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Estas son las claves de la reforma para la armonización fiscal en España que Sánchez ya llevaba en su programa
(Foto: La Moncloa)

Estas son las claves de la reforma para la armonización fiscal en España que Sánchez ya llevaba en su programa

viernes 04 de diciembre de 2020, 17:24h

El Ministerio de Hacienda, dirigido por la ministra Maria Jesús Montero, está trabajando en las medidas para acabar con las disparidades entre las diferentes CCAA a la hora de aplicar los impuestos. Actualmente, el sistema tributario español está muy descentralizado y permite que cada región aplique diferentes impuestos, los llamados impuestos cedidos, con su propia normativa. De esta forma, algunas autonomías cuentan con privilegios que causan una pérdida de recaudación y una deslocalización de las grandes fortunas y empresas que buscan beneficiarse de este sistema. Este es el caso de Madrid, protestado desde hace tiempo por otros barones regionales, y actuamente por el líder de ERC, Gabriel Rufián. Madrid actualmente aplica una bonificación del 100% para el impuesto de Patrimonio y del 99% para los de Sucesiones y Donaciones. Lo que equivale a decir que son gratis. Estos son, precisamente, los impuestos en los que el Gobierno trabaja para fijar una normativa básica que permita una aplicación más uniforme en todo el territorio español.

Con respecto a la armonización fiscal en todas las CCAA, algunas fuentes han adelantado que el Ejecutivo planea fijar un suelo del 15% sobre el impuesto de Patrimonio que sea de cobro obligatorio con un mínimo exento elevado para evitar este cobro a las rentas bajas. Esto mantendría una horquilla de actuación para los Ejecutivos regionales sobre el 85% restante, sobre el que podrían o no aplicar una bonificación.

El debate sobre la armonización fiscal en España se ha reabierto tras la condición impuesta por ERC para apoyar los Presupuestos Generales del Estado, si bien este no es un tema nuevo para la política española. El programa del PSOE incluía ya el objetivo de reformar el sistema fiscal español, algo en lo que coincidía con UP. Por tanto, no es algo nuevo atribuible a UP, como pretende su lider morado. Incluso, el Gobierno anterior del PP, con Cristóbal Montoro, también se planteó una armonización fiscal, si bien la mala memoria teledirigida e interesada del líder popular, Pablo Casado, pretenda tildarlo de “inconstitucional”. La posición del Ejecutivo de Pedro Sánchez, por el momento es la de esbozar unas medidas que luego serían elevadas a un comité de expertos que valoraría la reforma fiscal completa el año que viene para hacerla efectiva en 2022. Tal como el Psoe incluye en su programa con el que ha ganado las elecciones. El objetivo de esta reforma sería acabar con las disparidades actuales entre autonomías, estableciendo unos tipos mínimos en los impuestos, pero la tarea escompleja y por eso, el Gobierno socialista plantea calma a sus socios, para hacer las cosas, no deprisa y corriendo sino bien hechas para duren décadas.

LAS DISPARIDADES DEL SISTEMA FISCAL

Actualmente el sistema tributario en España distingue entre catorce comunidades “de régimen común”, dos Comunidades Forales, Euskadi y Navarra, y una insular, Canarias. El régimen tributario está, en gran parte, descentralizado, lo que quiere decir que cada Gobierno regional puede aplicar de manera distinta los impuestos provocando estas disparidades en los distintos territorios. Así, se encuentran enormes diferencias entre unas comunidades y otras a la hora de aplicar los llamados impuestos cedidos, impuestos regulados por el Estado pero cuyo rendimiento depende de cada comunidad. Aquí destacan principalmente los impuestos cedidos totalmente, los de Sucesiones, Patrimonio, Donaciones y Transmisiones Patrimoniales, sobre los que cada Ejecutivo regional tiene total competencia para establecer la bonificación. El debate ahora mismo se centra en los tres primeros.

Este sistema provoca que existan comunidades que tienen un sistema fiscal más privilegiado que otras, lo que a su vez causa otros problemas que llevan generando gran descontento entre distintas regiones. Los Gobiernos regionales pueden establecer las bonificaciones que consideren pertinentes sobre estos impuestos, cuanto más alto sea este porcentaje, menos cobran, estableciendo estos privilegios para ciertos sectores de la población.

