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El presidente del PP, Pablo Casado, llega a Casa América para participar en el XXIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar. Foto: Europa Press.
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El presidente del PP, Pablo Casado, llega a Casa América para participar en el XXIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar. Foto: Europa Press.

Casado vuelve a poner excusas y condiciones para no apoyar el Estado de Alarma

lunes 26 de octubre de 2020, 22:55h

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha vuelto a jugar su juego de la negación, dice que brinda su apoyo al Estado de Alarma, siempre que este no dure más de ocho semanas y que se apruebe un marco legal que permita la modificación de la Ley Orgánica 3/86 en materia de Salud Pública. Lo cual, en román paladino es tanto como decir que no lo va a apoyar puesto que el Ejecutivo viene descartando la modificación de la ley de Sanidad Pública, alegando que la Constitución alberga la más eficaz de las medidas jurídicas para hacer frente a un estado de emergencia sanitaria como el actual: El Estado de Alarma. Por tanto, el Ejecutivo de Pedro Sánchez, reafirma su posición insistiendo en la necesidad de seguir las directrices establecidas por los expertos. Por su parte, Vox ha anunciado que recurrirá el decreto ante el Tribunal Constitucional.

Pablo Casado, líder del Partido Popular, ha señalado que su partido político apoyará lo que realmente no va a apoyar, ya que los condicionantes lo hacen inviable. Uno de sus juegos favoritos. Para ello pone dos condiciones: la reducción de la duración del decreto y la modificación inmediata de la Ley Orgánica 3/86. Una propuesta que ha dado a conocer en su intervención en la primera sesión del XXIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar, como respuesta a la solicitud de colaboración política que el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo cuando anunció el Estado de Alarma en todo el territorio español. Casado que asegura haber “tendido la mano” al Gobierno durante toda la gestión de la pandemia, -olvidando sus ofensas, sus insultos y su boicot al Estado de Alarma las dos últimas prórrogas- ha advertido de la necesidad del cumplimiento de sus requisitos “para tener un respaldo que refleje que en esto hay una unidad y que hay una dirección conjunta entre las principales fuerzas políticas”.

Vendiendo que no va a apoyar el Estado de Alarma, pedido por doce de los presidentes autonómicos, y apoyado incluso por sus propios barones territoriales, como es el caso de Murcia e incluso Castilla León, alega que hace estos condicionamientos obstructivos "por la tranquilidad de los españoles". Casado, olvidando que él no es el presidente del Gobierno y que arrimar el hombro no es intentar que los demás cumplan sus normas, ha propuesto limitar dicha duración a ocho semanas, respecto a los seis meses establecidos, con el objetivo de salvar la campaña de Navidad, reduciendo la movilidad en los próximos festivos, como el día de Todos los Santos o La Almudena: “No puede superar en ningún caso las ocho semanas (…) porque entiendo que el Gobierno quiere que sea más de un mes, que es el último antecedente jurisprudencial que tenemos aplicado a los controladores aéreos. En nuestra opinión, debería ser de un mes. Pero vamos a dar un margen para intentar llegar a un acuerdo. (…) Queremos dar cierta tranquilidad a los españoles, sobre todo a los mayores”. Por otro lado, el líder del PP, durante su participación en este acto inaugurado por el Rey, ha señalado la urgencia en la reforma de la Ley Orgánica 3/86 de medidas especiales en materia de Salud Pública. Para ello, ha indicado que es necesario “acometer, de una vez, el plan B jurídico”, una medida orgánica, que a consecuencia de su concepto de orgánica, permitiría limitar la movilidad en caso de repuntes por la Covid-19, a través de un mando único. Este plan, tal y como ha indicado Casado, podrá evaluarse durante este periodo de ocho semanas, permitiendo su entrada en vigor a medidos de diciembre.

Bajo un discurso de colaboración condicionada, Casado ha querido proponer otras alternativas para frenar la expansión del virus, como la realización de PCR en los aeropuertos y estaciones de trenes o la reducción del IVA de las mascarillas. Por su parte, el Ejecutivo ha perdido mucho tiempo en contestarle: “El Partido Popular debe de abandonar sus condiciones por las recomendaciones de los expertos y de la ciencia”, ha expuesto la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias.

LA OPOSICIÓN RESPONDE

Por otro lado, el resto de los partidos de la derecha no han tardado en hacerse eco ante la petición de apoyo de Sánchez. Calificando de “muy mala” la gestión del Gobierno. Por su parte, Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos, ha indicado que pese a considerar la durabilidad del estado de alarma “excesiva”, “hay que remar todos en la misma dirección y ayudar en lo que podamos, y salvar vidas y empleos” en este plan de contención. Palabras que ha secundado el portavoz adjunto del partido, Edmundo Bal, aunque ha puntualizado aumentar la frecuencia de las comparecencias del presidente en el Congreso:“Que el Gobierno vaya al Congreso de los Diputados a explicar qué es lo que está haciendo, y el resto de los grupos parlamentarios que podamos decir qué está haciendo mal o que le pidamos que haga unas u otras cosas, o endurezca las medidas o las flexibilice en función de cómo evolucione la epidemia”.

Lejos de este ambiente de diálogo y de cooperación, Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, ha acusado al Gobierno de Sánchez de someter a la población mediante experimentos totalitaristas. En la misma línea discursiva, el portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha anunciado que el grupo recurrirá el nuevo estado de alarma ante el Tribunal Constitucional: “Vuelve a incurrir en todos y cada uno de los defectos y de las ilegalidades que denunciamos ante el primer estado de alarma (…). Esperamos que el Tribunal Constitucional decida mover los papeles y dictar una sentencia”.

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