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A sus 15 años, la Ley Integral está en plena vigencia
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A sus 15 años, la Ley Integral está en plena vigencia

En el mes de octubre de 2014 ONU Mujeres galardonó a la Ley Integral con una Mención de Honor porque se trata de una de las normas más eficaces en el mundo para combatir la violencia contra las mujeres.

viernes 27 de diciembre de 2019, 23:16h

La LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, fue una propuesta hecha por el movimiento feminista a los partidos políticos, que fue asumida por el PSOE, partido que la llevó al Parlamento el mismo año en el que ganó las elecciones con José Luis Rodríguez Zapatero como Presidente de Gobierno y fue aprobada por unanimidad de todos los partidos políticos, siendo publicada en el BOE el día 29.12.2004. Es una ley que gozó de un consenso inaudito, que quizá hoy hubiera sido más difícil conseguir.

La asociación de Mujeres Juristas Themis tuvo mucho que ver en los prolegómenos y elaboración de la ley. Había gran preocupación por la falta de respuesta judicial a la violencia contra las mujeres. En los años 1999 y 2000 se llevaron a cabo por Themis dos estudios amplios, de aproximadamente 2000 expedientes judiciales completos cada uno de ellos, en la Comunidad de Madrid y en la de Castilla La Mancha: y en ambos estudios se llegó a conclusiones similares: el 90% de la violencia en la pareja la ejercían los varones sobre las mujeres; la mayor parte de las denuncias por malos tratos se solventaban en juicio de faltas con sanciones ridículas; la violencia psicológica quedaba siempre impune; las condenas eran irrisorias, al extremo que en muchas ocasiones eran multas económicas, que se pagaban con cargo al patrimonio común del matrimonio, es decir, las pagaba la víctima. Y, junto con otras asociaciones de mujeres feministas, se realizó el esbozo de ley integral contra la violencia de género, que se hizo llegar a los partidos políticos que, con las modificaciones pertinentes y a propuesta del PSOE, vio la luz en el BOE el día 29 de diciembre de hace quince años.

Nuestra LO 1/2004 marcó un hito en la lucha institucional contra la violencia que sufren las mujeres en la relación de pareja, haciendo de la violencia de género un problema de Estado. Y fue un importante avance en la lucha por conseguir la igualdad real, porque configura la violencia de género como una manifestación extrema de la desigualdad existente entre mujeres y hombres. Sacó los malos tratos del ámbito privado y ha dado visibilidad a un gravísimo problema.

El movimiento feminista objetó desde el principio que la ley no contemplaba otras violencias machistas, sobre todo la violencia sexual.

Fue y continúa siendo una ley muy moderna y diferente a todas las demás, porque aborda la violencia de género en la pareja desde muy diferentes perspectivas, lo que no es habitual en la técnica legislativa; no se limita a las cuestiones de política criminal, sino que regula ampliamente la prevención en todos sus aspectos, tanto educativos, como sanitarios, en los medios de comunicación y en la publicidad, entre otro; los recursos; la tutela penal; crea Juzgados especializados y otros organismos especializados, y también endureció las penas a los maltratadores varones.

El movimiento feminista objetó desde el principio que la ley no contemplaba otras violencias machistas, sobre todo la violencia sexual. Pero fue correcto en ese momento limitarla a la violencia del hombre sobre la mujer como consecuencia de la relación de pareja, porque era un problema importantísimo que generaba muchas muertes, sufrimiento y gran impotencia y la ley consiguió darle visibilidad y ponerlo en la agenda política. Otras manifestaciones de la violencia machista, no todas tampoco, porque faltan algunas como vientres de alquiler y prostitución, pero si están la mayoría, se encuentran contempladas en el Convenio de Estambul, de aplicación directa en nuestro país desde su ratificación y publicación en el BOE en el mes de junio de 2014, con independencia de que deberá legislarse al respecto.

Nuestra Ley Integral contra la violencia machista, la LIVG, ha servido de modelo en muchos países. Actualmente, Francia, país que nos ha llevado la delantera en muchas cuestiones que afectan a reconocimiento de derechos de las mujeres, está guiándose por nuestra legislación y por nuestra experiencia en su aplicación para modificar su legislación en materia de lucha contra la violencia de género. Esto debe ser un motivo de orgullo.

