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Aprobada por mayoría en el Congreso la nueva Ley Celaá de Educación
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Aprobada por mayoría en el Congreso la nueva Ley Celaá de Educación

Con esta Ley se pretende que la Educación Pública sea el eje principal del sistema educativo español promoviendo una igualdad de oportunidades también entre los alumnos más desfavorecidos.

jueves 19 de noviembre de 2020, 19:16h

La sesión plenaria del Congreso de los Diputados se ha convertido de nuevo en un circo de gritos tras la discusión de la nueva Ley de Educación, conocida como Ley Celaá, que finalmente salió adelante con los votos favorables del grupo llamado de investidura. El texto se aprobó con los votos de PSOE, Unidas Podemos, Más País, PNV, ERC, Compromís y Nueva Canarias. Mientras, PP, Ciudadanos y Vox salían del Congreso a gritos de “libertad” por lo que califican como una norma de “dudosas garantías democráticas” que acaba con el “ascensor social”. El principal punto de polémica: la promoción de la educación pública frente a la concertada para garantizar una mayor inclusión.

La escuela concertada no podrá recibir dinero por parte de los padres para aquellas actividades educativas que son gratuitas ni tampoco podrán dar dinero a asociaciones vinculadas con los centros por estas mismas razones. Además, los centros que segreguen por género dejarán de recibir fondos públicos, los Ayuntamientos no podrán destinar suelo público para la construcción de centros que no sean públicos, y se creará una nueva política de matriculación para acabar con la segregación en los centros. Esto ha provocado una manifestación para el próximo domingo ante el temor de las escuelas concertadas de que la nueva ley lleve a su cierre. Vox lo ha calificado como una “condena a determinadas clases sociales a recibir una papilla infame que cercenará la promoción social” mientras que, desde otros partidos, le recordaban que, precisamente, lo que defiende no es libertad, sino “privilegios y distinción de clases”. Otras de las polémicas medidas incluyen la eliminación del castellano como lengua vehicular y la pérdida de la importancia de la asignatura de religión para el expediente académico.

El Congreso de los Diputados votó sí a la que se ha convertido en la octava Ley Educativa de la democracia española entre profundas discrepancias. La LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de Ley Orgánica de Educación), conocida como Ley Celaá, fue aprobada el pasado viernes por la Comisión de Educación tras 10 horas de discusión. El texto ha sido respaldado por mayoría absoluta en la tarde de este jueves en el Congreso para pasar al Senado y ser ratificada de nuevo por el Congreso. Las dos puntos polémicos de esta nueva LOMLOE se centran en el cambio de denominación del castellano como lengua vehicular (algo que ha estado así durante los gobiernos de Aznar y nadie protestó) y las medidas que afectan directamente a la educación concertada.

Como está siendo habitual en estas semanas, donde se están llevando al Congreso el debate y aprobación de los Presupuestos, el Pleno del Congreso ha vuelto a convertirse en una batalla campal, con los insultos de la derecha y sus gritos de “libertad”. Desde el PP ya anunciaba la diputada Sandra Moneo que utilizarán “todos los instrumentos” para parar la norma y Madrid y Murcia ya han anunciado que evitarán su aplicación en sus comunidades. UPN, PRC, Coalición Canaria y la CUP también votarán en contra del texto, mientras que Más País y PNV y los demás grupos parlamentarios la aplicarán una vez aprobada.

El proyecto se aprobó en mayo y en las últimas semanas ha sufrido numerosos cambios a través de enmiendas para buscar el apoyo de los partidos nacionalistas y las formaciones más pequeñas, ya que el apoyo de Ciudadanos resulta inviable. Estos son los cambios que han causado el mayor enfrentamiento en el Congreso:

ELIMINACIÓN DEL CASTELLANO COMO LENGUA VEHICULAR

La nueva ley no recoge el castellano como la lengua vehicular en la educación española, algo que no es nuevo, ya que a pesar de que la derecha pone el grito en el cielo, durante los gobiernos populares de Aznar tampoco se reconocía. Esto le da la competencia a las Comunidades Autónomas que serán las encargadas de garantizar un “dominio pleno” tanto del castellano como de la lengua cooficial de cada región una vez los alumnos finalicen su periodo de enseñanza obligatorio. Esta es la forma de cerciorarse de que en comunidades como Cataluña se seguirán impartiendo clases en castellano, la región que concentra casi toda la polémica. En la Generalitat lleva en marcha desde hace años un modelo de inmersión lingüística pero ya han ignorado varias veces sentencias del Supremo y del Tribunal Constitucional por esta materia. Estos organismos jurídicos ya han establecido sobre la ley que el castellano tendrá que ser lengua vehicular utilizándose, al menos, en un 25% del horario, ahora está por ver cómo lo aplicará Cataluña.

La diputada de ERC, Dolors Bassa, celebraba esta noticia: “Nunca habíamos llegado a tener un nivel competencial tan alto. La ley establece que la lengua vehicular se decida según el Estatut y la Ley de Educación Catalana, que dicen que el catalán es la lengua vehicular”. Otros partidos nacionalistas apoyaban la enmienda, Bildu entre ellos. Para los partidos de la oposición esto es una medida que cede ante los nacionalistas y contraria a los derechos de los menores, mientras que PSOE y Unidas Podemos recuerdan que el castellano no se va a eliminar de la educación, solo se van a blindar otras lenguas.

