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, considera que estas cuentas públicas “inauguran una nueva época de política económica”.

Poco antes de la celebración del Consejo de Ministros que aprobará el anteproyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado, el presidente Pedro Sánchez y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, han presentado las líneas generales de las primeras cuentas públicas del Gobierno de coalición. El jefe del Ejecutivo ha considerado que se trata de unos presupuestos progresistas y excepcionales por el tiempo en el que llegan y por el volumen del dinero público que movilizan. Los objetivos son reconstruir lo que ha destruido la pandemia, reforzar los pilares de nuestro sistema productivo y fortalecer nuestro sistema de bienestar. Para Sánchez se trata de unos PGE “inaplazables, indispensables y necesarios para nuestro país”.