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Edición testing    3 de diciembre de 2020

Cataluña

Un informe publicado por Amnistía Internacional carga contra la falta de atención precisada a los ancianos en las residencias durante la pandemia de coronavirus, estimando que la “ineficacia” en las medidas adoptadas, así como la falta de “gestión adecuada” por parte de las autoridades han llegado a vulnerar “al menos cinco derechos humanos” de las personas mayores residentes. La investigación centra el foco en las residencias de Madrid y Cataluña, por ser las dos regiones españolas donde más fallecimientos por Covid-19 ha habido y donde los protocolos indicaban que no hubiera derivación de los ancianos a los hospitales, vulnerando así su derecho a la salud, a la vida y a la no discriminación, a la vez que su derecho a la vida privada y familiar y a una muerte digna también fueron negados. Con este informe, Amnistía Internacional denuncia lo sucedido en las residencias durante la primera ola y establece que es tiempo de reconducir la situación en esta segunda ola, ya que sigue siendo “alarmante”.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves dos órdenes del Ministerio de Hacienda que establecen el reparto a las comunidades autónomas de los 8.000 millones de euros restantes del Fondo COVID-19, lo que permite culminar la asignación de los 16.000 millones totales para garantizar los recursos de las distintas autonomías tras el impacto de la pandemia. Estos 8.000 millones se dividen en 3.000 millones correspondientes al segundo tramo sanitario y otros 5.000 millones para compensar la menor actividad económica. La Comunidad de Madrid, Cataluña y Andalucía han sido las principales receptoras con más del 54% de los beneficios, sumando un total de 8.711 millones entre los tres territorios.

Madrid lleva semanas planteando que se puedan realizar test de detección rápida del Covid – 19 en las farmacias. Su objetivo es que toda la población madrileña pueda someterse a un test de antígenos antes de la campaña de Navidad para poder aliviar las restricciones, a pesar de la dificultad logística que esto conlleva. El vicepresidente, Ignacio Aguado, anunció que elevaría la petición al Consejo Interterritorial de Salud. A esto se sumó el Govern de Cataluña con la consellera de Salud, Alba Vergés. En cambio, el ministro de Sanidad, Salvador Illa ha contestado que no se niega a ello pero que las CCAA tendrían que presentar un plan detallado que asegure las condiciones de seguridad y eficacia en las farmacias. La presidenta Ayuso ante la negativa directa de la Agencia del Medicamento, elevó su petición a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

El Govern ya ha establecido como será la desescalada en Cataluña. El Departamento de Salud ha propuesto un plan de levantamiento progresivo de las restricciones en la autonomía, que deberá ser discutido y posteriormente aprobado en la reunión del comité técnico del Procicat celebrada este miércoles y jueves. El plan consiste en cuatro fases, de una periodicidad de 15 días cada una, que comenzará el próximo lunes 23 de noviembre con la vuelta de las actividades al aire libre y la apertura de los bares con un 30% de aforo. Asimismo, se ha confirmado que se mantendrá el toque de queda en las cuatro fases.

El ritmo de contagios en España parece haberse estabilizado, aunque sigue registrando unas cifras muy elevadas con cerca de 20.000 casos diarios. Es cierto que la incidencia acumulada en el país ha disminuido, pero las muertes siguen estando por encima de las 300 diarias. La mayoría de las comunidades autónomas han mostrado una ligera mejora en los datos de positivos y decesos en comparación con las semanas anteriores, pero en el caso de Andalucía, Murcia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Baleares y en parte de Galicia, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura siguen en aumento. A su vez, aunque numerosos indicadores apuntan hacia una estabilización de los datos, la presión hospitalaria, tanto en planta como en UCI, es muy elevada en muchas autonomías.

Miquel Sàmper le ofrecía a Trapero el que fue su antiguo cargo de mayor el mismo día que se conocía la sentencia de la Audiencia Nacional que le absolvía de un delito de sedición. El mayor fue acusado en 2017 tras su actuación en el referéndum ilegal del 1 de octubre pero, finalmente, la Audiencia no vio indicios de desobediencia ni rebelión en su actuación durante ese día. Trapero meditaba desde hace semanas la oferta y ha acabado aceptándola, haciéndose desde hoy mismo efectiva la decisión. Partidos independentistas han celebrado esta noticia aunque dentro del cuerpo de los Mossos existen críticas y preocupación por su vuelta, opinando que podría desencadenar tensiones internas y el fin de las buenas relaciones con otros cuerpos policiales.