GRANDES PROTESTAS POR LOS CAMBIOS EN LA EDUCACIÓN CONCERTADA

El principal punto de polémica, sin duda, ha sido protagonizado por el papel de la escuela concertada, una de las afectadas de esta ley. La Ley Celaá contempla que tanto los centros públicos como los privados no podrán obligar a los padres al pago de dinero por actividades educativas que son gratuitas, tampoco podrán hacer aportaciones a asociaciones ligadas con los centros ni establecer servicios obligatorios a través de aportaciones económicas. Sí se establece, por el contrario, aportaciones voluntarias de las familias para realizar actividades fuera del horario escolar. Por tanto, será perfectamente legal, por ejemplo, que un colegio ofrezca un horario extendido a los alumnos, pero nunca será de obligado cumplimiento para los padres.

Además, en una batería de medidas contra la segregación escolar con nuevas políticas de escolarización que buscan una mayor igualdad en la distribución del alumnado más desfavorecido. Todos los centros públicos y concertados tendrán que incluir “una proporción equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que deba ser escolarizado” y que, ahora mismo, acaban mayoritariamente en la escuela pública. Deberán incluir lo que se conoce como matrícula viva, alumnos normalmente hijos de inmigrantes, que acaban de llegar al país y llegan a la matriculación con el curso ya empezado. Además, serán las administraciones y no los centros los que tengan la prioridad en el derecho de admisión lo que reduce la competencia de los centros. A esto se le añade que los Ayuntamientos no podrán ceder suelo para la construcción de centros que no sean públicos.

Otra medida que podría afectar a la concertada es la eliminación de los fondos públicos a todos aquellos centros que segreguen a los alumnos por su género. Todos los centros sostenidos parcial o totalmente por fondos públicos deberán tener clases mixtas y se promocionará la matriculación de alumnado masculino en aquellos centros donde predominantemente estudien más mujeres. Por lo tanto, aquellos centros que decidan continuar con la segregación dejarán de ser concertados y solo podrán ser de ámbito privado.

Con todo esto se pretende que la educación pública sea el eje principal del sistema educativo español promoviendo una igualdad de oportunidades también entre los alumnos más desfavorecidos. Para Vox esto supone una bajada en la calidad educativa que dejará de promover el “ascensor social”. El diputado ultraderechista, Joaquín Robles, denunciaba que “condena a determinadas clases sociales a recibir una papilla infame que cercenará la promoción social”. Joan Mena, de Unidas Podemos, defendía: “Lo que están defendiendo no se llama libertad, se llama privilegios y distinción de clase”.

Estas medidas han causado numerosas protestas entre los colegios concertados que califican la ley de “partidista e ideológica” manteniendo que se “inventa un derecho a la educación pública” y se acaba con la “demanda social” que permite a las familias elegir los centros a los que quieren llevar a sus hijos. Mantienen que la igualdad está en permitir que los padres elijan la enseñanza de sus hijos y que no haya una distribución del alumnado por parte de las administraciones. En general, protestan por el temor de que esta ley suponga el fin de los centros concertados lo que consideran como un “límite de la enseñanza”. Por ello, las escuelas concertadas han convocado una manifestación este próximo domingo en vehículos (por la situación pandémica) y han firmado un manifiesto en el que defienden el mantenimiento de los centros concertados tal y como han funcionado hasta ahora.

LA RELIGIÓN PIERDE FUERZA

La asignatura de religión se seguirá incluyendo en el programa escolar pero no contará para la nota media del expediente de los alumnos. Tampoco servirá, por lo tanto, para la obtención de becas o el acceso a la universidad. No contará con una asignatura alternativa como había hecho hasta ahora para quienes no elijan la optativa, normalmente Ética, y las Comunidades Autónomas serán las encargadas de incluirla en el horario escolar.

IGUALDAD, INCLUSIÓN Y SOSTENIBILIDAD

En general, la ley promueve la igualdad de género de forma que los alumnos reciban educación para fomentar esta igualdad y que se convierta en un elemento incluido en las distintas asignaturas. También se promoverá la inclusión de mujeres en sectores ahora mismo ocupados principalmente por hombres. Además se asegurarán de contar con libros de texto y materiales escolares que no incluyan estereotipos sexistas.

Por otro lado, también se reforzará la educación sexual y la inclusión del colectivo LGTBI+ a través de talleres. Además, las escuelas deberán promover la educación ambiental en los programas educativos y reducir su impacto ecológico, así como crear caminos seguros que permitan a los alumnos andar hasta clase.

Por otro lado, se limitan las repeticiones de curso escolar ante la altísima tasa de repetición de los alumnos en España, un 31%, lo que supone más del doble que en el resto de sistemas educativos de países desarrollados. El Ministerio de Educación plantea que la medida es ineficiente para los alumnos y que tendrá que ser el propio equipo docente el que valore si un estudiante ha cumplido los conocimientos necesarios para pasar, a pesar de contar con suspensos. En ninguna circunstancia un alumno podrá repetir más de dos veces a lo largo del periodo de educación obligatoria.

LA LEY APROBADA

A pesar de las reticencias de muchas formaciones políticas por alguno de los puntos de esta ley, este jueves salió adelante y que se pondría en marcha en febrero. Lo cierto es que es un reflejo de la política sobre el sistema educativo que ha reinado en España, donde los partidos nunca son capaces de ponerse de acuerdo en una ley y cada legislatura se crea una nueva. El diputado de JxCat Sergi de Miquel explicaba que “la idea es que se aprobara una ley que fuera un poco de todos para no cambiarla en cuanto llegue otro partido al Gobierno”. No obstante, el pacto con los partidos de derecha era inviable por la oposición blindada en la que se situaron desde el principio y que no ha hecho más que aumentar hasta culminar hoy a gritos en la sesión plenaria.

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