¿Sigue siendo necesaria la ley integral?

Sin duda, sí. La violencia machista en la pareja continúa existiendo. La ley es un instrumento más en la lucha para la modificación de las conductas machistas; las leyes no cambian las mentalidades, pero sí contribuyen a ello y a diario se sigue aplicando. Los Juzgados de Violencia están llenos de trabajo. Ello no significa tampoco que la Ley no haya servido, puesto que, algunos dirán, la violencia continúa existiendo. Quienes defendemos ante los tribunales a las mujeres víctimas antes de la existencia de la ley y después de su entrada en vigor, sabemos muy bien de qué hablamos. Contar con asesoría jurídica especializada gratuita; con asesoría psicológica; con recursos habitacionales y laborales y económicos, aunque éstos más bien escasos; contar con juzgados y fiscalía especializadas y con otros muchos recursos más, es lo que objetivamente permite a las mujeres que se encuentran en esa difícil situación poder salir de ella.

- Ha proporcionado esperanzas y medios a muchas mujeres que consideraban imposible salir de una relación violenta, y les ha permitido iniciar una vida sin violencia.

- Ha servido para que casi 1.500.000 mujeres en estos años de vigencia de la ley, hayan acudido a la Justicia para intentar romper la vida con el violento y hayan podido comenzar a vivir ellas y sus hijos e hijas en paz.

- Ha permitido visibilizar la violencia y aproximarnos a las cifras del horror denunciado y del no denunciado. Porque hemos podido conocer cada año, del número de víctimas mortales, cuantas habían denunciado y cuantas no, siendo el 72% la media de víctimas mortales de los tres últimos años que no habían interpuesto denuncia.

- Ha servido para sensibilizar a la sociedad frente a este importante problema. Lo ha puesto en la agenda política y se ha dotado con recursos para prevenir, proteger y penalizar.

El transcurso de estos años también nos ha permitido ver las debilidades de la ley

Muchas de estas debilidades han quedado recogidas en las más de 200 medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, firmado en septiembre de 2017 por todos los partidos políticos, salvo uno, que se abstuvo, y, aunque algunas de las medidas del Pacto han sido ya abordadas tras la llegada al gobierno del Partido Socialista por el RDL de 3 de agosto de 2018, quedan otras pendientes de ser materializarlas, lo que es urgente.

A mi juicio muchas de las debilidades detectadas en este tiempo, se producen no en el contenido de la Ley, sino en la aplicación de la Ley, y, con el fin de mejorar el resultado de esta larga batalla para la erradicación de la violencia machista, señalo algunas de ellas.

1.- La primera tiene que ver, a mi modesto entender, con un problema que se manifestó desde su entrada en vigor. Y es que, a pesar de que la Ley Integral fue una ley unánimemente aprobada en el Parlamento, no fue aceptada por parte importante del sistema judicial, al igual que en su día se produjo rechazo hacia el delito de malos tratos habituales o el de impago de pensiones, incluidos en el Código Penal en la reforma llevada a cabo en el año 1989.

La LO 1/2004 es la Ley Orgánica de la democracia sobre la que más cuestiones de inconstitucionalidad se han planteado por parte de los jueces. Interpusieron unas 200 y se admitieron unas 160. Fueron desestimadas por el tribunal Constitucional que resolvió, por mayoría, que el contenido de la LIVG se adecuaba plenamente a la Constitución y a la interpretación constitucional del art. 14 de la misma. Esta exagerada resistencia de algunos jueces a aceptar la ley Integral, venimos observándola en su aplicación durante estos años.

El rechazo hacia la LIVG por parte de algunos operadores jurídicos, deriva de una incomprensión, cuando no desacuerdo, y conlleva una revictimización de las víctimas.

¿Por qué?

Cuando las mujeres y niñas y niños denuncian a los hombres por violencia machista, tienen escasa credibilidad. Se desconfía de sus relatos y de sus testimonios.

Desconfiar de los relatos de las mujeres en sede judicial, es la forma en la que se concreta juzgar sin perspectiva de género, es decir, sin remover los estereotipos de género.

