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El Congreso aprueba un Decreto que permitirá cambiar los criterios de evaluación en los niveles educativos no universitarios
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(Foto: EFE)

El Congreso aprueba un Decreto que permitirá cambiar los criterios de evaluación en los niveles educativos no universitarios

viernes 16 de octubre de 2020, 17:08h

El Gobierno de Pedro Sánchez ha sacado adelante una nueva normativa defendida por la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, que permitirá al equipo docente evaluar a un alumno en función de unos objetivos generales establecidos por ellos mismos para que puedan alcanzar los conocimientos básicos. Serán los docentes los encargados de decidir si un estudiante avanza o no en su formación al considerar si cumplen estos nuevos criterios establecidos en su itinerario académico. Los partidos de la derecha han rechazado el RDL al considerar que conlleva un “aprobado general” y un consiguiente “empobrecimiento” educativo mientras Celaá ha asegurado que “afirmar que podrá titularse con suspensos es sencillamente falso”. Este Decreto recoge también la opción de reforzar las plantillas de profesorado con profesionales que no cuenten con el máster específico siempre que sea necesario.

El Congreso ha aprobado un Real Decreto Ley con máxima urgencia que permitirá a los docentes ajustar los criterios de evaluación para adaptarlos a la situación pandémica en los niveles educativos no universitarios. De esta forma, los profesores podrán valorar la continuidad de un alumno en su itinerario académico si consideran que ha alcanzado los objetivos generales necesarios en cada etapa. El RDL ha sido aprobado por mayoría con 187 votos de PSOE, Unidas Podemos y los partidos nacionalistas pero se ha encontrado la oposición de PP, Ciudadanos y Vox, que opinan que estos criterios establecidos son “injustos” y que promoverán el “empobrecimiento” de la educación.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha señalado durante su intervención en el Congreso que las medidas para regular el sistema educativo en esta situación excepcional eran de carácter prioritario para el Gobierno. “Debemos dar respuesta a esta situación con rigor, mesura, responsabilidad y compromiso, para lo que resulta preciso poner en marcha nuevas iniciativas excepcionales”, explicaba Celaá sobre unas medidas que son de carácter temporal. Esta regulación pretende facilitar tanto a docentes como a alumnos el desarrollo del curso escolar en este escenario excepcional y sirve como respuesta a las inquietudes expresadas por las Comunidades Autónomas.

Según esta regulación, la repetición de curso se considerará una medida excepcional tomada por los profesores cuando consideren que un alumno no ha alcanzado los objetivos generales marcados en cada etapa. Esta evaluación se realizará de forma global por el equipo docente en función de las decisiones que hayan adoptado sobre el currículo y la programación didáctica. Siguiendo estos criterios, la ministra explicaba que “afirmar, por tanto, que podrá titularse con suspensos es sencillamente falso” ya que el estudiante tendrá que haber alcanzado los conocimientos esenciales marcados como necesarios por su centro educativo. Esta, precisamente, ha sido la principal crítica de la oposición, que opina que los alumnos podrán avanzar en sus estudios sin alcanzar unos objetivos educativos básicos.

Desde el PP, el diputado Óscar Clavell López manifestaba que “la mayoría” de los artículos recogidos en el RDL debían ser derogados al permitir un “aprobado general” del cuerpo estudiantil que promoverá la adquisición de “títulos a la carta”. Desde Ciudadanos, Marta Martín consideraba que este decreto solo servirá para “rebajar el nivel” educativo en el país y promover una desigualdad, afirmación que respaldaba el diputado Sergio Sayas de Navarra Suma, que opinaba que las medidas servirán para “devaluar los títulos y empobrecer la educación”. Martín pedía que la comunidad educativa llevará esta medida a Europa y desde Vox lo calificaban como “un nuevo ataque a la meritocracia y a la excelencia”.

Desde el PSOE, la diputada Luz Martínez Seijo defendía el decreto asegurando que no se recoge en ningún lugar la obligación de los docentes a permitir a los alumnos avanzar al siguiente curso si suspenden. Asegura que la medida proporcionará a más de 8’5 millones de alumnos la seguridad para finalizar el curso. Diputados de Unidas Podemos, PNV, JxCAT y ERC han manifestado su conformidad con el RDL en sus intervenciones en el Congreso opinando que es una “medida de carácter excepcional” que sirve para facilitar el progreso académico en esta situación de emergencia.

El RDL recoge otras dos medidas de carácter excepcional que son la contratación de profesorado y la adaptación de las prácticas de Formación Profesional. Como ya anunciaron desde Educación, los centros educativos podrán contratar a docentes sin que estos cuenten con el máster específico que era obligatorio hasta el momento. Esto solo se aplicará cuando se agoten las listas de aspirantes en régimen de interinidad y de aquellos docentes que sí cuenten con el máster. Al final del curso, las nuevas plazas creadas por motivo de urgencia desaparecerían y los profesores tendrían que volver a contar con el título citado para poder ejercer la docencia. Esta medida se podrá aplicar tanto en centros públicos como privados. “No resulta aceptable que haya grupos de estudiantes sin docentes”, explicaba Celaá para justificar esta regulación.

Asimismo, se podrá reducir la duración de los módulos de formación en centros de trabajo si es necesario, aunque siempre cumpliendo el mínimo de horas establecido por ley. Se podrá, además, crear una propuesta de actividades asociadas al entorno laboral cuando los alumnos no tengan la posibilidad de incorporarse a una empresa. “Esta norma es esencial para dar soporte a las medidas que se requieren para el buen desarrollo del curso escolar, facilita las actuaciones que las Comunidades Autónomas y establece medidas académicas para que el aprendizaje pueda llevarse a cabo con eficacia”, concluía la ministra Isabel Celaá.

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