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PSOE y Podemos inician los trámites para que el Congreso investigue sobre la ‘Operación Kitchen’
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(Foto: Europa Press)

PSOE y Podemos inician los trámites para que el Congreso investigue sobre la ‘Operación Kitchen’

Las informaciones que se conocen de la ‘Operación Kirchen’ ponen al descubierto las cloacas del Estado que puso en marcha, presuntamente, el Gobierno de Mariano Rajoy.

jueves 10 de septiembre de 2020, 13:45h

Las dos formaciones parlamentarias que sustentan al Gobierno que lidera Pedro Sánchez han solicitado formalmente en el Congreso de los Diputados la apertura de una comisión de investigación sobre la denominada ‘Operación Kitchen’, una trama parapolicial presuntamente puesta en marcha en la época en la que Jorge Fernández Díaz ocupaba el Ministerio del Interior. Las investigaciones judiciales que se van conociendo estos días confirman pruebas contundentes sobre los hechos que tenían por objeto buscar y destruir las pruebas que el ex tesorero del PP, Luis Barcenas, pudiera tener sobre la implicación de altos cargos populares con la financiación irregular del partido. Para ello se destinaron recursos públicos, a través de fondos reservados, así como recursos humanos.

Cada día que pasa, las informaciones que se conocen de la ‘Operación Kirchen’ son más preocupantes y ponen al descubierto las cloacas del Estado que puso en marcha, presuntamente, el Gobierno de Mariano Rajoy.

Por ello, el PSOE y Unidas Podemos ya han formalizado su petición para que el Congreso configure una Comisión de Investigación relativa a la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción, durante los mandatos de gobierno del Partido Popular.

Ambas formaciones, en la exposición de motivos, han explicado que el levantamiento del sumario del caso “ha sacado a la luz hechos muy graves de utilización ilegal y partidista” de recursos públicos entre los años 2013 y 2015.

Destacan que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido ya la imputación del ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y la también ex ministra de Defensa y ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Además, las investigaciones apuntan a que el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (PP) fuera conocedor de todo lo que estaba sucediendo.

Tras el registro de la petición de apertura de la investigación, ahora debe ser la Mesa del Congreso la califique y decida se la tramita o no. Y todo hace indicar que tiene muchos visos de salir adelante ya que socialistas y ‘morados’ tendrían el respaldo de la mayoría parlamentaria suficiente.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha afirmado este jueves en una entrevista en Antena 3 que es necesario dicha comisión ya que se están conociendo datos de una investigación que está “muy avanzada” y se trata de “una realidad” no “hipótesis sobre lo que puede estar ocurriendo a un partido u otro”.

La dirigente socialista ha manifestado que “hay una situación absolutamente clara. Se acaba de levantar el secreto de un sumario, es decir, de una fase muy avanzada de la Justicia, donde se están diciendo cosas tan difíciles como que se han utilizado recursos del Estado”.

TODO SI HIZO CON CONOCIMIENTO DE “EL ASTURIANO” SEGÚN UN INFORME POLICIAL

La operación de espionaje a Luis Bárcenas que supuestamente partió desde el Ministerio del Interior era perfectamente conocida por “El Asturiano” apodo por el que se referían los policías al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Así se desprende de un informe de Asuntos Internos que ha adelantado Eldiario.es. Los datos parten de las grabaciones incautadas al Comisario Villarejo tras su detención y la investigación da por hecho que el seguimiento a Bárcenas y a su familia partió desde la Secretaría de Estado de Seguridad cuando ésta era ocupada por Francisco Martínez. Todo ello fue realizado con el conocimiento del “Asturiano y el Largo”. Así conocían a Rajoy y a Javier Iglesias, abogado que según los investigados ejercía de nexo de unión entre el Ejecutivo y Villarejo.

Las investigaciones también apuntan a María Dolores de Cospedal y a su marido ya que se considera que tenían un interés personal en conseguir la documentación que tenía Luis Bárcenas y que podría implicar a altos cargos populares en asuntos de financiación irregular del partido que están siendo investigados en el marco de la Gürtel.

Los policías de Asuntos Internos, han informado a juez en sus investigaciones que “se colige que en realidad se trataría de una operación encaminada a la localización de documentos y archivos comprometedores con dirigentes del Partido Popular, la cual habría tenido un resultado positivo”.

Este es el resultado más desalentador ya que los participantes del operativo habrían conseguido el objetivo de destrucción de pruebas que demostrarían las tramas corruptas de los populares durante años o décadas.

EL GASTO DE LA OPERACIÓN PODRÍA SUPERAR EL MEDIO MILLÓN DE EUROS

La documentación remitida a la Audiencia Nacional detalla los pormenores de la operación. Y también calcula el gasto que podría haber tenido para las arcas públicas este importante operativo para el que no se escatimaron recursos.

Está documentado que se contrató los servicios del chófer de la familia Bárcenas y que se le pagó 2.000 euros al mes por pasar información relevante sobre los movimientos del ex tesorero. En total, los recibís para Sergio Ríos Esgueva, son 25 abonados entre julio de 2013 y septiembre de 2015. Por tanto se gastaron más de 50.000 euros, a los que habría que sumar la compra de una pistola por 700 euros ya que el chófer, Sergio Ríos, consideraba que estaba en peligro su integridad física por el trabajo que estaba realizando.

Pero además, hay que añadir que se utilizaron alrededor de 70 policías para hacer el seguimiento a Bárcenas y a su mujer. Estos miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en realidad pensaban que trabajaban bajo loas órdenes del juez y en el marco de una investigación legal. Pero los datos que reportaban nunca llegaron a la Audiencia Nacional sino que en realidad fueron a parar a altos cargos populares que estaban decididos a conseguir por cualquier método posible la documentación que tenía Bárcenas.

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