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Joaquín Merino y Ramón Escudero
Joaquín Merino y Ramón Escudero

Emerita Resources, la historia de un gigantesco engaño

domingo 08 de marzo de 2020, 11:34h
Los resultados de las últimas investigaciones llevadas a cabo en Andalucía, por parte de para resolver la forma en que se produjo la adjudicación de la mina de Aznalcóllar despejan todas las dudas, por un lado, sobre la honestidad de los funcionarios y responsables públicos, y por otro lado sobre la engañosa estrategia empresarial de Emerita Resources, la empresa “minera” a la que no se le ha conocido actividad minera en España, según se desprende de los informes de la UCO (Unidad Central Operativa de Policía Judicial de la Guardia Civil de España) que derriban la tesis del posible cohecho en la mina de Aznalcóllar.

En Cantabria lo tienen claro, "Se comportan como auténticos trileros. Nos anunciaron que el zinc estaba ahí, que había muchísimo y que habría empleo para media Cantabria y lo único que han hecho es gastar dinero de los socios locales. Si algo nos ha quedado claro es que son una auténtica estafa", aseguraron fuentes de empresarios locales de la zona, incluso alguna de las personas que han trabajado en este proyecto.

Según los mismos, nada en Emertia parece real. No se les conoce actividad minera alguna en España, porque allí donde han participado en concursos de investigación o exploración, solos o acompañados de socios locales, han sido expulsados tras haber evidenciado su insolvencia económica y empresarial, como así sucedió en Cantabria. No parecen tener otra actividad como empresa que la de abonar los gastos judiciales de cinco largos años de procesos judiciales en Andalucía.Como declaró en su día el ex presidente de la SEPI, Vicente Fernández, recogidas en los informes policiales,"la empresa estaba ya en causa de disolución en la fecha del concurso".

Las mismas fuentes aseguran que en realidad, Emerita, no es una empresa minera, sino una empresa que especula con los derechos mineros. Es decir, crean la expectación de la existencia de cantidades ingentes de mineral, se hacen con los derechos mineros a través de los proyectos de investigación y/o explotación y, una vez iniciados, los venden a terceros multiplicando su valor. Son los fondos-buitre mineros, pero capitaneados por chapuceros sin escrúpulos que pensaron que nadie uniría los puntos en el puzzle de sus fracasos mineros en España.

Unos fondos buitres que han especulado con la posibilidad de que los procesos judiciales iniciados en Andalucía mantuvieran viva la llama especulativa que explican en su página web como falso reclamo para incautos posibles inversores. No hay más que entrar en su página web para comprobarlo. Según la UCO "tampoco se ha podido determinar la existencia de ninguna compensación de tipo laboral o retributiva”. Por tanto se desestima el posible cohecho de los funcionarios de la Junta.

Pero hasta su carrera por judicializar este proceso está a punto de acabar en gatillazo empresarial. La hemeroteca de estos cinco años ha visto oscilar las cifras de su oferta de inversión en Aznalcóllar sin el menor escrúpulo y con el máximo de los desparpajos. Comenzaron prometiendo en verano de 2014 que invertirían 230 millones en esa comarca sevillana, pero luego, comprobando que el papel parecía soportarlo todo, acabaron llegando a afirmar para que la Jueza Alaya les creyera, que su inversión llegaría hasta más de 650 millones de euros. No se conoce algo así desde el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Lo peor es que algunos, y sobre todo “alguna”, se lo ha creído.

Este proceso judicial ha servido para descubrir que, cuando anunciaban millones de inversión en Andalucía, la empresa estaba en situación de insolvencia y que, -como se ha descrito en los informes de la investigación policial- para poder cubrir incluso los gastos más elementales tuvieron que acudir a la obtención de préstamos con intereses estratosféricos y ampliaciones de capital emitidas sabiendo que no se cumplirían porque, en realidad, bajo la superficie, no había nada más que barro empresarial. Parece que el respaldo que anunciaban de un misterioso fondo de inversión – “Forbes & Manhattan" – era más declaración de intenciones que realidad contante y sonante. Este desconocido fondo de inversión canadiense tiene como cara más visible a Stan Bharti, un ingeniero nacido en la India, formado en la extinta Unión Soviética y que ahora es Cónsul de Kazajistán en Toronto.

Su estrategia de lograr que la judicialización de Aznalcóllar mantenga viva sus expectativas especulativas está a darse de bruces con la roca de la verdad. El informe de la UCO solicitado por Mercedes Alaya para investigar el presunto delito de cohecho de los miembros de la Mesa de Contratación del concurso viene sumarse a las decenas de pruebas que demuestran la inocencia y la honestidad de los funcionarios y responsables públicos de la Junta de Andalucía que tomaron parte en el proceso.

Sin embargo, Aznalcóllar ha servido para traer a la luz la trama que Emerita ha llevado a cabo en nuestro país en la última década.

En el Principado de Asturias, no fueron capaces de hacer efectivo el pago de la fianza del proyecto Marina y dos años después de iniciados los trámites del permiso de explotación, fueron expulsados del Principado.

En Extremadura, los socios mineros de Emerita y Forbes & Manhattan actuaron como una pareja de mus con las cartas marcadas. El fondo de inversión canadiense solicitó el permiso de investigación de Las Morras y luego lo cedió a Emerita. Tres años de plazo y dos periodos más de prórroga, sin embargo, no fueron suficientes para que la empresa pudiera conseguir liquidez económica para hacer frente a sus compromisos en Extremadura. La Junta de Extremadura les hizo varios requerimientos para que aportaran la documentación que pudiera dar continuidad a la solicitud de explotación de Las Morras. Entre la documentación requerida, el programa de trabajo y las fuentes de financiación con las garantías de su viabilidad, el Plan de Restauración, el estudio de Impacto Ambiental y la acreditación de solvencia económica y financiera para asegurar el aprovechamiento del recurso y el cumplimiento del Plan de Restauración.
Y, como en Asturias, nada de nada. Nueve largos años que acabaron con la cancelación del proyecto por parte de la Junta de Extremadura el pasado mes de enero.

En Cantabria, Emerita anunció a bombo y platillo la reapertura de la antigua mina de zinc de Reocín, consiguiendo que el Gobierno Regional, con Revilla a su cabeza les creyera. Trece meses después de otorgarles los permisos, los informes emitidos por los técnicos del Gobierno de Cantabria fueron demoledores: de 146 sondeos prometidos, sólo 6 realizados; y de 17 millones de euros de inversión comprometidos, reconocen haber invertido poco más de 1 millón que, además, ha corrido a cargo de los socios locales. La conclusión no podía ser otra que su expulsión fulminante de Cantabria hace escasas semanas. Fuentes cercanas a los socios locales y al Gobierno Regional advierten que está por ver si no ejercitan acciones judiciales contra Joaquín Merino y Ramón Escudero, los personajes principales de Emerita y su “cara” en el Norte y en el Sur de España.

El hecho diferencial en Andalucía es Mercedes Alaya, la única magistrada en toda España engañada por EMERITA, que ha dado cobertura judicial a sus fechorías y que ha mantenido viva la llama especulativa de estos auténticos buitres, a costa del sufrimiento de los investigados por esta causa y también a costa del erario público porque costará saber el monto económico que ha supuesto el retraso de la puesta en marcha de la Mina de Aznalcóllar.

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