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El gobierno de Murcia con PP y Vox avanzan en el veto parental
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El gobierno de Murcia con PP y Vox avanzan en el veto parental (Foto: EP)

Contra el "veto parental" coeducación

domingo 19 de enero de 2020, 22:51h
Las niñas y niños son personas aunque sean menores de edad, porque tienen su propia personalidad, incluida la jurídica. Son sujetos de derechos, que son reconocidos por la legislación interna e internacional. La Convención de los Derechos del Niño, ratificada por España en el año 1990 y la Constitución española en su art. 27, junto con la L. O. 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, así como la Declaración Universal de Derechos Humanos, constituyen el marco definitorio de esos derechos.

Vienen estas reflexiones a cuento del debate existente estos días acerca del denominado PINParental o el veto de algunos padres a determinados aspectos de la educación escolar que reciben sus hijos e hijas, exigido por VOX al PP y a Cs para prestar su apoyo a la aprobación de los Presupuestos en las CCAA en las que gobiernan, habiéndolo aceptado ya el PP en la Comunidad de Murcia, estando actualmente pendiente en la de Madrid y Andalucía.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 10/12/1948, establece en su art. 26 que “La educación tiene como objeto el pleno desarrollo de la persona humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales”, contenido que se trasladó al art. 27 de nuestra Constitución, que en su apartado 2 dispone que “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertados fundamentales.”

la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece la fiscalización del Estado en cuanto a los contenidos y a la homologación de las enseñanzas, obligación que igualmente se contempló en el art. 27 de la Constitución.

Asimismo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece la fiscalización del Estado en cuanto a los contenidos y a la homologación de las enseñanzas, obligación que igualmente se contempló en el art. 27 de la Constitución.

La educación es un derecho humano y, como yo la entiendo, debe desarrollar, no solo el conocimiento, sino también un pensamiento crítico y debe proporcionar a nuestros hijos e hijas una formación cívica y emocional; que conozcan los derechos y deberes democráticos y que, en definitiva, reciban una formación y un desarrollo integral.

La L.O. 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, establece en su artículo 5.1 que: “Los poderes públicos en el desarrollo de sus políticas sanitarias, educativas y sociales garantizarán: a) La información y la educación afectivo sexual y reproductiva en los contenidos formales del sistema educativo.”

Los menores, por lo tanto, tienen el derecho a recibir esta educación y el estado debe garantizarla. Y ni los apdres ni las madres pueden sustraer a sus hijos e hijas este derecho.

Conculcan los derechos de sus descendientes y podría, en su caso, dar lugar a responsabilidades por un ejercicio inadecuado de la patria potestad

De manera que las maniobras y los vetos de la extrema derecha a que sus hijos e hijas reciban una educación integral, cuyos contenidos están sometidos al control del Estado, de las CCAA, de los Consejos Escolares y de las AMPAS, en las que están las y los progenitores, son ilegales. Conculcan los derechos de sus descendientes y podría, en su caso, dar lugar a responsabilidades por un ejercicio inadecuado de la patria potestad (a ver cuando suprimimos de nuestro Código Civil este término machista para definir las responsabilidades del padre y de la madre sobre la descendencia menor de edad).

Se ha producido, afortunadamente, una reacción universal en contra de este veto y se han quedado solos, VOX y el PP, defendiendo esta posición preconstitucional y prediluviana de requerir autorización expresa de los padres y las madres para que los hijos reciban determinada formación curricular.

La educación es la clave del progreso y es una de las formas más eficaces de reducir las inequidades sociales. Tenemos un buen sistema educativo público, que tiene que garantizar el derecho efectivo a una educación de calidad e igualitaria que permita una buena y no discriminatoria inclusión social y laboral.

La escuela y la educación son la clave para erradicar la desigualdad entre mujeres y hombres y con ello, para poner fin a la violencia de género, en su sentido más amplio

Si algo echo en cara a nuestro sistema educativo es que aún no se ha convulsionado; que, a pesar de los muchos esfuerzos realizados, que me constan, no es un sistema que forme en la igualdad a niñas y niños, que destierre los roles y los estereotipos a esas edades que son definitivas en la formación de las personas. Que coeduque.

Esta es la lucha que debe emprender el sistema educativo si queremos que nuestra infancia y juventud se formen en valores democráticos de respeto, solidaridad, compañerismo, e incluso en los valores de compasión y bondad, tan olvidados, si no denostados, como nos explicaba hace unos días la extraordinaria socióloga y profesora Amparo Tomé.

Ellos acudirán a la prostitución para reproducir lo que han aprendido en la pornografía y ellas, o tendrán una sexualidad desastrosa, o serán explotadas por ellos, que se convertirán en puteros

La escuela y la educación son la clave para erradicar la desigualdad entre mujeres y hombres y con ello, para poner fin a la violencia de género, en su sentido más amplio. Quiero que sea la escuela quien proporcione educación afectivo sexual a nuestras chicas y chicos y estoy muy indignada porque, en su lugar, esta sociedad consumista les proporciona a todos unos teléfonos móviles con los que, sin barrera alguna, pueden acceder a una pornografía profundamente machista, que somete y veja y maltrata a las mujeres. Y ellos y ellas aprenden esa manera de relacionarse sexualmente, que les hará unos desgraciados en sus relaciones.

Ellos acudirán a la prostitución para reproducir lo que han aprendido en la pornografía y ellas, o tendrán una sexualidad desastrosa, o serán explotadas por ellos, que se convertirán en puteros. Pero, ¿cómo esos del pin parental no se indignan con esto?

En 14 Estados de la Unión Europea la educación afectivo sexual es una asignatura reglada. Hagámoslo también en nuestro país; la Ley de 2/2010 ya establece que el Estado debe garantizar esta formación desde el sistema educativo.

Estos mismos que no se indignan porque sus hijos, incluso de 8 años, accedan libremente a pornografía, defienden la educación segregada, que, para nuestra desgracia, ha sido sancionada por el Tribunal Constitucional, con el voto particular, es cierto, de la magistrada María Luisa Balaguer. La educación segregada por sexos la implantó Franco después de la guerra y es una forma muy eficaz de educar en la desigualdad a mujeres y hombres.

De manera que, la extrema derecha, por un lado, se niega a que los hijos reciban educación sexual en la escuela y, por otro, les permiten acceder a contenidos pornográficos, porque son de acceso libre y, finalmente, exigen clases separadas para chicas y para chicos, como ya nos obligaron a hacer a las personas que tenemos cierta edad y no nos ayudó en nada. Todo lo contrario. Cuando seguimos los estudios y tuvimos que compartir aulas con los chicos, debimos hacer un aprendizaje que, a veces, fue doloroso.

Urge por tanto universalizar la coeducación, porque coeducar significa no establecer relaciones de dominio que supediten un sexo a otro, sino incorporar en igualdad de condiciones las realidades y la historia de las mujeres y de los hombres para educar en la igualdad desde la diferencia.

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