Hay un cuestionamiento de los testimonios de las mujeres que no se produce cuando denuncian por otros delitos. Este es el prejuicio. Y ello hace desistir o apartarse a muchas mujeres de sus denuncias y a otras, les disuade de ir a denunciar.

El prejuicio machista, el estereotipo, es lo que hace que el juez reste credibilidad al relato. Si la mujer que denuncia no es la víctima perfecta, esto es, una persona frágil y sumisa, la incredibilidad es total.

Los prejuicios machistas afectan como digo a la credibilidad de las declaraciones de las mujeres y pueden hacer que los jueces comprometan la imparcialidad en sus resoluciones, pudiendo dar lugar a la denegación de justicia, incluida su revictimización, como advirtió recientemente el Comité de la CEDAW cuando resolvió sobre la denuncia de Angeles Carreño, cuya hija fue asesinada por el padre, tras haber solicitado ella en más de 30 ocasiones que las visitas fueran tuteladas y haberle sido denegada su petición todas esas veces, por no haber sido creída.

Aplicar la perspectiva de género es una obligación que impone nuestro derecho interno e internacional. Aplicarla al impartir justicia, no es más que aplicar el principio de igualdad.

La resistencia de jueces a formarse en perspectiva de género en su práctica profesional, es generalizada. Creen que no la necesitan porque conocen bien la técnica del derecho y consideran que la formación en perspectiva de género es más ideológica que profesional. Y están en un grave error.

Ello ha hecho que por ejemplo el convenio de la CEDAW no ha estado en los temarios de las oposiciones a judicatura, a pesar de tratarse de un convenio de aplicación en nuestro país.

Esta absoluta necesidad de formación en perspectiva de género es predicable del resto de operadores jurídicos y a este respecto se debe señalar que en ninguna Facultad de Derecho se estudian las asignaturas con perspectiva de género, lo cual es totalmente necesario si se quiere analizar la realidad de cualquier rama del Derecho desde todo su ámbito de aplicación personal: las mujeres y los hombres.

Sin embargo, al respecto debo señalar que la jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo sobre los requisitos de credibilidad de las víctimas y sobre la interpretación de las leyes con perspectiva de género, ha evolucionado favorablemente en estos años de vigencia de la LIVG, pasando de valorar su declaración como la de un coimputado, a la reciente jurisprudencia, recogida en varias sentencias como las 247/2018, 282/2018, 371/2018, 396/2018, 420/2018, 99/2019, 119/2019 y 344/2019, entre otras, en las que señala que, no solo hay que atender a lo que dice (la víctima), sino a cómo lo dice, su expresión corporal, el lenguaje gestual de la víctima.

Los retos más importantes en la lucha contra la violencia de género, en relación con la Ley Integral, son a mi juicio los que siguen

- La formación en igualdad, en perspectiva de género, de todos los operadores jurídicos, fundamentalmente a los y las aplicadores de la ley, jueces.

- Desarrollar la Ley Integral en los contenidos preventivos, fundamentalmente en la educación. Hemos de llevar la igualdad a la educación sí o sí. Comenzando por las escuelas infantiles y finalizando por la Universidad. Mientras no consigamos resultados en la educación, no comenzaremos a erradicar la violencia contra las mujeres. Y la ley no puede desplegar toda su eficacia mientras todo su contenido no se dote económicamente y se ponga en marcha.

- Cada mujer víctima de violencia de género tiene derecho a ser protegida de manera adecuada a su situación. Se debe continuar creando Unidades de Valoración Forense Integral, como equipos multidisciplinares, especializados, que auxilien a los jueces para valorar el riesgo existente y los daños sufridos por mujeres e hijos e hijas. Esta petición se repite año a año en la Memoria de la Fiscalía especializada y es realmente necesario tenderla.

En definitiva, se trata de materializar todas las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Nuestra ley, a pesar de ser una ley integral, hace pivotar en exceso su contenido alrededor del sistema penal y éste no sirve para cambiar la realidad. El sistema penal, construido por hombres esencialmente, no es un buen aliado de las mujeres y menos cuando denuncian por violencia machista a aquellos. Por eso es muy importante desplegar todo el contenido preventivo y protector de la Ley Integral y esperar que, cuando cumpla otros quince años, ya no sea necesaria.

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