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Edición testing    6 de marzo de 2021

Economía

Las ayudas públicas ascendieron a 90.800 millones de euros, que representa un 7,3% del PIB de España. Esto convierte a España en el país de la Unión Europea que más ha ayudado al sector empresarial en relación al tamaño de la economía entre marzo y diciembre de 2020.

Apostando nuevamente por la oferta de empleo de calidad, la empresa de mensajería Correos ha abierto un plazo de selección para la contratación de 128.021 personas para cubrir los diversos puestos de trabajo distribuidos por todo el país. Un total de 395.749 personas se han inscrito a esta nueva convocatoria de la Bolsa de Empleo de Correos que busca ajustarse a las novedades del mercado postal, valorándose así aptitudes como la formación académica, el nivel de idiomas o las capacidades digitales de los solicitantes. En esta segunda fase del proceso de selección, la empresa procederá a la contratación definitiva de los candidatos más afines.

El mes de febrero ha arrojado unos datos muy negativos sobre el mercado de trabajo. España supera nuevamente los cuatro millones de desempleados consecuencia directa de la tercera ola del coronavirus y de las limitaciones impuestas a la actividad para frenar los contagios. El mes pasado más de 44.000 personas incrementaron las listas del paro en el peor mes de febrero desde el año 2013. Estos malos indicadores podrían haber sido incluso peor sin medidas como los ERTE en el que aún se encuentran cerca de 900.000 personas, según los datos de la Seguridad Social. La ministra de Economía, Nadia Calviño, ya adelantó este lunes que las cifras que se han conocido hoy “no son buenos” y advirtió que los problemas del mercado laboral español no se arreglan “cambiando un artículo del Estatuto de los Trabajadores” en referencia a la derogación de la reforma laboral que exige su socio de gobierno.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este miércoles en el Congreso de los Diputados para dar cuenta del desarrollo del Estado de Alarma que seguirá vigente hasta el mes de mayo y ha aprovechado su comparecencia para hacer un importante anuncio económico. El Ejecutivo aprobará en las próximas semanas una partida de 11.000 millones de euros destinada para “nuevas actuaciones para empresas, pymes y trabajadores autónomos” de los sectores más afectados por la pandemia en estos momentos, es decir, el turismo, la hostelería y el pequeño comercio. El Gobierno amplía así las ayudas que ha dado durante el último año en lo que se conoce como el “escudo social” de protección contra la crisis provocada por la pandemia. Estas nuevas ayudas se suman a los ERTES, los ceses extraordinarios de actividad para los autónomos, los avales del ICO, los aplazamientos de impuestos o las prórrogas para el pago del alquiler de locales comerciales, entre otros muchos.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha admitido a trámite una nueva cuestión prejudicial sobre el índice hipotecario IRPH planteada por la magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Ibiza, María del Carmen Robles. La magistrada ha puesto a disposición del TJUE un total de 16 cuestiones prejudiciales acusando al Tribunal Supremo (TS) de actuar “en exclusivo beneficio de las entidades financieras” y solo cambiar de opinión cuando la Justicia europea le corrige. Estas cuestiones prejudiciales se suman a las seis presentadas en diciembre por el magistrado titular del Juzgado 38 de Barcelona, Francisco González de Audicana, así como a las continuas denuncias de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), al considerar que no hay transparencia en la acciones del TS.

El presupuesto municipal de Leganés destinará este año un total de 5,5 millones de euros para mejorar y adecuar los polígonos industriales de la ciudad, con el objetivo de reestablecer la accesibilidad, la iluminación y el estado de calzadas y zonas verdes. De esta forma, el Ayuntamiento del municipio pretende lograr un mejor acceso para los trabajadores, además de potenciar la implantación de nuevas empresas y la creación de empleo de Leganés. En este sentido, los concejales de Obras y Desarrollo Local se han reunido con los responsables de las Juntas de los polígonos para definir las necesidades y establecer la prioridad de las obras.

El Ejecutivo estudia reformar el actual marco legal con el objetivo de fortalecer y aumentar las ayudas destinadas a las empresas más afectadas por la crisis de la Covid-19, especialmente autónomos y pymes. De esta manera, el Gobierno planeta aprobar una serie de nuevas medidas que permitirán aumentar las prestaciones que estos grupos han recibido hasta ahora gracias a las medidas ya adoptadas en el ejercicio anterior, como los ERTEs o el aplazamiento del pago a Hacienda y Seguridad Social. Para que este plan pueda ejecutarse de la manera más afectiva y rápida posible, este requerirá de la aprobación de la Comisión Europea, puesto que España es uno de los países con mayor volumen de ayudas directas procedentes de la Unión Europea.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha participado este miércoles en el programa virtual ‘Masters of Digital 2021’, donde ha resaltado que este año empieza con “crecimiento” tras el avance del PIB del 0,4% del cuarto trimestre de 2020. Asimismo, Calviño ha indicado que el impacto de la segunda y tercera ola de la Covid-19 está siendo “más pequeño”, por lo que ha augurado una recuperación “muy fuerte” en el segundo semestre del año gracias a la implementación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Siguiendo esta línea, la ministra ha anunciado que presidirá este viernes la primera reunión del Hub de competencias digitales, con el objetivo de poner en marcha los objetivos y las iniciativas recogidas en el Plan Nacional de Competencias Digitales. Además, Calviño ha remarcado la importancia de las reformas para asegurar que la transformación de la economía y el crecimiento impulsado por el Fondo de Recuperación comunitario no se pierdan en el futuro, al tiempo que ha cifrado en 40.800 millones de euros las “ayudas directas” a empresas, trabajadores y rentas de familias y en 150.000 millones de euros la inversión en deuda pública para responder “eficazmente” a la pandemia.

