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Siete entidades sociales han pedido a la Fiscalía General del Estado que investigue a Vox por delitos de odio

Siete entidades sociales han pedido a la Fiscalía General del Estado que investigue a Vox por delitos de odio

jueves 07 de noviembre de 2019, 20:28h

Siete entidades sociales han solicitado a la Fiscalía General del Estado que investigue si la difusión de varios vídeos de Vox, creados y difundidos en sus redes sociales y páginas web con motivo de su campaña electoral, puede implicar un delito de odio. Los vídeos difunden mensajes “claramente xenófobos y discriminatorios que promueven el odio hacia la población migrante, poniéndola en situación de grave peligro”.

Siete entidades sociales han solicitado a la Fiscalía General del Estado que investigue si la difusión de varios vídeos de Vox, creados y difundidos en sus redes sociales y páginas web con motivo de su campaña electoral, puede implicar un delito de odio plasmado en el Código Penal.

Estas entidades han presentado un escrito en la Fiscalía donde expresan que esos vídeos difunden mensajes “claramente xenófobos y discriminatorios, que promueven el odio hacia la población migrante, poniéndola en situación de grave peligro”.

Los vídeos de Vox, que “criminalizan” a los inmigrantes y fomentan “situaciones idóneas para generar un peligro cierto e inminente a este colectivo”, pueden suponer un delito de odio del artículo 510 del Código Penal y que ese artículo establece penas de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses a quien realice públicamente el fomento, promoción o incitación, ya sea directa o indirecta, al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra las personas por motivos racistas o por pertenencia a un origen nacional distinto, según han indicado estas entidades.

Además, estos organismos acuden al Defensor del Pueblo y a la Fiscalía General del Estado a que admitan el escrito que han presentado y que comiencen de forma “urgente” la investigación de estos hechos. Por último, han instado a todos los políticos a que “no utilicen a las personas refugiadas, migrantes y racializadas con fines electoralistas y centren sus campañas en las propuestas de cada partido para mejorar la protección de las personas y colectivos vulnerables, los mecanismos para mejorar la convivencia y gestionar la diversidad”.

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