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La Ley de Cambio Climático y Transición Energética inicia la recta final de su tramitación administrativa
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La Ley de Cambio Climático y Transición Energética inicia la recta final de su tramitación administrativa

martes 11 de febrero de 2020, 13:00h
El anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (APLCCTE), que será el marco normativo e institucional para facilitar la progresiva adecuación de nuestra realidad a las exigencias que regulan la acción climática, inicia la recta final de su tramitación administrativa. Esta herramienta facilitará y orientará la descarbonización de la economía española en un plazo previsto hasta 2050.

El anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética ha entrado en la recta final de su tramitación administrativa. Una ley que, según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, "facilitará y orientará la descarbonización de la economía española a 2050, una descarbonización que tiene que ser socialmente justa".

El Ministerio afirma que el nuevo borrador del proyecto es un texto reforzado en materia de ambición, gobernanza, participación y transparencia. Tras haber sido sometido a información y audiencias públicas, e incorporar alegaciones de este proceso, el siguiente paso será su toma en consideración por parte del Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), principal órgano de encuentro y participación entre la Administración General del Estado y los sectores sociales y económicos relevantes para el medio ambiente. El Consejo se reunirá el próximo lunes 10 de febero.

Después, el borrador de anteproyecto será tratado en Conferencia Sectorial con las Comunidades Autónomas y por el Consejo de Estado, paso previo a su remisión al Consejo de Ministros antes de iniciar su tramitación parlamentaria.

La vicepresidenta para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha destacado la importancia de que el anteproyecto “llegue cuanto antes al Parlamento para el debate y enriquecimiento por parte de los grupos parlamentarios”.

Además, el nuevo título establecerá un Comité de Cambio Climático y Transición Energética que evaluará y podrá recomendar políticas y acciones en materia de Clima y Energía, elaborando un informe anual que será remitido al Congreso de los Diputados.

Entre las medidas más destacadas, los municipios de más de 50.000 ciudadanos y los territorios insulares establezcan zonas de bajas emisiones no más tarde de 2023 y y fija que cualquier medida que suponga una regresión de las zonas de bajas emisiones ya existentes deberá contar con el informe previo de las Administraciones estatales o autonómicas competentes en materia de protección del medioambiente.

También, para favorecer la expansión del vehículo eléctrico, el Gobierno desarrollará y pondrá a disposición del público una plataforma de información sobre puntos de recarga, se deberán instalar puntos de recarga en las nuevas edificaciones, y las nuevas construcciones de suministro de combustible deberán instalar un punto de recarga eléctrico.

En esta misma línea, el nuevo anteproyecto introduce obligaciones de instalar al menos un punto de recarga rápida -50 kW- en aquellas estaciones de servicio que, por tener un volumen de ventas superior a los 5 millones de litros de gasóleo y gasolina, disponen en principio de mayor capacidad económica y financiera para hacer frente a la inversión requerida. Se trata de un 9% del total de la red de gasolineras.

Por otro lado, se prevé que el sector del transporte marítimo y puertos reduzca paulatinamente sus emisiones, con un objetivo de cero emisiones directas de los buques cuando estén amarrados o fondeados en los puertos de competencia del Estado para el año 2050. Para ello, se promoverán cadenas logísticas sostenibles. De igual modo, se establecerán objetivos anuales de suministro de biocarburantes en el transporte aéreo, con especial énfasis en los de carácter avanzado y los procedentes de fuentes renovables de origen no biológico.

Para alcanzar una movilidad sostenible, el anteproyecto mantiene que todas las administraciones deben adoptar medidas para alcanzar en 2050 un parque de turismos y de vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2. A tal efecto, se trabajará con el sector y se pondrán en marcha medidas que faciliten la penetración de estos vehículos, que incluirán medidas de apoyo a la I+D+i.

Además, el nuevo texto del anteproyecto amplía el porcentaje de los Presupuestos Generales del Estado que deberán contribuir a los objetivos en materia de cambio climático y transición energética. La cantidad final, que será equivalente a la que se acuerde en el Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea, será en cualquier caso superior a la anteriormente fijada (20%).

El anteproyecto que llegó al Consejo de Ministros en febrero de 2019 establecía que las entidades admitidas a negociación en mercados regulados, entidades de crédito, entidades aseguradoras y reaseguradoras y sociedades por razón de tamaño han de presentar un informe en el que hagan una evaluación del impacto de los riesgos asociados al cambio climático generado por la exposición a éste de su actividad.

El nuevo texto incorpora una obligación al Operador del sistema eléctrico, al Gestor Técnico del sistema gasista y a la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH). Cada dos años y en el ámbito de sus respectivas competencias, estas entidades deberán elaborar un informe en el que se haga una evaluación de los riesgos y oportunidades asociados a un sistema energético descarbonizado sobre las actividades de la entidad, su estrategia y su planificación financiera.

Asimismo, y de acuerdo con la estrategia de descarbonización a 2050, el Gobierno podrá requerir al operador del mercado, al operador del sistema, al transportista y a los distribuidores la elaboración y presentación de una estrategia de descarbonización en su ámbito de actuación. En ella, se podrán anticipar nuevas soluciones y adaptaciones necesarias en el marco regulatorio.

También se añade la consideración del cambio climático en la seguridad alimentaria. Para ello, se establecerán objetivos estratégicos concretos, indicadores asociados y medidas de adaptación encaminados a mitigar los riesgos en seguridad alimentaria asociados al cambio climático.

Otra de las novedades que el texto establece, es que las comunidades autónomas informen a la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático a partir del 31 de diciembre de 2021 de los planes de energía y clima con los que cuenten y se fija que los planes, estrategias, instrumentos y disposiciones que se adopten en materia de lucha contra el cambio climático deberán desarrollarse bajo fórmulas que garanticen la participación de los agentes sociales y económicos interesados, y del público en general.

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