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La decisión judicial de revocar el tercer grado a los presos del procés reaviva el conflicto catalán
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(Foto: Europa Press)

La decisión judicial de revocar el tercer grado a los presos del procés reaviva el conflicto catalán

miércoles 29 de julio de 2020, 11:49h

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 5 de Catalunya decidió este martes aceptar el recurso de la Fiscalía Provincial de Barcelona y anuló el tercer grado a cinco de los presos por el procés independentista. Se trata de Jordi Sánchez, Oriol Junqueras, Jordi Cuixart, Raúl Romeva y Joquim Fonr que deberán reingresar en prisión y volver al segundo grado. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, denunció la medida como “una venganza” e instó al Gobierno a dejar de atacar a Cataluña si quiere seguir la vía del diálogo. El vicepresidente Iglesias criticó en sus redes sociales la decisión judicial. Ciudadanos y PP lanzaron fuertes críticas al líder de UP por sus palabras. Y el Gobierno guarda un prudente silencio. En medio de la lucha contra el Covid-19 vuelve, por tanto, a reavivarse el conflicto catalán en un ambiente preelectoral creciente.

Una vez más, una decisión judicial ha reavivado el conflicto catalán y las acusaciones cruzadas entre los independentistas catalanes y el resto de partidos de ámbito nacional. Este martes, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 5 de Cataluña suspendió el tercer grado de cinco de los presos del procés de independencia catalán a raíz de un recurso presentado por la Fiscalía Provincial de Barcelona.

Por tanto, Jordi Sánchez, Oriol Junqueras, Jordi Cuixart, Raúl Romeva y Joaquim Forn pierden desde este miércoles el tercer grado y los beneficios penitenciarios asociados como es el régimen de semilibertad que les permitía entrar en prisión solo para dormir mientras que durante el día podían ejercer funciones profesionales o de voluntariado.

Fuentes jurídicas afirman que ahora, en su vuelta al segundo grado, los presos podrían seguir disfrutando de beneficios a través del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Pero será solo hasta que el Supremo resuelva el recurso de la Fiscalía al igual que ha hecho ya con la ex presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell que suspendió la semana pasada su semilibertad al entender que se trataba de un subterfugio para dar un tercer grado antes de cumplir un cuarto de la condena.

La decisión judicial abrió de manera inmediata la polémica política. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, emitió una nota oficial en la que cuestionaba abiertamente la voluntad de diálogo del Gobierno de España. Antes en Twitter afirmó que “no, la ley no prevé la venganza como respuesta ¿Este es el diálogo que ofrece España?”.

Para Torra este hecho supone “un nuevo ataque contra la justicia, la democracia y la libertad” y afirmó que se trata de “un caso más de represión contra la voluntad democrática del pueblo de Cataluña”.

Torra destacó que la voluntad de diálogo del Gobierno central está en duda y le conminó a “demostrar que tiene la firme voluntad de detener las hostilidades contra el movimiento independentista catalán”.

Torra advirtió que “nuestras razones nos invitan a prepararnos mejor para definitivamente dejar de ser prisioneros de un estado autoritario que no acepta la voluntad democrática de los catalanes”.

El vicepresidente tercero del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, desde las redes sociales también se sumó a la polémica y volvió a dar muestras de la inoportunidad de sus palabras.

Iglesias afirmó que “he visitado a los 5 en prisión y no albergo ninguna duda sobre su compromiso con la democracia y el diálogo, aunque no comparta en absoluto su proyecto”. Siguió el vicepresidente “no me corresponde valorar la calidad jurídica de una decisión judicial, pero, políticamente, la suspensión de la semilibertad de los presos independentistas es una mala noticia para los que defendemos el diálogo para afrontar el conflicto en el marco legal vigente”.

Y opinó que “sospecho que muchos ciudadanos en Catalunya y en el conjunto de España volverán a tener la sensación de que la justicia no siempre es igual para todos. Que esa sensación se abra paso es malo para nuestra democracia”.

Inmediatamente hubo reacción en los partidos de la oposición. Tanto PP como Ciudadanos han criticado duramente al vicepresidente tercero. El Partido Popular, a través de su vicesecretaria de Política Social, Cuca Gamarra, defendió la decisión judicial y afirmó que no se trata de una cuestión de “venganza” como dijo Torra sino que es “el estado de derecho”. Además, añadió que “en España quien incumple la ley tienen que cumplir las penas que se les imponen en un juicio justo”.

Por su parte, Edmundo Bal, portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados cargó contra Iglesias por “arremeter contra los jueces” y tachó de “bochornosas” las palabras del líder de Unidas Podemos. Por otro lado, Bal también valoró la decisión judicial (justo lo que critica a Iglesias) para decir que es un ejemplo de que “la justicia funciona”.

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