MADRID

Este es el caso de Madrid, al que históricamente todos los lídres regionales, y ahora incluído el nuevo líder de Eskerra Republicana de Cataluña, Gabriel Rufián, califican de “paraíso fiscal”. En la capital española la bonificación sobre el impuesto de Patrimonio es del 100%, lo que provoca unas pérdidas de recaudación en torno a unos mil millones de euros al año sobre unos impuestos que se cobrarían a patrimonios mayores de 600.000 euros. Los Impuestos de Sucesiones y Donaciones a su vez están bonificados al 99%.

Esto conlleva una doble consecuencia: la pérdida de recaudación de un dinero que llegaría a las arcas públicas desde las comunidades para financiar e invertir en servicios públicos y la deslocalización de empresas o grandes fortunas, que se trasladan a otras regiones para beneficiarse de este sistema. Si todas las comunidades continúan haciendo lo mismo, llegaría un momento en el que el impuesto se perdería por completo.

El catalán Rufián convirtió a Madrid -olvidándose de Navara o Euskadi- en el tema principal de su debate y por ello, se ha encontrado con la confrontación directa del gobierno regional de Madrid, con su errática presidenta, Isabel Díaz Ayuso, a la cabeza, utilizando sus habituales descalificaciones de separatistas, filoetarras, etc. Obviamente el PP no quiere renunciar a estos privilegios a la hora de establecer las normativas. El líder azul, Pablo Casad, ya calificó de “inconstitucional e ilegal” esta reforma afirmando que "acabaría con los derechos de las autonomías, algo que el Gobierno no ha planteado en ningún momento".

LA ARMONIZACIÓN FISCAL NO ACABARÍA CON LAS AUTONOMÍAS

El objetivo del Gobierno de Pedro Sánchez con esta reforma fiscal, es establecer un sistema proporcionado en los distintos territorios fiscales, lo cual en absoluto acabaría con las autonomías. Otro bulo expandido por los populares sin base alguna. Para conseguirlo se tendría que establecer una normativa a través de distintos mecanismos que permita sentar unas bases a la hora de aplicar los impuestos y así garantizar un mínimo de tributación. Para ello, según afirman fuentes socialistas, se podrían equiparar las bases impositivas de los tributos para que la aplicación tributaria parta en todas las regiones de la misma base, disminuyendo mínimamente las competencias de los gobiernos regionales, lo cual no implica, en absoluto, acabar con ellas ni mucho menos. Otro paso sería aplicar un gravamen a los respectivos tipos que, si se hicieran fijos, entonces sí acabaría con la autonomía de cada región, pero este no es el objetivo del Ejecutivo. Sí se podría establecer un límite mínimo o máximo a la hora de concretar estos tipos, armonizando la tributación, pero manteniendo una horquilla de actuación para las Administraciones regionales.

Lo cierto es que el Gobierno de Sánchez no ha planteado en ningún momento imponer un régimen fiscal que no permita cierto margen de actuación en cada comunidad, simplemente se pretende limitar su capacidad normativa. Los expertos también coinciden en que concretar unos impuestos fijos para cada región no tendría sentido, teniendo en cuenta las singularidades y necesidades que tiene cada comunidad. Sí que existen disparidades a la hora de materializar esta reforma, ya que se puede hacer de varias maneras, y es el tema principal del debate.

LO QUE SE SABE HASTA AHORA DE LA REFORMA

Fuentes del Gobierno de Sánchez han filtrado a algunos medios, incluida la SER, las primeras medidas que quieren impulsar para alcanzar la armonización fiscal. La reforma de momento se centraría en el impuesto de Patrimonio, fijando un suelo del 15% que sería de cobro obligatorio sobre la base imponible del impuesto. Además, se elevaría el mínimo exento para que las rentas más bajas no tengan que pagar el gravamen. El 85% restante del impuesto quedaría en manos de cada comunidad que podrían decidir si bonificarlo o no. De esta forma, se respetaría la autonomía de cada comunidad y, a su vez, se fijaría un mínimo de recaudación.

Lo que han querido dejar claro es que esta reforma iría dirigida a grandes empresas y fortunas, evitando que comunidades puedan perdonar este impuesto en estos sectores de la población. La horquilla de actuación que quede para las comunidades será valorada por un comité de expertos, según informa La Ser.

El objetivo es diseñar el nuevo régimen tributario a lo largo de 2021 para que pueda ser aplicable en 2022.

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