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La Fiscalía dicta una instrucción para facilitar el desalojo de los Okupas
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La Fiscalía dicta una instrucción para facilitar el desalojo de los Okupas

martes 15 de septiembre de 2020, 21:37h

La instrucción dictada por Dolores Delgado, Fiscal General del Estado, unifica actuaciones que combaten delitos de allanamiento de morada y usurpación de inmuebles, en la que, instruye a los fiscales para facilitar su desalojo.

Dolores Delgado, actual Fiscal General de Estado, dictaba este pasado martes la instrucción de unificar criterios de actuación ante delitos de allanamiento y usurpaciones de bienes inmuebles, una medida que la fiscal segura que debe hacerse “siempre que la medida cautelar sea justificada”, y en situaciones especiales de vulnerabilidad “en personas que ocupan el inmueble”, haciendo referencia a discapacitados, menores o personas desamparadas, unas circunstancias que deberán ser notificadas previamente a los servicios sociales.Hablamos de una instrucción que detalla cuatro momentos en los que la fiscalía puede solicitar a los jueces la medida cautelar en desalojo, el primero, posteriormente a conocer el atestado policial, durante el trámite de cualquier procedimiento judicial por el delito de usurpación o allanamiento de inmuebles, también, durante la celebración de los juicios por delito leve y siempre que se promueva la condena del denunciado, y finalmente en el momento en el que unas diligencias de información de la Fiscalía sobre los hechos presentados de ocupación se judicialicen.

Si la autoridad judicial desestima la petición instada por la fiscalía, rechazando el desalojo, son los fiscales los que deben presentar recursos, no olvidando por parte de los fiscales dar al investigado a la persona que “ocupa” la oportunidad de dar su versión.

Asimismo, la ocupación de bienes inmuebles, ha generado desde que apareció, preocupación social, e inseguridad entre la ciudadanía.

Por lo que, el documento que la Fiscalía hacia público este martes efectúa un estudio de los tipos de penas por esta ocupación de allanamiento y ocupación inmobiliaria, planteando diferentes situaciones en las que se puede plantear esta práctica.

Una instrucción que tiene como objetivo reforzar su intervención en defensa de los derechos de los perjudicados y víctimas de estos delitos, reforzando la rapidez de herramientas legales disponibles legales en nuestro ordenamiento jurídico, que sea capaz de restablecer el derecho legítimo derecho del que denuncia, evitando la persistencia en el tiempo de estas conductas delictivas.

En el documento recogido por la Fiscalía se reconoce un cambio en cuanto a la incidencia de este tipo de delitos, ya que hablamos de un porcentaje que va subiendo en cuanto a la ocupación de inmuebles en el ámbito de delincuencia organizada.

También, señalan casos de ocupación de viviendas de alquiler social, que habitan personas con una economía precaria o personas mayores sin recurso. Para abandonar los inmuebles afectados se exige un pago de cantidades.

Una primera reunión en la que se insta a los fiscales junto a la Comisión Provincial de la Policía Judicial para trasladar estas nuevas pautas acordadas, y recalcando que la denuncia inicial se a de formular en sede policial procurando que el atestado incluya los documentos y declaraciones. Unas circunstancias que deberán incluir los nombres de los posibles autores, su estructura organizativa, y la finalidad de su ocupación, y por parte de la fiscalía el dejar la constancia expresa “de la voluntad del anunciante, víctima o perjudicado favorable a la solicitación de la medida cautelar de desalojo”.

El delito leve de usurpación pacifica de inmuebles, que regular el articulo 245.2 del Código Penal, tiene en cuenta la situación creada cuando la persona que comete el delito es una persona fisica, una persona jurídica de naturaleza publica o ONG, y siempre que no se demuestre que la usurpación produzca una "gran quiebra de la tenencia material sobre el bien que se ha usurpado”.

Por último, otra de las circunstancias que se deben de tener en cuenta según Delgado, son los supuestos en proceso de comercialización o reforma, con el fin de permitir su uso futuro, la fiscalía aquí, los conmina a atender “la concurrencia de otra circunstancia que aconseje la adopción de la medida cautelar”.

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