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La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; la ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero; y la ministra de Igualdad, Irene Montero, comparecen en una rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Ministros. Foto: POOL. Andrea Comas/El País.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; la ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero; y la ministra de Igualdad, Irene Montero, comparecen en una rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Ministros. Foto: POOL. Andrea Comas/El País.

El Consejo de Ministros presenta dos Decretos para garantizar la transparencia retributiva y la Igualdad salarial entre hombres y mujeres

martes 13 de octubre de 2020, 20:21h

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, han informado de dos RDL para la Igualdad retributiva y Planes de Igualdad, con el objetivo de acabar con la brecha de género en el entorno laboral. Acorde con la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva, supervisada por la Unión Europea, todas las empresas con más de 50 empleados deberán de evaluar la existencia o no de discriminaciones entre ambos géneros en las actividades laborales de estas. Las entidades incumplidoras del reglamento presentado por el Gobierno serán sancionadas económicamente.

Tras la celebración del Consejo de Ministros, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, Maria Jesús Montero, acompañada de las ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha anunciado la aprobación de dos Reales Decreto Ley, de Igualdad retributiva y de Planes de Igualdad. A pesar de no contar con el apoyo claro de la patronal, estos dos Decretos, son fruto del acuerdo establecido en el marco del Diálogo Social, el pasado mes de julio. Garantizarán la Igualdad retributiva, la validez de los planes de igualdad y su registro mediante el desglose de informes, por clasificación profesional y por trabajos de igual valor, incluyendo los altos cargos y los complementos salariales.

Con el fin de garantizar la equidad salarial entre hombres y mujeres, aspirantes al mismo puesto de trabajo, el reglamento de Igualdad retributiva obligará a las empresas a hacer público el registro de salarios retribuidos entre sus empleados. Una información que hasta el momento era de conocimiento exclusivo por parte de la empresa, así lo ha señalado la ministra de Trabajo y Economía: “Las mujeres carecíamos del derecho a la información retributiva. Con la incorporación de este reglamento, del acceso público al registro, va a permitir que emerjan las desigualdades. (…) Cuando se conozcan los datos, conoceremos lo que realmente pasa y conoceremos nuestros derechos.

El reconocimiento de estos derechos es la principal lucha de este Gobierno “feminista”, tal y como ha asegurado Irene Montero. A pesar de que estas medidas situarán a España como uno de los países más transparentes e igualitarios en esta materia, todavía la brecha salarial entre los trabajadores españoles se sitúa por encima del 20%. Es por ello por lo que Montero ha recalcado el compromiso del Gobierno para paliar la situación: “Como Gobierno feminista haremos todo lo posible para cerrar esa brecha. De ahí la importancia de los dos Reales Decretos que ha aprobado el Consejo de Ministros hoy”.

Normativas y sanciones

Se trata de hallar la vacuna contra "la otra pandemia” que sufre país, como ha expresado la ministra de Igualdad, todas aquellas empresas que dispongan de más de 50 trabajadores (de ambos sexos), deberá de registrar y dar a conocer si su entidad es propulsora de una hipervaloración o infravaloración, y aplicar así las medidas oportunas para garantizar la equivalencia. Para ayudar a estas empresas en esta lucha, los ministerios de Trabajo e Igualdad ofrecerán de manera gratuita los instrumentos necesarios para el registro retributivo y valoración de los puestos de trabajo por parte de las entidades. Pese a ello, las empresas con más de 150 trabajadores deberán de disponer - con anterioridad - de planes de igualdad que no acentúen la formación de estereotipos discriminatorios. No será hasta marzo de 2022, cuando todas las compañías estarán obligadas a tenerlo, a excepción de aquellas que dispongan entre 100 y 150 empleados, pues contarán con un año para elaborarlo.

El incumplimiento de estas medidas supondrá sanciones económicas graves para las entidades, con multas de entre 626 y 6.250 euros. Por otro lado, aquellas entidades que formen parte de procesos de contratación en colaboración con las administraciones públicas podrán ser sancionadas jurídicamente, afectando a su participación en estos concursos públicos.
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