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La Justicia en Castilla y León ratifica las mismas medidas sanitarias que se tumbaron en Madrid
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(Foto: Europa Press)

La Justicia en Castilla y León ratifica las mismas medidas sanitarias que se tumbaron en Madrid

viernes 09 de octubre de 2020, 14:51h

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha ratificado las órdenes de la Junta respecto a León, Palencia y San Andrés del Rabanedo encaminadas a contener la pandemia. Son las mismas que se tumbaron ayer en Madrid. La diferencia es que la Junta, en su fundamentación jurídica, se apoyó en la Ley Orgánica 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública. En cambio, la Comunidad de Madrid solo se basó en el artículo 65 de la Ley Ordinaria 16/2003. Todo esto lleva a considerar que un gobierno autonómico fue más eficaz y tuvo más empeño que otro para que se pudieran establecer las medidas sanitarias. Díaz Ayuso sigue con su permanente pulso al gobierno y sitúa su prioridad en su estrategia política en vez de velar por la salud de los madrileños. El Estado de Alarma es, cada vez más, la única alternativa posible a esta deriva de irracionalidad por parte del Ejecutivo autonómico del Partido Popular.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCyL ha ratificado este viernes las órdenes de la Junta de Castilla y León respecto a León, Palencia y San Andrés del Rabanedo encaminadas a contener la pandemia.

La Sala ratifica así las medidas sanitarias impuestas para estos municipios en virtud de la Orden del Ministerio de Sanidad del pasado 30 de septiembre, adoptada en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, al amparo de la ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.

Esta normativa afirma que la declaración de actuaciones coordinadas aprobadas por el Ministerio de Sanidad es de obligado cumplimiento por todas las partes.

Se trata de la misma norma que el TSJ de Madrid tumbó ayer, algo que es difícil de entender. Pero tiene su explicación.

El comunicado del TSJCyL confirma que “la consejería de Sanidad ha adoptado las medidas en el ejercicio de sus competencias en el marco del Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 en la Comunidad de Castilla y León; Plan aprobado, entre otras normas, al amparo La Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública, establece en su artículo 1 que, al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro, las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias, adoptar las medidas previstas en la propia Ley, cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad".

El procedimiento que ha seguido la Junta de Castilla y León es distinto del que siguió la Comunidad de Madrid. Según señalan desde el Ejecutivo castellanoleonés, la clave está en que su fundamentación está en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública. Sin embargo, la Comunidad de Madrid solo citó la Ley Ordinaria 16/2003, que no contiene una habilitación legal para establecer medidas limitativas de derechos fundamentales. Desde el Castilla y León, asumen que “aquí se ha hecho bien”. Ahora, la ciudadanía deberá valorar si la decisión y el procedimiento seguido por el gobierno de Díaz Ayuso fue algo premetitado o no. Cabe recordar la confrontación total del gobierno madrileño a estas medidas, el único que ha mostrado esta estrategia.

La decisión judicial en Castilla y León igualmente ha ratificado las medidas sanitarias de Palencia y San Andrés del Rabanedo porque, aunque no resultaba obligatoria su adopción en ejecución de la Orden Ministerial de 30 de septiembre de 2020 por razones de población, la situación epidemiológica y sanitaria respondía a los otros criterios tenidos en cuenta en la referida Orden y la Consejería de Sanidad en ejercicio de sus competencias y en el marco del Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

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