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¿Qué precio debe pagar Argentina para mantener la gobernabilidad?

¿Qué precio debe pagar Argentina para mantener la gobernabilidad?

lunes 13 de mayo de 2019, 15:32h

El presidente Mauricio Macri, acosado por la crisis económica y la caída en las encuestas a cinco meses de las elecciones generales, convoca a un diálogo político con la oposición.

Los argentinos están acostumbrados a que los políticos no cumplan con sus compromisos electorales y que frecuentemente rompan sus alianzas, se reconcilien con sus opositores de siempre y se enfrenten a muerte con sus amigos y aliados de ayer. Pero, todo tiene un límite.

Al asumir la presidencia el ingeniero Mauricio Macri denunció el caótico estado en que se encontraba Argentina después de más de una década de corrupción, despilfarro y políticas desacertadas de los gobiernos de la familia Kirchner.

La nueva administración impulsó en la justicia las investigaciones sobre hechos de corrupción ocurridos durante los gobierno precedentes.

Los dos socios comerciales de la familia Kirchner, los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, fueron procesados y encarcelados por enriquecimientos ilícito, evasión impositiva, asociación ilícita, etc.

El ex ministro de Economía y ex Vicepresidente de la Nación, Amado Boudou fue condenado a cinco años y diez meses de cárcel e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos por la apropiación de la empresa calcográfica ex Ciccone, la mayor planta de este tipo de Sudamérica.

El ex ministro de Planificación y Obras Públicas, el diputado y arquitecto Julio de Vido, uno de los hombres más poderosos del régimen kirchnerista, perdió sus fueros como diputado y fue encarcelado acusado en once causas penales por enriquecimiento ilícito, asociación para delinquir, etc.

Su segundo en el ministerio de Planificación, el ex secretario de Obras Públicas, Julio López, fue sorprendido in fraganti cuando, por la noche y armado, pretendía ocultar bolsos conteniendo nueve millones de dólares en billetes dentro de un convento, con la colaboración de dos religiosas. Se encuentra preso desde entonces y asegura a quien quiera oírlo, que el dinero en realidad pertenecía a Cristina Fernández de Kirchner.

Más de cien altos cargos de los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner (2003 – 2015) se encuentran procesados por la justicia y 28 están presos.

Están acusados de cobrar sobornos y defraudar al Estado. Tan sólo en el caso denominado “Cuadernos de la Corrupción” hay 42 funcionarios y medio centenar de empresarios procesados.

Según un estudio realizado por los economistas Ariel Coremberg y Martín Grandes, investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el prejuicio para el Estado por la corrupción en los años del kirchnerismo alcanzo la apabullante cifra de U$S 36.000 millones de dólares.

La propia expresidente y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner está procesada en trece causas penales y acumula cinco pedidos de prisión preventiva por presunta corrupción, paralizados por el Senado de mayoría peronista que no le retira los fueros parlamentarios.

En algunas de estas causas también han sido procesados sus hijos: el diputado nacional Máximo Kirchner que tiene fueros parlamentarios y su hija Florencia que actualmente reside en Cuba (país con el cual Argentina no tiene tratado de extradición) donde recibe tratamiento médico por estrés. La hija de la expresidente aduce que su condición médica no le permite retornar a la Argentina.

Recordemos que, el 15 de julio de 2016, la justicia dispuso la apertura judicial de una caja de seguridad que Florencia Kirchner tenía en la casa central del Banco de Galicia, en la ciudad de Buenos Aires. Allí se encontraron U$S 4.600.000 de dólares estadounidenses en billetes. Florencia Kirchner nunca ejerció trabajo o profesión alguna, aunque suele denominarse cineasta…

El patrimonio de la expresidente y de sus hijos se encuentra embargado en diversos juicios por una suma total de aproximadamente U$S 1.000 millones de dólares.

Los sorprendente de este alarmante cuadro de situación, es que ahora el presidente Mauricio Macri, acosado por la crisis económica, la continua devaluación del peso frente al dólar y la brusca caída de su imagen pública, ha convocado por carta a la senadora Cristina Fernández de Kirchner y a otros notorios dirigentes peronistas procesados por presunta corrupción, como ex gobernador de la provincia de Buenos Aires y ex candidato presidencial Daniel Scioli, a un insólito diálogo político para debatir “10 puntos básicos” y suscribir un acuerdo que garantice la gobernabilidad del país.

Un acuerdo pensado como una suerte de “Pactos de la Moncloa”.

Aunque Argentina no está saliendo de cuarenta años de dictadura. Los militares dejaron el gobierno en 1983, fueron juzgados por sus violaciones a los derechos humanos y los que sobreviven están encarcelados. Desde hace 36 años el país tiene gobiernos constitucionales y democráticos. Durante 23 años gobernaron presidentes peronistas, en 8 lo hicieron presidentes de la Unión Cívica Radical y los últimos cuatro una alianza de radicales y el macristas denominada Cambiemos.

Al menos en teoría, la democracia debería encontrarse garantizada y no condicionada por la existencia de pacto alguno.

¿Entonces en qué consiste este diálogo político? ¿La expresidente Cristina Fernández de Kirchner y los altos cargos de su gobierno son corruptos y han formado una asociación ilícita para saquear a la Argentina? O, por el contrario, es una estadista y todos los juicios en su contra y en contra de sus hijos y exfuncionarios son fruto de una conspiración.

Debemos pensar que todo lo actuado por la justicia es tan sólo una patraña que esconde una persecución política por parte del gobierno de Macri.

No pretendo que en España se entienda esta situación, porqué en Argentina tampoco está nada clara.

Con los corruptos, y hay evidencias irrefutables de que los procesados lo son, no se negocia ni se acuerda. La corrupción política es un problema que compete a la justicia.

Un gobierno constitucional no negocia con delincuentes ni se presta a chantajes políticos de ninguna naturaleza bajo la excusa de garantizar la gobernabilidad.

El presidente Macri debería recordar una vieja frase, pronunciada en 1892, por el fundador de la Unión Cívica Radical, uno de los partidos que, como mencionáramos, integra la coalición Cambiemos, el entonces senador Leandro N. Alem cuando dijo: “Que se rompa pero que no se doble”.

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