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La Comunidad de Madrid investigará los cursos para “curar” la homosexualidad del Obispado de Alcalá de Henares
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La Comunidad de Madrid investigará los cursos para “curar” la homosexualidad del Obispado de Alcalá de Henares

martes 02 de abril de 2019, 15:54h

La Comunidad de Madrid ha decidido abrir un expediente al Obispado de Alcalá de Henares para calificar si las terapias para “curar” la homosexualidad que impartían han incumplido la ley. Según la normativa aprobada durante el mandato de Cristina Cifuentes, estas terapias podrían reconocerse como infracciones graves con multas de hasta 45.000 euros. Desde la Concejalía de Políticas sociales señalan que el gobierno madrileño solamente puede emitir sanciones administrativas, el cese de la actividad les corresponde a los tribunales.

La Comunidad de Madrid ha abierto una investigación sobre las terapias clandestinas celebradas en el Obispado de Alcalá de Henares. Según ha informado Pedro Rollán, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, la Consejería de Políticas Sociales será la encargada de determinar si "ha habido algún tipo de incumplimiento” a través de una investigación.

El Obispado de Alcalá ha emitido un comunicado al respecto de las informaciones publicadas por el medio digital eldiario.es. En las publicaciones, una periodista del periódico acude a estas sesiones en el Centro de Orientación Regina Familiae, dependiente del Obispado. Según la periodista, durante las charlas se dan pautas para dejar de ser homosexual.

En el comunicado, el Obispado de Alcalá califica las sesiones como una "ayuda y orientación" solicitada por personas y que "dicho acompañamiento integral, pastoral y espiritual en ésta como en todas las materias, siempre se hace, desde la fe y la razón, con amor y verdad, a la luz de la Palabra de Dios y del Magisterio de la Iglesia Católica". Asimismo, el Obispado ha calificado las informaciones emitidas de fake news y difamatorias, causando un perjuicio a la Iglesia Católica.

Estas terapias están recogidas como infracciones graves en la ley autonómica aprobada por el Ejecutivo de Cristina Cifuentes y son susceptibles de multas de hasta 45.000 euros, según la normativa.

Desde la Consejería de Políticas Sociales precisan que la actuación del Gobierno se limitará a "sanciones administrativas" contempladas en la ley, y no al "cese de la actividad", si tuviera lugar. "Eso lo tendrá que decidir un juez", apuntan las mismas fuentes.

El vicepresidente Pedro Rollán ha declarado que "según la información que hemos conocido parece que en el entorno del obispado se está realizando un seminario, una charla o un tratamiento", señaló el vicepresidente. Rollán no ha entrado a valorar estas terapias ilegales y ha contemplado la posibilidad, a la espera de la investigación, de que “una clínica particular” sea la responsable de las mismas.

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