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La fiscalía anticorrupción incorpora al proceso de investigación de la Operación Púnica los contratos adjudicados por el Partido Popular y su actual Portavoz Mirina Cortes a Waiter Music. El órgano considera que dicha información podría ser clave para esclarecer la trama.

El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, se enfrenta a 8 años de prisión por delitos de fraude a la administración y malversación de caudales públicos por la compra de la empresa brasileña Emissao con fondos públicos del Canal de Isabel II.

La presunta financiación ilegal del Partido Popular de Madrid vuelve a poner en jaque a la formación de Pablo Casado. La Comunidad habría localizado casi 200 contratos provenientes de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda que, al parecer, contendrían la cláusula investigada por el juez Manuel García-Castellón en la pieza del caso Púnica.

ANÁLISIS DE LA SENTENCIA DE LOS ERE

Tras varios días de silencio, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha aprovechado la publicación de la sentencia de los ERES de Andalucía para pedir responsabilidades a Pedro Sánchez. Incluso ha dicho que el presidente del Gobierno en funciones debería “dar un paso atrás” para ser “coherente” con la posición que defendió frente a Mariano Rajoy y otra sentencia clave, la de la trama Gürtel, que afectó de lleno al Partido Popular. Lo que desencadenó la moción de censura que desalojó a los conservadores del poder. Sin embargo, el máximo dirigente popular debería reflexionar que sus argumentos contra el dirigente socialista serían más válidos para que se los aplicara el mismo.

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria Num.1 de Castilla y León ha estimado, con oposición de Ministerio Fiscal, el recurso formulado por Iñaki Urdangarín para poder realizar salidas para llevar a cabo un programa de atención especializada fuera del Centro Penitenciario de Ávila, donde se encuentra cumpliendo condena, "al amparo del Reglamento Penitenciario, sin cuestionar su clasificación en segundo grado".

Francisco Lobo, hasta ahora Secretario General Técnico de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, fue cesado ayer martes por el Consejo de Gobierno de la Comunidad tras conocer su imputación por la presunta financiación irregular del Partido Popular en el caso Púnica.

El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón podría imputar este mismo lunes 2 de septiembre a las expresidentas de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes por su supuesta participación en la trama Púnica que investiga la financiación irregular del PP de Madrid. Además, se espera que el magistrado llame también a otros 40 altos cargos populares entre los que destacan los exconsejeros Manuel Lamela y Juan José Güemes.

Isabel Díaz Ayuso, trabajó del 2009 al 2011 en Madrid Network, uno de los ‘chiringuitos’ creados por Esperanza Aguirre. Fuentes judiciales han facilitado una serie de nombres que trabajaban como autónomos en el llamado chiringuito de Esperanza Aguirre, vivero de asesores que trabajaban en la Comunidad de Madrid pero que cobraban de una empresa opaca subvencionada. Algunos de estos asesores llegaban a tener sueldos de hasta 9.000 euros. Ahora, la dirigente popular quiere desmarcarse de la gestión tanto de Aguirre como de Cifuentes, pero cada vez es más difícil borrar la huella de su participación en el chiringuito que cobraba por velar por la imagen de la presidenta, actuaciones que están relacionadas en los sumarios de ‘Púnica’, ‘Lezo’ o ‘Gürtel’.

El viaje tuvo un coste de 39.300 euros y se facturó con el nombre de Electromcánica Soler, Grup Soler, Constructora y Soler Global Service, tres empresas de Jordi Soler bajo la sospecha de encubrir mordidas a Convergència a cambio de obra pública. La Fiscalía Anticorrupción pide investigar al Defesor del Pueblo puesto que ''no mantenía relaciones de amistad o afecto con Soler''

Día agridulce para la diputada de Junts per Catalunya en el Congreso, Laura Borràs. Nada más tomar posesión de su escaño se daba a conocer que la Fiscalía ha instado al Tribunal Supremo a abrir una causa criminal contra la política independentista debido a presuntas irregularidades en hasta 18 contratos de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), adjudicados a una persona de su círculo.

El expresidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha salido de prisión este viernes 8 de noviembre, después de haber permanecido un año y siete meses condenado por delitos de corrupción, manipulados e inducidos por sus adversarios políticos que nunca estuvieron claros. Su defensa había solicitado la liberación de Lula da Silva, ya que su condena era “inconstitucional” por no haberse agotado todos los recursos para la misma.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes (PP) ha hablado por primera vez tras su dimisión hace algo más de año y medio y ha vinculado su salida a varios factores que crearon “una tormenta perfecta” pero está convencida que su caso se planificó “en un despacho” y tenía que ver con el interés económico “de un empresario que quería recibir dinero y no lo recibió”.

El secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, ha señalado que las imputaciones de las expresidentas regionales Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes por la presunta financiación irregular del PP regional demuestran que este partido ha creado "un régimen secuestrado por la corrupción".

En pleno debate de investidura de la popular Isabel Díaz Ayuso ha salido a la luz una de las comparecencias de Francisco Granados ante el juez, en la que señala a la inminente presidenta de la Comunidad de Madrid como el nexo con los hermanos De Pedro, los gurús informáticos de la trama 'Púnica'.

La que fuera todopoderosa lideresa de la formación en la Comunidad de Madrid y presidenta de la Región, Esperanza Aguirre, durante más de una década no ha sido nunca imputada en los varios casos de presunta financiación ilegal y desvío de fondos público que implican a cargos de la Administración Autonómica que ella dirigía. Ahora la fiscalía anticorrupción acaba de pedir que la dirigente sea investigada por el presunto desvío de 25 millones de euros hacia su partido desde las Consejerías de sus distintos gobiernos.