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Caso ERE en Andalucía, no es corrupción sino mala praxis administrativa
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(Foto: Europa Press)

Caso ERE en Andalucía, no es corrupción sino mala praxis administrativa

martes 19 de noviembre de 2019, 11:49h

La Audiencia de Sevilla vivió hace casi un año el juicio por los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente irregulares en Andalucía. Los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, junto a otros 19 encausados, conocerán hoy si la justicia considera que hubo un plan por parte de la Junta para conceder ayudas a personas y empresas afines a cambio de su apoyo electoral. Dos semanas después de lo previsto, la resolución llega en plenas negociaciones por parte del PSOE para la investidura del candidato a la presidencia del Gobierno central, Pedro Sánchez.

Lo que la Audiencia de Sevilla debe dilucidar este lunes es si entre el 2001 y el 2009 se llevó a cabo una estrategia para facilitar prejubilaciones y acelerar ayudas públicas a empresas en crisis, un sistema "totalmente opaco", tal y como defendió la Fiscalía, que se habría constituido para "eludir deliberadamente todo tipo de control y poder otorgar subvenciones a empresas afines al PSOE", algo que habría supuesto a las arcas públicas un coste de 680 millones de euros, de los que se sospecha de un uso fraudulento de 146,1 millones de euros, ya que del resto ha quedado probada su legalidad.

Por todo ello, la Fiscalía Anticorrupción pidió diez años de inhabilitación para el expresidente Chaves y los exconsejeros Magdalena Álvarez, Gaspar Zarrías, José Salgueiro, Francisco del Río y Antonio Lozano por prevaricación, y penas de cárcel de entre 6 y 8 años por el mismo delito, al que se añade otro de malversación de caudales públicos para otros 15 acusados, entre ellos Griñán y varios exconsejeros.

En concreto, se trata de dos expresidentes, siete exconsejeros, dos exviceconsejeros, tres ex directores generales, dos ex directores generales del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), tres ex secretarios generales técnicos, un exjefe del gabinete jurídico y un ex interventor general de la Junta.

¿Qué papel tenían los presidentes y consejeros en la supuesta trama?

Esta es la crítica principal de la Fiscalía, que considera que los altos cargos socialistas deberían de haber puesto "freno" también a la Consejería de Empleo, bajo el mando del acusado Francisco Javier Guerrero, a través de la que se realizaban las polémicas transferencias de financiación del programa 31L, más conocido como 'fondo de reptiles', repartidas por el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), luego renombrado como la agencia IDEA (Innovación y Desarrollo de Andalucía). El monto final ascendió a 854.838.243 euros, del que Anticorrupción señala que el 80% se destinó a financiar las prejubilaciones de 5.982 trabajadores andaluces.

Aluden también a los avisos de la Intervención General de la Junta sobre que el procedimiento "puede ser ilegal", algo en lo que se hizo mucho hincapié en el juicio del pasado mes de diciembre, cuando quedó visto para sentencia después de un año, cuatro días y hasta 152 sesiones.

Por lo pronto, se sabe que la sentencia de Juan Antonio Calle Peña y las magistradas Pilar Llorente y Encarnación Gómez será de lo más extensa, con más de mil folios, y que para elaborarla han necesitado las declaraciones de los acusados, de más de 120 testigos, cuatro agentes de la unidad central operativa (UCO) de la Guardia Civil y nueve peritos.

"Un sistema que fue aprobado año tras año por el Parlamento en los presupuestos y cuya partida era transparente"

Cabe recordar que la defensa de los acusados argumentó que este sistema, que ahora se pone en duda, "fue aprobado años tras año por el Parlamento en los presupuestos" y que, por tanto, "la partida 31L era transparente". Por último, destacar que el interventor general de la Junta nunca halló menoscabo de fondos públicos, "y tampoco alertó de que el procedimiento fuera ilegal".

¿Qué implicaciones puede tener para Sánchez?

Pese a las esperanzas que ha puesto el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, en cada una de sus intervenciones de las últimas semanas en las que alude a que Pedro Sánchez puede sufrir la misma suerte que tuviera Mariano Rajoy con aquella moción de censura que precipitó su gobierno, a priori se descarta cualquier efecto negativo que pueda tener la sentencia en el actual secretario general del PSOE, ya que en aquel momento no tenía responsabilidades en las filas socialistas.

Por parte de Susana Díaz, llegó al Gobierno andaluz en el 2012, tres años después de las fechas investigadas (entre el 2000 y el 2009), además, pese a la insistencia del PP, el propio juez Calle descartó citarla como testigo.

Por último, hay que destacar que estamos ante un procedimiento que, a diferencia del 'caso Gürtel', en el de los ERE no se investiga la financiación ilegal de un partido político.

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