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El Defensor del Pueblo considera que la declaración del estado de alarma fue constitucional
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(Foto: Europa Press)

El Defensor del Pueblo considera que la declaración del estado de alarma fue constitucional

viernes 04 de septiembre de 2020, 14:04h
Francisco Fernández Marugán, el Defensor del Pueblo, ha declarado que el estado de alarma impuesto el 13 de marzo no fue inconstitucional, puesto que no eliminaba derechos fundamentales sino que únicamente limitaba su ejercicio.

El Defensor del Pueblo Francisco Fernández Marugán ha decidido no interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto 463/2020 del 13 de marzo por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria generada por el Covid-19, así como sus prórrogas. Tampoco serán recurridas las normas dictadas al amparo de este decreto.

Tal y como explicó el Defensor, las medidas tomadas no suspendieron derechos fundamentales, como defendían los solicitantes de los recursos, sino que limitaron el ejercicio de algunos de estos derechos. Defiende que “ni el Gobierno declarando el estado de alarma, ni el Congreso de los Diputados prorrogándolo, quisieron suspender derechos fundamentales. Lo que se quería era confinar a la población para salvar la vida y preservar la salud del mayor número de personas posible”.

Ejemplifica que entre algunas de estas limitaciones se podía observar las restricciones pertinentes a las reuniones, que, si bien debían realizarse con las medidas sanitarias dispuestas por el Gobierno, no fueron suspendidas. “De haber estado suspendido no hubiera habido debate, o éste hubiera sido resuelto siempre, por las autoridades administrativas y judiciales, en sentido negativo”, señala.

Asimismo, Fernández Marugán ha declarado que las medidas impuestas por el Gobierno fueron adecuadas a la gravedad de la situación: “no puede reprocharse que, excluidos los estados de excepción y sitio por no concurrir sus presupuestos, fuera elegida la aplicación del estado de alarma. Era una salida constitucional, proporcionada, realista y orientada a salvar vidas”, apostilla.

En cuanto a las restricciones de libertad de circulación, si bien estaban justificadas en origen, las sanciones por su incumplimiento deberían haber sido objeto de un régimen sancionador específico. Del mismo modo, ha recibido y tramitado quejas sobre ciertas actuaciones policiales durante el estado de alarma.

Por último, el Defensor coincide en que el confinamiento ha tenido una “severa” repercusión en la actividad económica y en la vida de muchas personas y familias.

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