Este martes el Consejo de Ministros ha aprobado un conjunto de nuevas medidas socioeconómicas dirigidas a combatir las desigualdades que acarrea el actual panorama español. Con el principal objetivo de paliar estas diferencias enfatizadas por la crisis de la Covid-19, las medidas recogidas en el recién aprobado Real Decreto-ley actuarán en cuatro ámbitos bajo el principal cometido de poner fin a la brecha de género, proteger a los grupos de población más vulnerables y garantizar la cobertura de los profesionales sanitarios ante la enfermedad. Una enfermedad que ha sido finalmente reconocida como “enfermedad profesional de los sanitarios”. Por su parte el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, junto a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha adelantado que estas nuevas medidas prevén reducir la brecha de género en las pensiones entre hombres y mujeres desde el nacimiento del primer hijo hasta el 5% -distando del 30% actual-. En esta misma línea, el Real Decreto-ley supone la ampliación del término “unidad de convivencia”, incluyendo así a las personas sin hogar y a otros colectivos vulnerables como posibles demandantes de la prestación.

Todos los años, el cierre del mes de enero trae en nuestro mercado de trabajo un repunte del número de parados. El final de la campaña navideña siempre afecta al sector servicios que arrastra hacía arriba los datos de nuevos desempleados. Este 2021 los datos son malos y 76.216 personas volvieron a engrosar las listas del paro. Sin embargo, en comparación con el mismo mes del año pasado, cuando aún no había llegado la pandemia, este año se ha reducido ese aumento en un 15,5%, algo que solo ha ocurrido en tres ocasiones desde 2008. Esta subida del paro registrado deja el total de desempleados en España en 3.964.353 personas. Otro dato positivo está en el número de afiliados que suma 39.814 en términos desestacionalizados.

La Seguridad Social ha pagado el pasado viernes 283,24 millones de euros a 314.884 trabajadores autónomos, reconociendo de esta manera alguna de las prestaciones puestas en marcha para paliar la situación del colectivo como consecuencia de la pandemia de coronavirus. En la nómina de enero, se han incluido la prestación para aquellos autónomos que se han visto obligados a suspender su actividad de forma temporal por la pandemia; la prestación compatible con la actividad; la prestación extraordinaria por bajos ingresos, para aquellos que no cumplen con los requisitos de periodo de carencia de la anterior; y las ayudas para autónomos de temporada. Todas estas ayudas formaron parte de un acuerdo al que se llegó con las asociaciones de autónomos a finales de septiembre y han sido prorrogadas, con leves modificaciones, gracias a un nuevo acuerdo que las extiende hasta el 31 de mayo.

La pandemia del coronavirus que mantuvo parada casi totalmente la actividad económica durante gran parte del año pasado se muestra de la manera más cruda en los datos de la Encuesta de Población Activa. Se cerró el dramático 2020 con 527.00 personas más en el paro y se destruyeron 622.600 empleos, lo que suponen los peores datos desde el año 2012. La tasa de paro se sitúa en el 16,1% y se rompe una racha de siete años consecutivos de descensos. A pesar de las malas cifras, los planes de choque del Gobierno de España han atenuado la situación. Los ERTE, los ceses de actividad, las ayudas, la imposibilidad de despedir durante determinados momentos, han sostenido gran parte del mercado de trabajo. Además, el tercer y cuarto trimestre, con el fin del confinamiento total, supusieron ya una recuperación de la situación. Durante el segundo semestre se recuperó el 55% del empleo destruido con la creación de 737.100 puestos de trabajo.

El Gobierno ha aprobado este martes un macrodecreto con la ampliación de varias medidas laborales y de protección social, como parte del llamado 'escudo social' frente a la pandemia de coronavirus. En este sentido, el Consejo de Ministros ha extendido el actual modelo de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), prácticamente sin cambios, hasta el 31 de mayo, aunque esta decisión ya fue acordada entre el Gobierno y los agentes sociales la semana pasada. Además, esa misma fecha también será el límite para las ayudas de ‘paro’ a los autónomos, que presentan ciertas mejoras, para que personas que hasta ahora estaban excluidas de la prestación, se beneficien de ella. Por último, a este macrodecreto también se acogen las prórrogas de los contratos de alquiler y la moratoria de las rentas de alquiler de vivienda, además de la aprobación por parte del Ejecutivo de la revalorización de las pensiones en 2021.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha presentado una serie de nuevas políticas de empleo para garantizar su plena eficiencia. Centrándose en las necesidades de los jóvenes, esta estrategia laboral apuesta por la digitalización, del Big Data y la Inteligencia Artificial como garantías para alcanzar la renovación y la eficiencia de esta. Por otro lado, la ministra en materia, Yolanda Díaz, en la presentación del plan ante los representantes de las CCAA, ha puntualizado la necesidad de establecer unas actuaciones ligadas a la esfera europea para dar a conocer el empleo de los fondos por parte del país.

El Gobierno lleva semanas negociando ampliar el ‘escudo social’, conocido como las medidas aprobadas para frenar el impacto que ha provocado la pandemia de coronavirus y que, la gran mayoría, caducan este 31 de enero. En este sentido, el Consejo de Ministros decide prorrogar hasta el final del Estado de Alarma, el próximo 9 de mayo, dos iniciativas que favorecen a las personas que viven de alquiler, como son la extensión automática de los contratos de alquiler y los aplazamientos o reestructuraciones de deuda cuando el arrendador sea un gran tenedor de vivienda o entidad pública. Asimismo, el Ejecutivo también tiene previsto extender las prórrogas de las moratorias hipotecarias y los préstamos al consumo hasta la misma fecha.