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Niños del colegio diocesano Ave Maria de Penya-roja de Valencia colocando lazos naranjas en su centro escolar.
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Niños del colegio diocesano Ave Maria de Penya-roja de Valencia colocando lazos naranjas en su centro escolar.

Los colegios concertados ponen a los niños a hacer lacitos naranjas para protestar contra la Ley Celaá

viernes 20 de noviembre de 2020, 15:22h

La nueva ley educativa, la LOMLOE, también conocida como Ley Celaá fue aprobada este jueves en el Pleno del Congreso con un voto por encima de la mayoría absoluta. Esta ley ha generado indignación, sobre todo de la escuela concertada que ha protagonizado numerosas protestas y que no ha dudado, incluso en utilizar a sus alumnos y alumnas en acciones contra la ley, lo que ha provocado la protesta de numerosos padres. Diversos centros concertados han llevado a cabo manifestaciones activas, actos de protesta, lectura de manifiestos, etc. y más de un millón y medio de padres y madres han firmado un manifiesto contra la ministra.

La Ley Celaá o Lomloe, aprobada este jueves en el Congreso, es la octava legislación educativa que se aprueba durante los 40 años de andadura democrática. Y lo hace envuelta en polémica como lo han estado las anteriores. Los partidos políticos, sobre todo PP y PSOE, tienen una concepción de la educación y de su gestión muy antagónica lo que supone que nunca puedan ponerse de acuerdo en un tema que debería ser de Estado.

En el año 2013, el entonces ministro José Ignacio Wert, del Partido Popular, llevó al Congreso una nueva ley de Educación, la Lomce, que también supuso fuertes protestas, sobre todo del movimiento estudiantil ya que se acusaba al Ejecutivo popular de priorizar la educación privada y concertada sobre la pública, imponer la asignatura de religión, impulsar el recorte de Becas y dificultando el acceso a ellas y proponer las polémicas revalidas al final de cada ciclo educativo. Entonces, la mayoría absoluta del Partido Popular permitió la aprobación de una legislación que todos los grupos de la oposición de entonces prometieron derogar en cuanto fuera posible. Y así ocurrió. En el 2013 no hubo ni rastro de ninguna queja de los colegios concertados ni de las organizaciones eclesiásticas que controlan el 60% de estos centros en toda España.

Ahora, la tortilla se ha dado la vuelta y este jueves, la ministra de Educación, Isabel Celaá, vio aprobada su LOMLOE que modifica la LOE ya que la LOMCE se derogó. En esta ocasión, las escuelas concertadas se han lanzado a la calle con enérgicas protestas contra una Ley que dicen va contra los padres y contra los alumnos. Aunque en el fondo de todo se esconde que se han visto perjudicados los intereses de estas escuelas concertadas, sostenidas, recordemos, con fondos públicos.

Nadie pone en cuestión el derecho de estos colectivos a protestar contra lo que creen injusto, el problema, en esta ocasión, es que han unido a las protestas, acciones, manifestaciones y movilizaciones a sus propios alumnos y alumnas, incluso a los más pequeños de tres y cuatro años de edad. Así, durante esta semana se han podido ver en las redes sociales numerosas fotos difundidas por los propios perfiles oficiales de decenas de colegios concertados en las que se podía ver a niños y niñas colgando lazos naranjas o, incluso, disfrazados de lacitos naranjas. Numerosos padres han presentado quejas contra estos colegios ante lo que consideran una utilización de los pequeños que deberían estar al margen de todas estas polémicas.

No es la primera vez que se utiliza a menores en protestas. Sin ir más lejos, todos guardamos en la memoria las imágenes de cientos de niños y niñas catalanes portando lazos amarillos en la defensa de la supuesta "libertad" de Cataluña para decidir su independencia de España. La derecha española criticó esto hasta la saciedad, pero ahora, con su apoyo a la "marea naranja" está alentando lo mismo que entonces reprochó.

PUNTOS DE DISCORDIA

Según las organizaciones de las escuelas concertadas con esta nueva ley se pretende matricular más alumnos con pocos recursos o con necesidades especiales en la concertada con un cambio en los criterios de admisión. También prohíbe ceder suelo público a la empresas para levantar centros privados con concierto y convierte la religión en una asignatura que no se evalúe. La concertada acusa al Gobierno de atacar la libertad de los padres a elegir el colegio que quieran para sus hijos, así como el tipo de enseñanza que prefiera. Pero en realidad solo defienden sus intereses.

