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Irene Montero anuncia una reforma la Ley de Salud Sexual y Reproductiva para garantizar el derecho a todas las mujeres a “decidir libremente” sobre su cuerpo
(Foto: Ministerio de Igualdad)

Irene Montero anuncia una reforma la Ley de Salud Sexual y Reproductiva para garantizar el derecho a todas las mujeres a “decidir libremente” sobre su cuerpo

viernes 09 de octubre de 2020, 14:55h

La ministra de Igualdad anunció ayer en el Congreso de los Diputados varias medidas para continuar la lucha contra la violencia machista y la explotación sexual. La más importante, la reforma de la Ley del Aborto para derogar el artículo incluido en 2015 por el PP que obligaba a las menores de 16 y 17 años a contar con el consentimiento paterno para interrumpir el embarazo. Anunciaba también el desarrollo de un Plan integral para luchar contra la violencia machista y garantizar la inclusión de las mujeres en el mundo laboral, así como nuevas medidas para poner fin a la explotación sexual. “Reivindicamos el derecho de todas las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y reivindicamos una maternidad libremente decidida y sobre todo una vida sexual plena y libre”, proclamaba Montero.

La Ministra de Igualdad Irene Montero ha anunciado en el Congreso de los Diputados que reformará la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo con el objetivo de derogar la reforma del 2015 llevada a cabo por el PP que obligaba a las menores de 16 y 17 años a contar con el consentimiento paterno para abortar. Con esto pretende garantizar el derecho a todas las mujeres de “decidir libremente” sobre su cuerpo y dar un paso más para alcanzar una igualdad plena y erradicar la violencia machista. “Nuestros cuerpos son nuestros, nosotras decidimos”, recordaba la ministra en el Congreso.

La ministra, junto a esta reforma, ha anunciado que asegurará el derecho al acceso de medidas de anticoncepción y la promoción de educación sexual y reproductiva para “mejorar la salud sexual” de todas las mujeres. “Reivindicamos, como tantas voces verdes y moradas en todos los rincones del mundo, el derecho de todas las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y reivindicamos una maternidad libremente decidida y sobre todo una vida sexual plena y libre”, proclamaba Montero que no ha especificado más sobre la reforma que llevará a cabo.

Irene Montero ha aprovechado su intervención para adelantar varias iniciativas en las que ya trabaja Igualdad para luchar contra la explotación sexual y la violencia machista en el país. La ministra ha anunciado que dentro del Plan de recuperación para España se incluirá el Plan España te protege contra la violencia machista, siendo las víctimas de violencia de género unas de las mayores afectadas por la pandemia. De esta forma se extenderían los servicios de atención integral para que den la mejor cobertura a “todas las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer”. Recordaba que la agenda feminista es fundamental para garantizar una recuperación en el país que pase por la inclusión en todos los proyectos de transición digital y transición verde que desarrolla ahora el Gobierno. Explicaba que, desde Igualdad, ya preparan junto a Trabajo un borrador de la Ley de tiempo corresponsable que asegure la presencia de mujeres en los puestos de trabajo.

Otro punto importante sobre las medidas contra la violencia machista ha sido la posible eliminación del llamado Síndrome de Alineación Parental (SAP) que permite a los padres acusar a su ex – pareja de manipular a sus hijos para posicionarlos en contra de ellos, lo que Montero apunta que invalida el testimonio de los menores. La ministra añade que, en el desarrollo de la nueva ley contra la violencia infantil, no se puede incluir un criterio con estas características “sin aval científico”. Explicaba que ya trabajan conjuntamente con la Vicepresidencia Segunda y el Ministerio de Justicia para poner en marcha esta medida que cumpliría con uno de los puntos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

En cuanto a la industria de la explotación sexual, Montero recordaba que hace dos semanas anunció ya la reforma del Código Penal que recuperaría la tercería locativa para penar a todas aquellas personas que se lucren “de ejercer violencia contra las mujeres”. También ha insistido en la importancia de movilizar recursos que sirvan como métodos de prevención y reinserción de las víctimas con un plan integral social, laboral y económico, proyecto en el que ya trabaja con el departamento de Yolanda Díaz. Estas medidas supondrían una actualización del Plan de Contingencia contra la Violencia de Género y vienen acompañadas de un cierre de prostíbulos en el que han estado trabajando “estas semanas” asegura la ministra.

Estas reformas han sido recogidas con apoyos y criticas en distintos sectores del Congreso de los Diputados. Por supuesto, Vox se ha opuesto duramente a todas estas medidas acusando a Montero de aprovechar un momento tan duro como el que atraviesa el país para promover unas medidas “cargadas de ideología”. La portavoz del partido de ultraderecha Lourdes Méndez aseguraba que este plan no era más que una “agenda supremacista de mujeres” para introducir “ideología de género en los colegios” y crear “confusión” sobre lo que significa ser una mujer. Montero le recordaba que ser mujer es vivir con menos garantías al no poder acceder a ningún proyecto en igualdad de condiciones y siempre acompañada de un mayor riesgo de sufrir violencia.

El PP también ha mostrado su desacuerdo recordando, de nuevo, la manifestación del día de la mujer el pasado 8 de marzo, celebrada días antes de que se declarara el estado de alarma. La portavoz de Igualdad del partido, Margarita Prohéns, acusaba a la ministra de no haber hecho nada durante la pandemia para ayudar a las mujeres. Irene Montero se mostraba autocritica afirmando que sí han estado trabajando pero que el trabajo “llega tarde” y aprovechaba para recordar a Prohéns que el PP decidió abstenerse en la votación de las medidas para proteger a las víctimas de violencia de género durante la pandemia.

La ministra de Igualdad remarcaba la necesidad de que se desarrolle un acuerdo de Estado que permita a todas las administraciones “luchar contra uno de los problemas más graves y profundos a los que se enfrenta España: la desigualdad”. Para ello señalaba la necesidad de que se pacten unos presupuestos que reflejen este compromiso.

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