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La Abogacía del Estado establece que las normas aprobadas en el Consejo Interterritorial son de “obligado cumplimiento” para todas las CCAA
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(Foto: E.P.)

La Abogacía del Estado establece que las normas aprobadas en el Consejo Interterritorial son de “obligado cumplimiento” para todas las CCAA

jueves 01 de octubre de 2020, 17:31h

La abogada estatal, Clotilde de la Higuera, ha firmado un informe en el que concluye que Madrid deberá acatar la nueva normativa establecida desde Sanidad por el Consejo Interterritorial de Salud a pesar de su rechazo a las mismas. El gobierno regional madrileño, a través de su presidenta Díaz Ayuso insistió en que el Consejo no tiene capacidades para imponer restricciones sobre la región. Otra soberana metedura de pata, ya que al cabo de pocas horos tuvo que reconocer que efectiamente, las normas son de“obligado cumplimiento con independencia del sentido de su voto”. Esta norma ya se ha publicado en el BOE y otorga 48 horas a la Comunidad de Madrid para aplicarla. Desde la capital española, Ayuso ha informado de que acatarán la ley, pero la llevarán a los tribunales para “defender los intereses legítimos de los madrileños”.

La Abogacía del Estado ha emitido un informe que establece que las nuevas medidas aprobadas por el Consejo Interterritorial de Salud, que fueron votadas este miércoles con el voto favorable de trece de las Autonomías, con cuatro votos en contra y una abstención, deben ser acatadas por el conjunto de las CCAA, independientemente de su disconformidad con la nueva norma. Este texto, firmado por la abogada del Estado Clotilde de la Higuera, llega como respuesta a la inicial negativa del Ejecutivo madrileño, que incluso llegó a hacer el ridículo de nuevo, al asegurar que no eran de legal cumplimiento, hasta no tener más remedio, pocas horas después, que aceptar la facultad de este órgano para imponer unas medidas sobre la región. El reglamento ya está publicado en el BOE y Madrid debe acatarlo en un periodo de 48 horas.

El informe de la Abogacía basa sus argumentos en el artículo 151 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público que establece que, en este caso, el acuerdo es de “obligado cumplimiento para todas las Administraciones Públicas integrantes de la Conferencia Sectorial, con independencia del sentido de su voto”. Este artículo es aplicable en el caso de que la Administración General de Estado sea la encargada de desarrollar herramientas de coordinación en cualquier materia, actualmente corresponde a las medidas de actuación contra la pandemia.

Hasta ahora la Comunidad de Madrid se aferraba al reglamento del Consejo Interterritorial, y concretamente a la Ley de Cohesión del Sistema Nacional de Salud en su artículo 73, que dicta que todos los acuerdos tendrán que ser aprobados por consenso y, por lo tanto, no lo consideraban vinculante. Algo que se caía por su propio peso, ya que fue aprobada por mayoria aplastante. Además, es difícil de entender para los madrileños, como el gobierno regional del PP, es capaz de negociar y acordar unas normas, que sólo 24 horas más tarde niega y vota en contra. El consejero de Sanidad en Madrid, Ruiz Escudero, lincluso llegó a segurar que la comunidad no acataría estas nuevas medidas porque en su votación fue rechazada por Madrid, Galicia, Ceuta, Andalucía, todas gobernadas por el PP, y Cataluña. El objetivo de los populares era crear un frente que rechazara este reglamento en todas las CCAA que gobiernan, pero Castilla y León votó a favor y Murcia se abstuvo, ya que ambas se encuentran en una situación preocupante con la extensión del virus. A pesar de esta negativa, la votación salió adelante por mayoría con 13 votos favorables.

Para salvar esta “incompatibilidad”, la abogacía hace referencia a otra norma, concretamente el artículo 69 de la Ley 16/2003, que establece que cualquier actuación coordinada en materia de salud pública corresponde al Ministerio de Sanidad, previo acuerdo del Consejo Interterritorial, con la presencia de las comunidades afectadas. El artículo “obliga a todas las partes incluidas en ella” siempre que la situación se incluya dentro de unos preceptos, entre ellos “situaciones de especial riesgo o alarma para la salud pública”. Hace también mención al artículo 149.1 de la Constitución que establece que “la coordinación general de Sanidad es competencia del Estado”.

Ayuso, presuntamente por indicación de Pablo Casado, que mantiene una política de tierra quemada con el Gobierno de la nación, ha tenido que tragar su propia quina y asumir que Madrid no se encuentra en una posición de “rebeldía” y que acatará las normas establecidas, pero llevarán estas medidas a los tribunales, según sus declaraciones para “defender los intereses legítimos de los madrileños”. Esta misma mañana, en una entrevista para EsRadio, la presidenta madrileña declaraba que el Gobierno no tiene “criterios” para imponer restricciones en la comunidad. Ayer mismo, el Ejecutivo madrileño señalaba que las medidas afectaban a los “derechos fundamentales” de la región ante la perplejidad del ministro de Sanidad, Illa, que recordaba que un día antes Madrid estaba “satisfecho” con el acuerdo al que habían llegado en sus negociaciones.

El ministro de Sanidad explicaba que los casos acumulados en la capital española suponen un 43’7% de los nuevos casos del país y que, como Gobierno, tienen la “responsabilidad” de establecer unas medidas para controlar la situación. Desde el Ejecutivo regional, continúan rechazando el texto y piden que las medidas se apliquen por distritos y no por municipios, aunque esto supondría, aun así, que todo Madrid capital debería quedar confinado con la única excepción de Hortaleza, que no supera los 500 casos por 100.000 habitantes.

La Comunidad de Madrid tendrá que hacer efectivas estas medidas antes del sábado a las 00:00 horas según dicta la norma publicada en el BOE. El nuevo reglamento establece que, todos los municipios con más de 500 casos por 100.000 habitantes a nivel estatal, tendrán que someterse a restricciones de movilidad que no les permitirán abandonar dicho municipio excepto para realizar actividades básicas, como ir al trabajo o a un centro de salud. Esto en la región madrileña afecta a Madrid capital, Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles y Parla. En estas zonas los comercios tendrán que reducir su aforo al 50% y no podrán cerrar más tarde de las 22:00 horas, en el caso de restauración y casas de apuestas esta hora será las 23:00. Las reuniones se reducirán a seis personas no convivientes y los espacios de culto tendrán que reducir su aforo al 30%.

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