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Firma del acuerdo entre el Gobierno y la FEMP en La Moncloa
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Firma del acuerdo entre el Gobierno y la FEMP en La Moncloa (Foto: Pool Moncloa)

El Gobierno y el PSOE ponen en valor el acuerdo sobre el superávit municipal frente a un PP que amenaza con bloquearlo

martes 11 de agosto de 2020, 13:27h

La gran batalla política de este verano entre el PSOE y el PP se está desarrollando a cuenta del acuerdo firmado por el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias para poner en marcha una fórmula por la que las Entidades Locales puedan utilizar sus remanentes de tesorería para abordar la crisis del coronavirus. El artículo 135 de la Constitución y la Ley Orgánica que lo desarrolla impide a los ayuntamientos reinvertir esos remanentes que ascienden a alrededor de 15.000 millones de euros y que numerosos consistorios mantienen en los bancos. El PP habla de ‘confiscación’ pero los más reacios al acuerdo son los ayuntamientos que no disponen de remanentes y dicen sentirse olvidados. Por eso, Casado dio orden a sus alcaldes de no sumarse al programa aprobado y ha comenzado una ofensiva legislativa con mociones en los próximos plenos para atacar al Ejecutivo. Desde el Gobierno insisten en que el Real Decreto aprobado significa poner en manos de los ayuntamientos 5.000 millones en dos años y recuperar el 100% de sus remanentes en 10 años. Además, detallan que los consistorios ahorrarán otros 70 millones anuales en concepto de intereses.

La firma entre el presidente de la FEMP, Abel Caballero, y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de un acuerdo por el que se pone en marcha un programa que permite desbloquear los remanentes de tesorería de los ayuntamientos está suponiendo una enconada batalla política en este verano del Covid-19.

Desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez defienden el Real-Decreto Ley aprobado recientemente y que tendrá que pasar el trámite parlamentario. Pero la oposición, sobre todo del Partido Popular, no parece dispuesta ceder ni un ápice.

Para entender el asunto hay que remontarse a la reforma exprés de la Constitución que PP y PSOE negociación en la crisis del 2008 para que todas las Administraciones Públicas dieran prioridad al pago de la deuda frente a otras necesidades de inversión. Posteriormente, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria prohibía a los ayuntamientos a incurrir en déficit ni a utilizar sus remanentes de tesorería que debían ir, en todo caso, a reducir su deuda. Desde entonces las Entidades Locales han ‘ahorrado’ alrededor de 15.000 millones de euros que mantienen en los bancos y que, encima, deben pagar por ello al aplicarse tipos negativos. Por cierto, esa ley no tuvo el respaldo de los socialistas y el PP utilizó su mayoría absoluta para sacarla adelante.

Ahora, con la crisis de la pandemia en pleno apogeo, el Gobierno y los representantes de los municipios en el seno de la FEMP han llegado a un acuerdo para que se pueda utilizar ese dinero sorteando la ley. Básicamente, lo que se pone en marcha es una especie de ‘préstamo’ que los ayuntamientos hacen al Estado para que éste ponga a disposición de los consistorios 5.000 millones de euros en los próximos dos años y para que recuperen el 100% de sus remanentes en 10 o 15 años con los correspondientes intereses.

El acuerdo cuenta con el apoyo de los alcaldes socialistas, pero no así de los populares y también de otros grupos políticos. El mayor malestar está en aquellos municipios que no cuentan con remanentes y se consideran olvidados. El Real Decreto asume que habrá que ayudar también a estos ayuntamientos pero no especifica cómo. Es también controvertido el destino del dinero ya que el Real Decreto establece que debe ir a determinadas inversiones. Y algunos ven aquí una rotura de la independencia local.

Regidores como el de Valladolid, Óscar Puente, apuntan a que no es una solución perfecta, pero, al menos, será una gran ayuda para los ayuntamientos. Sin embargo, otros como el de Zaragoza, el popular, Jorge Azcón, (uno de los municipios sin remanentes) hablan de que esto es una auténtica confiscación de los ahorros municipales, aunque obvia que es un mecanismo voluntario que cada ciudad decide si sumarse o no.

Desde las filas socialistas y desde el Gobierno prosiguen su defensa de la vía aprobada. Pero tendrán que convencer a muchos ya que tienen 30 días para que el Real Decreto deba ser ratificado por el Congreso y ahora no tiene la mayoría necesaria para ello. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se ha manifestado en contra de la fórmula buscada y en el seno de la FEMP los ‘morados’ se abstuvieron a la espera de seguir la negociación. Y partidos como ERC o JxCAT se han manifestado también en contra. PP y Vox no se sumarán al acuerdo de ninguna manera, por lo que las cosas se complican.

Este martes, el Gobierno recuerda en una nota publicada por Moncloa que las Entidades Locales que participen en el fondo de 5.000 millones, además se ahorrarán los intereses que hoy tienen que pagar por tener sus remanentes en el banco. Y siguen trabajando para avanzar y sumar apoyos.