La escuela concertada no ha dudado en utilizar todas sus armas para intentar que no se aprobara la Ley Celaá. Diversas manifestaciones, tanto en los centros como en las calles, se han llevado a cabo desde que se presentó el borrador de dicha ley y esta última semana, la concertada ha utilizado como arma principal de protesta a los niños.

Pero la cosa no acaba aquí. Ayer jueves, la Plataforma Más Plurales, formada por asociaciones de padres y madres de alumnos, sindicatos, empresas, organizaciones de familias católicas y distintos colectivos del sector de la enseñanza concertada, se lanzó a la calle para criticar la Ley Celaá. En esta manifestación aparecieron representantes de los grupos políticos Ciudadanos, PP y Vox para mostrar su apoyo y de esta manera, también criticar la nueva ley.

En este sentido, la Plataforma lleva tiempo mostrando su rechazo a la implantación de la Ley Celaá, e incluso ha instado a distintos centros a manifestarse en su contra y a utilizar el alumnado para ello, sin importar la edad de los niños. Esto provocó que muchos centros aceptasen la idea y durante los últimos días las imágenes de menores de edad, llevando lazos naranjas identificativos o participando en acciones de protesta han inundado las redes sociales.

De igual manera, este próximo domingo 22 de noviembre, la Plataforma ha concertado una nueva manifestación en coche pidiendo el acompañamiento de la población española, para luchar contra la Lomloe. Esta sería la quinta que realizan en contra de la nueva ley educativa.

1,5 millones de firmas en el manifiesto de la Plataforma Más Plurales contra la Ley Celaá

La nueva ley de educación ha recogido un gran rechazo entre padres y madres, recabando ya 1.548.565 firmas digitales por toda España en el manifiesto de la Plataforma Más Plurales en su contra.

Donde se muestra mayormente esta crítica es en las 550 escuelas concertadas andaluzas, donde se ha procedido a la lectura del manifiesto, que considera que la Ley Celaá “permite distribuir a los alumnos por centros reduciendo significativamente la elección de sus padres” y “conduce hacia el dominio sistémico del Estado”.

Por su parte, la patronal Escuelas Católicas, que es el brazo educativo de la Iglesia y que dispone de cerca del 60% de la escuela concertada, se encargó de enviar una misiva a sus centros hace unos diez días, en la que les pedía llevar a cabo un paro de dos minutos de silencio frente a las puertas de los colegios y a su vez, les instaba a que hubiese una representación de toda la comunidad educativa, es decir, directivos, profesores y alumnos. Una vez terminados los dos minutos de silencio, se procedería a la lectura del manifiesto creado por la Plataforma Más Plurales, como motivo de rechazo a la Lomloe.

Distintas opiniones entre las asociaciones y los sindicatos educativos

Aun así, la Ley Celaá ha recabado distintos puntos de vista entre las asociaciones y sindicatos educativos. Por un lado, UGT, CC.OO., STES, el Consejo Generales de Colegios de Educadoras y Educadores sociales y los padres de la Ceapa han acogido con entusiasmo la implantación de esta ley, aunque piensan que también debería haber recogido otros aspectos en relación con el profesorado.

En esta misma línea se encuentra la adjunta de infancia del Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo Catalán), María Jesús Larios, que apoya el texto y está en contra de la utilización de menores en las protestas: “a estos niños se les vulnera su derecho a la libertad ideológica y expresión de sus opiniones porque se los instrumentaliza y aparecen como apéndice del adulto que reivindica una posición. Pueden expresar su opinión, pero seguramente no tienen conocimientos suficientes y la imagen del niño aparece asociada a un contenido reivindicativo que el alumno expresa porque pertenece al colectivo y debería evitarse”.

Por otro lado, hay quienes no le encuentran sentido a la Lomloe. La ANPE ha juzgado la falta de consenso, y el CSIF ha manifestado que además de ser una ley sin consenso ni recursos, no entiende que se pueda despedir de su trabajo a profesores por una supuesta falta de rendimiento.

Esta postura también es compartida por el presidente de las asociaciones de madres y padres (ampas), Pedro José Caballero, que se encuentra en contra del texto de la ley y defiende la participación de niños en las manifestaciones: “nadie está manipulándolos y todo el que sale tiene autorización de los padres”.

En un punto medio se encuentran los centros privados Cicae que acogen la nueva ley, pero piden una mayor transparencia en la financiación de las escuelas concertadas, y también la ONG Save the Children que ve avances con esta ley, pero lamenta una falta de concreción, financiación y consenso.

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