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La diputada socialista Beatriz Carrillo recibe el aplauso de la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, tras el debate de la Proposición de Ley de Igualdad de Trato. (Foto: Europa Press)
La diputada socialista Beatriz Carrillo recibe el aplauso de la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, tras el debate de la Proposición de Ley de Igualdad de Trato. (Foto: Europa Press)

Congreso aprueba la tramitación de la Ley Zerolo a pesar de que Iglesias pidió a ERC, PNV y otros grupos que no la apoyaran

miércoles 17 de febrero de 2021, 16:24h

Algunos, no solo han llegado al Gobierno sin la preparacion necesaria para el cargo ministerial que ostentan, sino que, tras un año de formar parte del Gobierno, todavía parecen no haberse ubicado. Así ha sucedido, de nuevo con Pablo Iglesias, que ha olvidado que pertene a un Gobierno, presidido por Pedro Sánchez, y ha con su grupo en contra de la tramitación de la llamada Ley Zerolo, desarrollada por el partido socialista desde hace 10 años. No sólo se ha conformado con votar contra el Gobierno del que tanto insistió en formar parte, sino que además, ha cometido la histórica deslealtad, de pedir a los otros socios de investidura del Psoe, que no la votaran. Por suerte, algunos tienen sentido y responsabilidad de Estado y la tramitación ha sido aprobada y ha salido adelante.El enemigo en casa, que decía Sánchez, se cumple de nuevo. Los socialistas confían en que los morados acaben dándose cuenta de que no están en asambleas universitarias, sino que ostentan la enorme responsabilidad de pertenecer a un Gobierno y actúen en consecuencia.

Este martes, el Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la tramitación de la Ley Zerolo, una propuesta socialista presentada hace más 10 años por el fallecido secretario de Movimientos Sociales del PSOE y activista LGTBI, Pedro Zerolo. Con el principal cometido de reforzar el actual ordenamiento jurídico, esta ley incorpora nuevas definiciones de discriminación. Abogando por una sociedad justa y exenta de trato discriminatorio por razón de sexo, religión, raza, nacionalidad, clase social, etc Es una de las leyes estrella del Psoe, desde hace 10 años, se extiende mucho más allá de la Igualdad entre hombres y mujeres, abogando por acabar con la discriminación de clase social, xenofobía, racismo, etc. El incumplimiento de esta medida podrá acarrear sanciones económicas de hasta 500.000 euros.

La ley Zerolo está a un paso de hacerse realidad. El Consejo de los Diputados, en una sesión celebrada este martes, ha dado el visto bueno para la tramitación de la propuesta socialista. Haciendo honor al fallecido activista LGTBI y responsable de la Secretaría de Movimientos Sociales del PSOE, Pedro Zerolo, esta ley tiene el principal objetivo de “reforzar y mejorar nuestro ordenamiento jurídico en materia de lucha por los derechos y la dignidad de todas las personas, especialmente de aquellas que forman parte de grupos sociales históricamente discriminados en nuestro país”, tal y como ha asegurado la diputada socialista Beatriz Carrillo, responsable de defender la causa.

“Tras 43 años de lucha”, por primera vez en España, esta ley incluye nuevas definiciones en el ordenamiento jurídico español que velan por acabar con la discriminación múltiple, el acoso discriminatorio o las represalias racistas, xenófobas y antigitanas que condicionan múltiples circunstancias sociales y personales del día a día.

Beatriz Carrillo: "Discriminar no puede salir gratis"

La ley Zerolo, comúnmente conocida como la ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, como ha señalado Carillo, “tiene la vocación de ser el mínimo común normativo del derecho antidiscriminatorio español, reforzando la garantía de los derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución, especialmente en su artículo 14”. Aplicándose a todos los ámbitos de los españoles y españolas, esta normativa busca la regulación esencial del empleo y su acceso -tanto por cuenta ajena como por cuenta propia-, de la participación en encuentros políticos, sindicales y profesionales – sociales o económicos-, de la educación, sanidad y de las ayudas estatales y servicios sociales. De esta manera, esta ley velará por su cumplimiento mediante la aplicación de “responsabilidades administrativas, así como, en su caso, penales, y civiles por los daños y perjuicios que puedan derivarse”. Para avalar su plena y eficaz consumación, el Gobierno estudia la constitución de un Comisionado para la Igualdad de Trato y No Discriminación y la elaboración de una Estrategia Estatal de Lucha contra la Discriminación que faciliten a las personas y a los movimientos sociales a ejecutar cualquier tipo de decisión legal contra aquellos que discriminen o incumplan lo recogido por la ley, de una manera rápida y precisa. Sanciones que, desde el ámbito económico, podrían alcanzar los 150 y los 10.000 euros, incrementándose hasta los 60.000 euros en casos graves y hasta los 500.000 euros en casos muy graves, como acoso discriminatorio o transgresión de derechos fundamentales.

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