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Un informe basado en bulos y recortes de periódicos ultra, sirve a la jueza Rodríguez-Medel para imputar al Delegado del Gobierno de Madrid
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(Foto: Europa Press)

Un informe basado en bulos y recortes de periódicos ultra, sirve a la jueza Rodríguez-Medel para imputar al Delegado del Gobierno de Madrid

El informe de la Guardia Civil ha sido filtrado por la Cadena SER y eldiario.es y ha originado gran revuelo, por los errores, bulos, recortes falsos, y escasa consistencia, en él contenidos.

martes 26 de mayo de 2020, 14:06h

El próximo 5 de junio, el Delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, deberá comparecer en el Juzgado de Instrucción 51 de Madrid llamado a declarar por la magistrada Carmen Rodríguez-Medel, que ha decidido imputarle por un delito de prevaricación administrativa al permitir los actos multitudinarios del pasado 8 de marzo, entre ellos las manifestaciones feministas del 8-M. La decisión de la magistrada se basa en un informe policial de 81 páginas, que ha sido filtrado por La Ser, en el que se determina que “a partir del 5 de marzo no se debería haber realizado ninguna manifestación/concentración de personas en la Comunidad de Madrid con motivo de la crisis sanitaria del Covid-19, y o celebrar unas y cancelar otras, como al final terminó ocurriendo”. Este informe, al que han tenido acceso, entre otros, ‘eldiario.es’ y la propia Ser, se sustenta en buena parte, en informaciones de ‘Okdiario’ y de la ‘Cope’; en videos sobre informaciones demostradas como falsas; y en interpretaciones sesgadas de declaraciones públicas. A raíz de este informe, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destituido al jefe de la Guardia Civil en Madrid, Diego Pérez de los Cobos, por "pérdida de confianza".

Hace semanas que la ultraderecha de Vox anunció la judicialización de la gestión de la crisis del coronavirus en un ataque frontal y sin escrúpulos y cargado de bulos y falsedades manifiestas, contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Este lunes, 25 de mayo, se vivió el que podría ser el primer episodio de esta nueva deriva política que también está alimentada y alentada por el Partido Popular.

El próximo 5 de junio, el Delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, deberá personarse como investigado ante la jueza Carmen Rodríguez-Medel, titular del Juzgado Número 51 de Madrid. El asunto por el que se le cita es la presunta prevaricación administrativa del dirigente madrileño por permitir los actos multitudinarios en la región de Madrid desde el 5 de marzo, incluida, obviamente, la ya famosa manifestación del 8.M con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Esta grave acusación, que no lleva aparejadas penas de prisión pero sí de inhabilitación, está basada en un amplio informe de 81 páginas elaborado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil al que han tenido acceso tanto ‘eldiario.es’ como la Cadena SER, que desgranan en un extenso artículo las informaciones utilizadas por los agentes por las que llegan a la conclusión, muy discutida y parcial, de que a partir del 5 de marzo no se debería haber realizado ninguna manifestación/concentración de personas en la Comunidad de Madrid con motivo de la crisis sanitaria del Covid-19, y o celebrar unas y cancelar otras, como al final terminó ocurriendo”.

Las ‘fuentes’ utilizadas por los agentes son en la mayoría de los casos artículos periodísticos de medios como ‘Okdiario’ o la Cadena Cope’, así como videos con bulos ya desmentidos y declaraciones de ministros como Pedro Duque, o Salvador Illa, completamente sacados de contexto, así como del director del CCAES, Fernando Simón, también aisladas y sacadas de contexto, y que en realidad dicen lo contrario de lo que interpretan los agentes.

Como ejemplo del sesgo del informe, está el video que aportan los agentes en el que afirman que las ministras y otras representantes públicas llevaban el 8-M guantes de látex, prueba, para ellos, inequívoca de que el Gobierno conocía ya la peligrosidad de la situación frente al Covid-19. Sin embargo, ya se demostró que portar guantes de color morado en los actos feministas es algo que se hace desde hace años, como se puede observar en videos antiguos.

Este frente judicial, ha abierto otra polémica cuestión de forma paralela. Este mismo lunes, cuando se ha conocido la imputación del Delegado JMFranco, que es también Secretario General del PSOE en Madrid, se ha producido la destitución del jefe de la Guardia Civil en Madrid, Diego Pérez de los Cobos. La explicación oficial del ministerio es la ‘pérdida de confianza’ en el cargo policial, que llevada en ese puesto desde abril del 2018. Pero los medios y los partidos de la derecha, en su afán de embarrar al máximo la política española, vinculan este cese a la negativa del agente a informar sobre el contenido de dicho informe, del que ya adelantó su existencia el periódico ‘El Confidencial’. Tanto es así, que la propia jueza que ha llamado a declarar a Franco, ha avisado en una providencia que investigará si este cese tiene que ver con la existencia de dicho informe.

El informe policial recoge profusamente noticias de la prensa conservadora.

Como han desvelado estos medios que han tenido acceso al informe de la investigación de la GC, se imputa a José Manuel Franco por prevaricación, los agentes autores de la investigación de la denominada “Operación Sanitario” hacen una recopilación de informaciones de medios conservadores utilizando como ‘fuente prioritaria’ de información el digital que dirige Eduardo Inda, ‘Okdiario’.

