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Los socialistas reclaman a Ayuso que devuelva las 3.000 viviendas que robaron los fondos buitres en la Comunidad de Madrid
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Los socialistas reclaman a Ayuso que devuelva las 3.000 viviendas que robaron los fondos buitres en la Comunidad de Madrid

miércoles 16 de septiembre de 2020, 17:08h

La Comunidad de Madrid sufrió un varapalo judicial cuando el Supremo anuló la venta de más de 3.000 viviendas sociales a un fondo buitre, durante el mandato de Ana Botella como alcaldesa de Madrid. Ahora, los socialistas piden a la Comunidad que se ejecute la sentencia que revierte la venta y ha registrado una Proposición No de Ley en la que reclama el cumplimiento inmediato de la sentencia, la extensión a todas las viviendas afectadas y la creación de una Oficina para los Afectados en los que se canalicen los trámites y reclamaciones.

Pilar Sánchez Acera, actual portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista ha reclamado al consejero de la Comunidad de Madrid, David Pérez, información para que adelanten cómo van a dar cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo en el que se declaraba nula la venta de 3.000 viviendas del antiguo IVIMA a un fondo de inversión.

Hablamos de una sentencia firme que puso en marcha el Tribunal Supremo en marzo, en que se ratificaba la nulidad de la venta de 3.000 viviendas del IVIMA en el año 2013, al fondo Golman Sanchs-Azora.

Una reunión en la que, Sánchez Acera, junto al portavoz de Vivienda del GPS, Cristina González, el diputado de zona Rafael Gómez Montoya y la Secretaria del GPS Carmen Mena dialogaban con el alcalde de Navalcarnero, la Coordinadora de Vivienda de Madrid y el vecino de la localidad, Rachid, que ha ganado todos los juicios a la Comunidad de Madrid hasta lograr esta clara sentencia del Supremo.

Rachid es un inmigrante que se enteró, dos meses después que su casa se vendía con él y sus tres hijos, los dos meses posteriores a la firma de la operación, una vivienda que en 2017 contaba con un precio de alquiler de 230 euros, que se redujo después de que Rachid se quedara sin trabajo hasta el 90%, llegando a pagar 49 euros mensuales, una cantidad, que según Encasa Cibeles que gestionaba las viviendas de Azora no quería mantener, alegando que era un precio demasiado reducido, según el afectado. Según Rachid, le “llamaban y vinieron a casa en varias ocasiones para decirme que me iban a cambiar el contrato. Que podían hacerme uno de 150 euros al mes durante un año hasta encontrar otro piso. No querían que siguiéramos viviendo allí”. Al parecer, estas mensualidades se revisaban cada dos meses, siendo adaptadas por la empresa pública IVIMA al nivel de renta familiar, flexibilidad que Encara quiso cortar cuando se hacia con la propiedad de estas viviendas.

Rachid se opuso durante años, aguantando las presiones y dando continuidad a los pagos esperando que el asunto se resolviera por la vía judicial, hasta que en 2017, y tras otros casos similares, el Supremo finalmente admitía que las consecuencias de esta venta sobre los inquilinos eran “directas”, dándoles potestad a llevar el caso a los tribunales para recurrirlo.

Por otro lado, la portavoz adjunta del GPS mostraba su rechazo a las intenciones de la Consejería de limitar el ámbito de aplicación de la sentencia al caso concreto de Rachid y, por ello, han reclamado la citada reunión. “El Gobierno de Díaz Ayuso no puede jugar con la ciudadanía y debe asumir el cumplimiento inmediato de esta sentencia que declara nula la venta de las 3.000 viviendas. No pueden utilizar más tácticas dilatorias para eludir el cumplimiento de esta sentencia”.

En esta reunión, la portavoz de Vivienda explicaba junto al Alcalde el registro de una Proposición No de Ley en la que se reclama el cumplimiento íntegro e inmediato de la sentencia, su extensión a todas las viviendas afectadas por esta venta declarada ilegal, la paralización de los desahucios que se pudiesen estar ejecutando y “la creación de una Oficina de Afectados por esta venta, que facilite a los vecinos su relación con la Administración y facilite los trámites para la reversión de la venta”, ha recalcado González.

Asimismo, el diputado Rafael Gómez Montoya, explicaba también que, el municipio de Navalcarnero es de los más afectados por esta venta, “pero no el único. Estamos hablando de unas 3.000 viviendas en toda la Comunidad., al tiempo que ha agradecido a Rachid su batalla legal en contra de esta decisión que ha “provocado un inmenso daño a miles de familias madrileñas”.

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