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Edición testing    11 de abril de 2021

Abogacía del Estado

Los fiscales del Tribunal Supremo han presentado este martes sus informes sobre las peticiones de indulto a los 12 políticos catalanes condenados por el ‘procés’ independista en Cataluña. En los escritos, Jaime Moreno, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Fidel Cadena argumentan en contra de conceder la medida de gracia que inició su tramitación el pasado septiembre, al considerar que no existen razones de "justicia, equidad o utilidad pública" que justifiquen aplicarlay que sería privilegiar “al gobernante desleal y corrupto”. Asimismo, la Fiscalía alerta de que el indulto no puede convertirse en “moneda de cambio política” para la obtención de “apoyos parlamentarios”. En algunos sectores judiciales ha sorprendido que el escrito de los fiscales no se limite a argumentos jurídicos y entre a valorar cuestiones políticas que no debería tocar para preservar la separación de poderes. Los informes de los cuatro fiscales han sido remitidos a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que espera también los preceptivos informes de la Abogacía del Estado para que también emita su propio dictamen.

La abogada estatal, Clotilde de la Higuera, ha firmado un informe en el que concluye que Madrid deberá acatar la nueva normativa establecida desde Sanidad por el Consejo Interterritorial de Salud a pesar de su rechazo a las mismas. El gobierno regional madrileño, a través de su presidenta Díaz Ayuso insistió en que el Consejo no tiene capacidades para imponer restricciones sobre la región. Otra soberana metedura de pata, ya que al cabo de pocas horos tuvo que reconocer que efectiamente, las normas son de“obligado cumplimiento con independencia del sentido de su voto”. Esta norma ya se ha publicado en el BOE y otorga 48 horas a la Comunidad de Madrid para aplicarla. Desde la capital española, Ayuso ha informado de que acatarán la ley, pero la llevarán a los tribunales para “defender los intereses legítimos de los madrileños”.

Hay controversias que ni el tiempo ni la Transición lograron solventar. Y la propiedad del famoso Pazo de Meirás, situado en la localidad gallega de Sada, es una de ellas. Este lunes, 6 de julio comienza en A Coruña la vista oral del juicio por el que la Abogacía del Estado reclama a los herederos de la familia Franco la devolución de la propiedad ya que consideran que hubo una "venta simulada" del inmueble al dictador. Por su parte, el abogado de la familia, Luis Felipe Utrera Molina considera que detrás del juicio del Pazo Meirás, que comienza este lunes 6 de julio con la declaración de siete testigos, hay “un transfondo político”.

La magistrada ha denegado la alegación de nulidad de las actuaciones del 8M, la paralización de éstas y la indefensión de Josu Manuel Franco, delegado del Gobierno de Madrid.

Imanol Arias y Ana Duato, los claros protagonistas de la histórica serie Cuéntame, podrían enfrentarse a una condena de entre 27 y 32 años de cárcel por supuesto delito fiscal.

Finalmente, la Abogacía del Estado ha solicitado este lunes excarcelar a Oriol Junqueras con el fin de que pueda ejercer de eurodiputado en el Parlamento Europeo. Sin embargo, en el mismo documento descarta que la sentencia del 'Procés' sea nula, instando al Tribunal Supremo a pedir suplicatorio para adoptar medidas de "aseguramiento" sobre el líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

Este lunes se espera que la Abogacía del Estado remita su escrito de alegaciones al Tribunal Supremo en relación a la inmunidad de Oriol Junqueras y su posición ya no es un obstáculo para que los republicanos den la abstención a los socialistas. Ahora, ambas formaciones llevarán el acuerdo a sus respectivos órganos de dirección. Sin embargo, desde ERC descartan convocar a su Consell Nacional antes de final de año, lo que aleja la posibilidad de que se celebre la investidura antes de la festividad de Reyes. En cualquier caso, los socialistas ya tienen prácticamente todo atado para formar gobierno, la fecha del inicio del trámite parlamentario será los primeros días de enero.

El portavoz peneuvista en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha afirmado este miércoles que el proceso de investidura de Pedro Sánchez podría realizarse a partir del 8 de enero “de forma más tranquila” ya que considera que “me da la sensación de que se quieren forzar las cosas demasiado”.

La Abogacía del Estado estaría preparando un escrito en el que pide al Tribunal Supremo que libere al ex vicepresidente, Oriol Junqueras, para que pueda tomar posesión de su escaño como eurodiputado. Esto responde a la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que consideró el pasado jueves que el líder de ERC tenía inmunidad desde el momento en el que fue proclamado diputado electo.

Rebelión o sedición ahí está la clave. El primero conlleva una pena de 25 años de cárcel y el segundo 12. Tras un año de permanencia en prisión, Oriol Junqueras y otros diecisiete políticos del "procés", este viernes han conocido la calificación de sus delitos. Mientras que la Fiscalía pide para ellos penas máximas de 25 años por rebelión, la abogacía del Estado solicita 12 años por sedición. Conviene aclarar que no ha habido ningún "cambio de criterio", dado que es la primera vez que la Abogacía califica.

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