La Audiencia Nacional inicia este martes el juicio contra los tres acusados de formar parte de la célula yihadista que atentó el 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils (Tarragona). Los acusados se enfrentan a una pena de prisión de entre ocho y 41 años por su papel en los atentados que provocaron la muerte de 16 personas y dejaron más de 100 heridos, un criterio que discrepa con el de las acusaciones populares.

Josep Lluís Trapero y la antigua cúpula de los Mossos logran, tres años después, respirar tranquilos. La Audiencia Nacional absolvió la semana pasada a los responsables de la policía catalana por su gestión frente al levantamiento nacionalista, algo que ha ratificado la propia Fiscalía este miércoles, que no recurrirá la decisión tomada por el tribunal por dos votos a uno, entendiendo así que no se ha demostrado que los cuatro acusados cometieran delito de desobediencia o de sedición.

“Me gustaría tener un Ministerio Fiscal más transparente, moderno, del siglo XXI, comprometido, internacionalizado y especializado, una Fiscalía donde los cargos de responsabilidad no sean solo de hombres”.

La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, ha concedido una entrevista a ElDiario.es e infoLibre en la que se ha pronunciado sobre varias polémicas. La ex ministra no se esconde y busca el escrutinio de la ciudadanía sobre su paso por este puesto. Habla sobre Cataluña y la necesidad de reformar el delito de sedición para evitar “formas de atentar con la democracia”. También se pronuncia sobre la reforma del Poder Judicial presentada por los partidos, Psoe y UP, que tendrá que “derivar del consenso” aunque señala que existe una “anomalía del sistema constitucional” que ha permitido el bloqueo del PP en la renovación del CGPJ, caducado desde hace dos años. No se pronuncia sobre el futuro de las posibles imputaciones de Pablo Iglesias y el Rey emérito y defiende una Ley contra la Violencia de Género que no debería suponer ya una “disputa política” para el partido de ultraderecha Vox.

España sigue presentando malos datos en esta segunda ola de la pandemia de coronavirus, algo que sucede en toda Europa. El Ministerio de Sanidad, dirigido por Salvador Illa, ha reportado este martes 13.873 nuevos positivos y ha añadido 218 fallecimientos al balance total, lo que eleva la incidencia acumulada en los últimos 14 días a 322,9 casos por 100.000 habitantes, la mayor registrada desde que comenzó la epidemia en el mes de febrero y marzo.

La Generalitat aplicará el uso de nuevas medidas especiales para frenar la propagación en por Covid-19 en 15 de sus municipios del Vallès Occidental, una serie de medidas que estarán vigentes por 15 días desde su publicación

La Consejería de Salud catalana ha rectificado en 24 horas su plan de abrir las puertas a discotecas y pubs bajo estrictas medidas sanitarias al observar la evolución del coronavirus en Cataluña, que acumula 200 casos por 100.000 habitantes en una curva de contagios que continúa creciendo. De esta forma, el govern de la Generalitat ha escuchado las críticas de médicos y epidemiólogos que aconsejaban en contra de esta decisión al considerarla “temeraria”. Las patronales de ocio nocturno han recibido este anuncio con indignación y denuncian que 30.000 familias dependen ahora mismo de uno de los sectores más castigados por la pandemia y que el Gobierno no ofrece ninguna solución para ellos.

Correos, el Ayuntamiento de Barcelona y el Consorcio de la Zona Franca han firmado un protocolo de intenciones que permite la cesión de los edificios centrales de Correos a la ciudad catalana. El Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha asegurado que este acuerdo afianzará el posicionamiento de Barcelona como capital digital y permitirá crear unos 1.500 puestos de trabajo y albergar hasta 150 compañías y start-ups.

La patronal Fecasarm y la Generalitat de Cataluña han alcanzado un acuerdo para reanudar la actividad en las discotecas y otros locales de ocio nocturno de la región, pero con ciertas condiciones. Los locales tendrán que programar actuaciones en directo, no se podrá bailar y las pistas tendrán que estar ocupadas por mesas y sillas. La reapertura se producirá a partir de este miércoles con un horario límite hasta las tres de la madrugada.

Se trata de un acto del "Barcelona New Economic Week" que tendrá lugar el próximo viernes y se produce tras la polémica por la ausencia del monarca en la entrega de despachos a los nuevos jueces tras considerar el Ejecutivo que no era conveniente su presencia en la capital catalana por la inminente publicación de la sentencia que inhabilitó a Torra.