Actualmente, las Entidades Locales que disponen de remanentes de tesorería pagan intereses a las entidades financieras, que les aplican tipos negativos de hasta el -0,50% que impone el Eurosistema. Es decir, abonan hasta 70 millones de euros anuales en intereses por tener depositados sus remanentes en las entidades financieras. Sin embargo, con la fórmula aprobada por el Ministerio de Hacienda, las Entidades Locales no tendrán que pagar intereses por prestar sus remanentes al Estado (que se financia a tipos negativos), ya que la Administración Central asumiría ese coste, y además se beneficiarán de un fondo presupuestario de hasta 5.000 millones.

Hay que recordar que las Entidades Locales con remanentes de tesorería reciben un ingreso no financiero del Estado por importe máximo de 5.000 millones que podrán destinar a mejorar la atención a personas mayores o dependientes, incrementar la oferta de vivienda asequible en alquiler o construir escuelas infantiles. La Administración Central asume así mayor déficit para que las Entidades Locales tengan más recursos. Se trata de un fondo presupuestario, cuya adhesión implica que las Entidades Locales se comprometen de manera voluntaria a constituir un préstamo a favor de la Administración General del Estado por sus remanentes de tesorería que les serán devueltos íntegramente en un plazo de 10 años o hasta 15 años si optan por unas condiciones financieras más favorables. Es decir, las Entidades Locales reciben hasta 5.000 millones adicionales y mantienen el 100% de sus remanentes.

Esta fórmula, según el Gobierno, permite que las Entidades Locales incrementen su capacidad de gasto sin incurrir en déficit público, cumpliendo así tanto la Ley de Estabilidad Presupuestaria como la Constitución Española.

En cuanto a la distribución, el Estado transferirá a las Entidades Locales un máximo de 2.000 millones en 2020 y 3.000 millones en 2021. El dinero se liberará en dos años para atender la petición de la FEMP de dar a las Entidades Locales un plazo suficiente para ejecutar los 5.000 millones.

Para ello, las Entidades Locales tienen hasta el 15 de septiembre de 2020 para trasladar su compromiso firme, vinculante e irrenunciable de transferir sus remanentes de tesorería. Por su parte, el Gobierno se compromete a abonar los 2.000 millones del fondo presupuestario correspondiente a 2020 en el período de un mes desde que concluye el plazo para adherirse al mecanismo. Esto significa que las Entidades Locales contarán con los recursos antes del 15 de octubre de 2020.

El ahorro de los intereses negativos se une a otras medidas de alivio financiero municipal incluidas en el decreto aprobado el pasado 4 de agosto como, por ejemplo, la no aplicación de la regla de gasto para las Entidades Locales en 2020.

También se contempla la creación en los Presupuestos Generales del Estado de un Fondo presupuestario de 275 millones de euros para compensar el déficit extraordinario de los servicios de transporte de competencia municipal durante el período del Estado de alarma, así como el que se produzca hasta final de 2020 por reducción de los ingresos por tarifa y costes extraordinarios ocurridos por la COVID.

El Fondo se podrá ampliar a 400 millones de euros siempre que se justifique y acredite la insuficiencia de la dotación inicial.

EL PP HABLA DE ‘CHANTAJE’ DE SÁNCHEZ Y AMENAZA CON QUE LOS ALCALDES POPULARES NO SE SUMARÁN AL ACUERDO

Este lunes, el vicesecretario de política Territorial del PP, González Terol, afirmó que su partido presentó una alternativa a la que aprobó la FEMP y que pasaba por que los consistorios utilizasen sus ahorros y el superávit para hacer frente a las consecuencias de la Covid-19. Pero esta opción choca con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la propia Constitución por lo que podía acarrear repercusiones jurídicas.

Pero los populares se han mostrado muy beligerantes con el actual acuerdo y votaron en contra en el seno de la FEMP. El voto de calidad del presidente decantó la votación y se rompió la posibilidad de avanzar en el acuerdo.


Por María Mir-Rocafort



El PP subraya que el Real Decreto supone “un corralito a los ayuntamientos al impedirles gastar los ahorros acumulados durante los últimos años” y llama a otros partidos a sumarse al ‘boicot’.

Además, anuncian que irán al Constitucional y presentarán mociones contra lo que califican de ‘hurto’.

EL PSOE PONE EN VALOR EL ACUERDO

Por su parte, los socialistas atacan al PP por lo que consideran que es una “manipulación política” y que supondrá “hurtar a los vecinos sus ahorros” y “restar a sus municipios” miles de millones en inversiones.

La secretaria de Política Municipal del PSOE, Susana Sumelzo, ha criticado el llamamiento hecho por la dirección del PP a que los entes locales no participen en el acuerdo alcanzado la pasada semana por el Gobierno y la FEMP, negándose así a disponer de sus remanentes -corralito lo han llamado-, y ha asegurado que “quienes lo hagan estarán hurtando a sus vecinos sus ahorros, reteniendo en los bancos esos ahorros y, en definitiva, restando a sus municipios y restando a sus ciudadanos”.

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