El informe, por ejemplo, alude a unas declaraciones del ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, de finales de marzo, en las que informa que su departamento trabaja desde el mes de enero en la enfermedad. Lo que dice es que investigadores españoles tenían desde el 2 de febrero medios para “investigar la enfermedad”. Nada dice de que se tuvieran ya resultados de esas investigaciones o de las líneas de investigación abiertas. Se entiende más que se comenzó a estudiar el SARS-COV-2 en sí, más que sus consecuencias que no se sabrían hasta muchas semanas después.

Sin embargo, de estas afirmaciones del ministro, el digital ‘Okdiario’ desliza que el Gobierno ya sabía de la peligrosidad del virus y de los efectos que iba a tener la pandemia. Las conclusiones de este medio, las hacen suyas los agentes y determinan que “por todo lo expuesto (…) es parecer de esta instrucción que la Delegación del Gobierno tenía datos objetivos suficientes derivados de las circunstancias concretas de cada caso para haber ponderado bienes y derechos protegidos en nuestra Constitución”.

Otra de las noticias que utilizan los guardias civiles en su informe también procede de ‘Okdiario’. En concreto se refieren a las declaraciones del director del Centro de Coordinación y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, en la que el digital le acusa de afirmar el 28 de febrero que ya se sabía que había “transmisión comunitaria”, es decir, un escenario en el que ya no se puede contener el virus. Pero, el doctor Simón dijo justo lo contrario a lo que le interpreta, en concreto, afirmó que “los casos que se consideran por ahora ‘transmisión comunitaria’ se han podido transmitir a un nivel muy bajo’. Así lo recogió el digital ‘Redacción Médica”.

Otro de los frentes de acusaciones contra Fernando Simón se debe a la prohibición el 6 de marzo del IX congreso Mundial de Asambleas de Dios. Para los investigadores, esta prohibición es la prueba irrefutable de que el doctor Simón y el Gobierno ya conocían las consecuencias del coronavirus y que el motivo por el que no se suspendieron las marchas del 8-M fueron políticos.

Sin embargo, esta es otra de las suposiciones alimentadas desde hace semanas por los partidos de la derecha. En realidad, en esas fechas, las autoridades sanitarias lo único que tenían era un documento del Ministerio de Sanidad, titulado “Recomendaciones de medidas extraordinarias en relación con la situación provocada por el nuevo coronavirus Covid-19’. Se trata de un oficio firmado por el ministro Salvador Illa el 3 de marzo destinado a los consejeros y consejeras de las Comunidades Autónomas.

El oficio, adelantado en su día por ‘Redacción Médica’ y que se puede consultar en este enlace de la Universidad Jaén, afirma que ‘desde el mes de enero, la Organización Mundial de la Salud ha declarado la Covid-19 como ‘emergencia de salud pública de importancia internacional’, por lo que las administraciones públicas “han venido realizando un seguimiento constante de la situación y evolución” de la enfermedad.

En base a ese seguimiento, sigue en oficio, y teniendo en cuenta “las deliberaciones en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, así como de los trabajos realizados a nivel técnico por los grupos de trabajo constituidos (…) se considera oportuno dirigir (…) las siguientes recomendaciones en relación con los eventos deportivos celebrados en el territorio de su comunidad autónoma en los que participen equipos provenientes de las zonas establecidas como de riesgo (…)”.

Por tanto, el oficio citado se refiere a eventos deportivos para que se desarrollen sin público y a puerta cerrada. Además, se recomienda suspender las competiciones no profesionales.

Otro de los documentos aludidos en el informe final de la Policía Judicial es el “comunicado sobre la celebración de reuniones multitudinarias durante el periodo de epidemia de Covid-19”, firmado por la Directora General de Sanidad, Pilar Aparicio Azcárraga. En este documento, en el que se alude al anterior oficio, se recomienda también suspender “los eventos multitudinarios de cualquier tipo", con alta presencia de personas procedentes de cualquiera de las zonas del mundo en las que se ha constatado transmisión del virus SARS-COV-2.

Por tanto, el criterio seguido por las autoridades fue suspender actos en el que se esperase presencia de personas de otros países como iba a ser el Congreso Mundial de Asambleas de Dios. Pero por aquellos días no se consideró un peligro inminente actos con la masiva participación de personas afincadas en España ya que nuestro país no tenía una importante ‘transmisión comunitaria’.

El informe de los la Guardia Civil, prosigue su investigación sumando recortes y noticias de prensa y lecturas parciales de los hechos ocurridos. Todo ello, ha llevado a la magistrada a llamar como investigado a José Manuel Franco.

El origen de este caso está en la denuncia del abogado Víctor Valladares contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los delegados del Gobierno de todas las comunidades autónomas. Obviamente, la magistrada Rodríguez Medel no pudo dar curso a la denuncia conta el jefe del Ejecutivo ya que es asunto del Tribunal Supremo, por ser este aforado. Tampoco puede investigar a todos los delegados del gobierno porque excede de su ámbito territorial. Pero sí siguió con las investigaciones contra José Manuel Franco. Su primera decisión fue retirar el delito de lesiones que se le imputó a José Manuel Franco ya que un informe médico forense descarta “relación de causalidad” entre las concentraciones multitudinarias y los contagios por el coronavirus. Pero mantuvo el delito de prevaricación y pidió informes que demostrases ese delito. Ahí se enmarca el informe policial plagado de errores, de informaciones periodísticas, de interpretaciones de declaraciones públicas y otros aspectos que indican la inconsistencia del atestado policial.

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