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Madrid acata la sentencia del Supremo de anular la venta de 3.000 viviendas del Ivima
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Madrid acata la sentencia del Supremo de anular la venta de 3.000 viviendas del Ivima

miércoles 09 de septiembre de 2020, 17:00h

Una reversión de la venta de 3.000 viviendas sociales a fondos buitre en el año 2013 que el Gobierno de Ayuso considera que afectará solo a uno de los inquilinos.

La Comunidad de Madrid se ve obligada a acatar y a poner en marcha la sentencia por el Tribunal Supremo de marzo, un sentencia en la que se ratificaba la nulidad de la venta de alrededor de 3.000 viviendas del Ivima en el año 2013, al fondo Golman Sanchs-Azora, una decisión, en la que no se ha interpuesto recurso alguno ante el Tribunal Constitucional, en contra de la decisión judicial tomada, lo que ha supuesto una sentencia firme.

Desde la consejería de Madrid comienzan a poner en marcha la sentencia, una sentencia que afecta a una persona cuya vivienda dejará de estar en manos de Encasa Civiles pasando al patrimonio de la Agencia de Vivienda Social, lo que sería el antiguo Ivima. En cuanto al resto de inquilinos afectados, entorno a los 3.000, la Consejería anunciaba que si éstos solicitan la recuperación de su vivienda, esgrimiendo la sentencia firme, en los mismos términos que tenían cuando ésta formaba parte de una vivienda pública, lo tendrán que hacer, afirmando que “estamos a lo que nos digan las juzgados”.

Asimismo, las fuentes del Gobierno Regional dejaban claro que “no figura que la Comunidad tenga que recuperar 3.000 viviendas”, aclarando que, “ya se han vendido 1.213 viviendas de las 2.935 totales de la operación”. Una acción a la que las familias afectadas han solicitado a la Comunidad de Madrid que “asuma el grave error que han cometido” sentándose a negociar con ellos y con Goldman Sachs-Encasa Cibeles, para la recuperación de los pisos, “que malvendió entonces”, una petición que el Gobierno ha descartado tanjantemente.

Un Gobierno autonómico que interponía un incidente de nulidad en contra de la sentencia del Tribunal Supremo que previamente ratificaba lo dictado, y que por consiguiente, anulaba la operación, una operación con una enajenación de 32 promociones de vivienda en arrendamiento que se adjudicaban directamente a Azora Gestión, con transmisión a Ecasa Cibeles S.L.

También, el TS ha querido corroborar la decisión del TSJM, explicando que “si bien existe una motivación razonable sobre la decisión política” que enajena este determinado conjunto de promociones, alegando que, por otro lado, “no se ha justificado adecuadamente”, unos argumentos aportados por ambos recursos en los que “evidencian la carencia de interés casacional”.

El Grupo Socialista a través de una nota de prensa exponía, a través de su portavoz de Vivienda, Cristina González, “su satisfacción” por la sentencia, alegando que “la sentencia reconoce y nos da la razón al planteamiento contrario a esta operación que desde el primer momento mantuvo el GPS”. Una venta que según ella, “nunca se tenía que haber realizado, ya que es una operación especulativa que ha perjudicado a muchas familias”.

Por lo que, la portavoz de Vivienda adelantaba que el GPS presentará una Proposición No de Ley de manera urgente en la se instará al Gobierno de la Comunidad de Madrid, por un lado, para paralizar de manera inmediata los alzamientos y desahucios previstos en estas viviendas y, por otro, para eclamar al Ejecutivo regional “el cumplimiento urgente de la sentencia para todas las viviendas sociales. Esperamos contar con el apoyo de todos los grupos a esta propuesta”, ha subrayado.

Hablamos de 3.000 viviendas que pertenecían al Plan Joven del Instituto de la Vivienda de Madrid, un plan de viviendas que se vendieron en 2013 al Instituto autonómico de la vivienda, por un importe total de 210 millones de euros, un precio a un 20% más del precio fijado de salida, que era de 168,9 millones. Unos pisos que la mayoría constan de dos dormitorios con un máximo de 70 metros cuadrados, ubicados en diferentes localidades de Madrid.

Unos inmuebles que según el informe de la Cámara de Cuentas, órgano fiscalizador de la Comunidad de Madrid, tenían un valor neto exacto de 300 millones de euros, lo que dio lugar a una operación que “contabilizaba como pérdidas” de 98,1 millones de euros debido a la diferencia entre el precio pagado por Goldman Sachs Azora y lo registrado en los libros de cuentas.

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