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Homenaje de los ciudadanos en Las Ramblas, tres años después del atentado.
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Homenaje de los ciudadanos en Las Ramblas, tres años después del atentado. (Foto: Europa Press)

Comienza el juicio por los atentados yihadistas del 17-A en Barcelona y Cambrils

martes 10 de noviembre de 2020, 16:03h

La Audiencia Nacional inicia este martes el juicio contra los tres acusados de formar parte de la célula yihadista que atentó el 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils (Tarragona). Los acusados se enfrentan a una pena de prisión de entre ocho y 41 años por su papel en los atentados que provocaron la muerte de 16 personas y dejaron más de 100 heridos, un criterio que discrepa con el de las acusaciones populares.

Tres años después de los atentados terrositas yihadistas sucedidos en Cataluña el 17 de agosto de 2017, la sede de la Audiencia Nacional llevará a cabo una veintena de sesiones sobre este juicio, que está previsto que se alargue hasta diciembre. Estos ataques terroristas comenzaron en el paseo de las Ramblas de Barcelona donde, alrededor de las 15.00 horas, tuvo lugar un atropello masivo con una furgoneta por la zona central del paseo. Este atentado dejó 15 muertos y 131 heridos. Horas más tarde, el Estado Islámico reivindicó el atentado.

Asimismo, la madrugada del 17 al 18 de agosto, sobre la 1.15 horas de la madrugada, tuvo lugar el segundo atentado en Cambrils. Cinco terroristas fueron abatidos en el paseo marítimo del municipio por intentar saltarse un control policial de los Mossos d'Esquadra y atropellar a seis personas, tres de ellas policías. Una de las mujeres apuñaladas en Cambrils murió horas después. Ambos atentados dejaron 16 personas muertas y 140 heridos.

Los tres acusados responden al nombre de Driss Oukabir, a quien se le alquiló la furgoneta para realizar el atentado de Las Ramblas; Mohamed Houli Chemlal, superviviente de la explosión en el chalet de Alcanar (Tarragona); y Said Ben Iazza, quien está acusado por prestar documentación y su furgoneta para comprar y transportar explosivos.

En este sentido el Ministerio Público, en su escrito de acusación provisional, ha afirmado que los acusados se encontraban en el “entorno” del imán de Ripoll (Barcelona). Además, ha establecido que Mohamed Houli Chemlal “formó parte de una célula criminal local seguidora de los postulados de la organización terrorista Estado Islámico reunida en torno a la figura del fallecido imán que fue de las comunidades 'El Fath' y 'Annour'”, de Ripoll. Asimismo, añade que el acusado “mantenía” con el imán una “buena relación de amistad” y que comenzó a “mostrar interés por el islam y a asistir también regularmente a la mezquita”.

Penas de cárcel entre los ocho y los 41 años

La Fiscalía reclama para los acusados penas que van desde los ocho hasta los 41 años de presión por delitos que no tienen que ver con el asesinato, ya que ninguno ha sido procesado como responsable de las muertes y de los heridos. Según la Audiencia Nacional, los tres acusados no pertenecen a la célula yihadista responsable de los mismos, una posición que difiere de las acusaciones populares.

En este sentido, la Fiscalía solicita entre 36 y 41 años para Driss Oukabair y Mohamed Houli Chemlal, acusados por delitos de integración en una organización terrorista, así como la fabricación y posesión de sustancias explosivas y conspiración en un delito terrorista. Por su parte, a Said Ben Iazza, le reclaman ocho años de prisión por colaboración con la célula.

Los seis presuntos autores del atropello masivo en Las Ramblas de Barcelona y en el paseo marítimo de la localidad tarraconense de Cambrils murieron abatidos por agentes de los Mossos d'Esquadra la misma noche de los hechos o en días posteriores.

Peticiones por parte de las acusaciones populares

Después de tres años, la Audiencia Nacional ha zanjado los atentados del 17-A sin ningún procesado por los hechos, pero ha dejado la puerta abierta para que las acusaciones populares lo planteasen en sus escritos.

Este hecho ha generado que gran parte de acusaciones populares ejercidas por las víctimas, como son los colectivos del 11M y de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVM), se desmarcasen de la Fiscalía y redactasen el pasado mes de agosto escritos a la misma, pidiendo penas superiores a los 2.800 años de cárcel y prisión permanente revisable para los procesados.

La AVT, a diferencia de la Fiscalía, solicita condena para Driss Oukbair y Mohamed Houli Chemlal por 15 asesinatos cometidos tanto en Barcelona como en Cambrils. La Asociación 11M Afectados del Terrorismo también incluye los asesinatos en su escrito de conclusiones provisionales. Por este hecho, la AVT solicita para los dos acusados la máxima pena prevista, la prisión permanente revisable. A su vez, la asociación reclama más de 2.800 años a cada uno por delitos de integración en organización terrorista.

Para el tercer procesado, Said Ben Iazza, la AVT exige en su escrito de conclusiones provisionales una condena de 25 años de cárcel por colaboración con organización terrorista y depósito de explosivos.

Las víctimas buscan que se haga justicia, pero también están preocupadas por las indemnizaciones que les corresponden por los daños y secuelas que arrastran desde ese día. Y es que, en el caso de que los procesados sean declarados insolventes, dichas indemnizaciones podrían ser asumidas por el Estado.

En este sentido, el portavoz de la Unidad de Atención y Valoración de Afectados por Terrorismo (UAVAT), Robert Manrique, ya se mostró “decepcionado” en agosto con el proceso judicial. “¿Cómo se puede entender que esos tres procesados no sabían lo que iban a hacer sus compañeros?” No son lobos solitarios”, manifestó, opinión con la que las víctimas están de más que de acuerdo.

Asimismo, el presidente de La Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT), José Vargas, apuntó: “¿Qué se puede esperar de una Fiscalía como la que tenemos y jueces que solo atienden a los políticos? No me extraña en absoluto”.

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