lahoradigital.com
Los vascos se sitúan entre los más perjudicados por la nueva ley del alquiler
Ampliar

Los vascos se sitúan entre los más perjudicados por la nueva ley del alquiler

jueves 21 de marzo de 2019, 18:17h

Dicha reforma se llevó a cabo con el fin de proteger a los inquilinos y atacar la subida de precios del alquiler de los últimos años en ciudades como Madrid, Barcelona, Canarias o Baleares.

El pasado 6 de marzo entraba en vigor el segundo intento del Gobierno por regular el alquiler vía Real Decreto, que aún ha de convalidarse en la Diputación Permanente del Congreso.

De entre todos los propietarios de España, los vascos son los más perjudicados. En los últimos años, la moderación ha sido la tónica general en las subidas en el alquiler que han aplicado a sus viviendas, a diferencia de lo que ocurría en el resto del país y en los grandes mercados. Esta nueva regulación será aplicable a las viviendas de alquiler vascas.

Según Fernando Encinar, jefe de estudios del portal Idealista, “los propietarios de vivienda en alquiler de la CAV son, sin duda, los más perjudicados por el nuevo Real Decreto. Durante los últimos años han alquilado sus viviendas a precios razonables por la presencia de una amplia oferta pública en esta comunidad. Los plazos de alquiler en Euskadi respondían también a esta moderación de precios, pero con la nueva regulación los propietarios vascos están obligados a firmar contratos que pueden llegar a durar 8 y 10 años. Van a tener que atarse a plazos extremadamente largos por culpa de las subidas de precios en otras regiones; al final van a pagar los platos que rompieron otros”.

Oficialmente, el alargamiento de la duración de los contratos de 3 a 5 años podría llegar a los 8 con prórrogas si el casero es persona física, y de 3 a 7 años prorrogables a 10 si es persona jurídica. Durante este periodo de tiempo no se podrían revisar las rentas, salvo el IPC y con plazos muy largos.

Encinar añade que “el nuevo RD se ha aprobado de nuevo sin ningún tipo de consenso. Recuperar el plazo de 5 años que había antes de la reforma de Rajoy hubiera sido razonable pero el gobierno ha ido mucho más allá aplicando unos plazos que reducirán sensiblemente la oferta y revertirán los ajustes de precio que ya habían empezado a bajar y que con la nueva regulación probablemente vuelvan a subir”.

Sonia Mata, directora de Engel&Völkers San Sebastián señala que “tro tema que perjudica es el máximo de cuotas de garantía complementaria que se pueden pedir, al no poder superar las dos mensualidades, además de la fianza obligatoria que se deposita en el Gobierno Vasco. Antes era libre el número de mensualidades y eso tampoco ayuda a los propietarios”.

Por su parte, Joaquín Macías, abogado del despacho Ashurst, indica que “el nuevo Real Decreto afecta ya a todos los caseros de España por igual, independientemente de que los gobiernos autonómicos hayan llevado a cabo una buena política de vivienda social para evitar subidas de precio de las rentas o no. Porque una cosa es la legislación autonómica en materia de vivienda y otra es la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) que afecta a todo el territorio español”.

También se ha querido manifestar al respecto José Ramón Zurdo, CEO de la Agencia Negociadora del Alquiler, asegurando que “en algunas Autonomías como el caso del País Vasco, donde la oferta y demanda están más equilibradas –o sea donde hay oferta suficiente para poder atender la demanda existente y donde no se producen subidas excesivas de precios–, el limitar la revisión interanual de rentas al IPC no es lo más lo idóneo porque como todos sabemos el IPC no llega a recoger bien el coste real de la vida y en arrendamientos a largo plazo como son los actuales, sería muy probable que a mitad del contrato la renta que se va pagando no refleje realmente la actualización del coste de la vida experimentada hasta ese momento”.

Para Zurdo, una solución hubiera sido el establecer el ICP como sistema de revisión interanual de rentas para un periodo fijo de tiempo (3-4 años), y que para el resto de los años se dejase libertad a las partes para que pudieran establecer sus mecanismos de indexación que estimaran oportunos.

Sin embargo, María José Hernández, agente inmobiliaria en Arrigain con presencia en San Sebastián, asegura que sus clientes “no están tan preocupados por la duración de los contratos y el no poder actualizar las rentas en un menor tiempo de años, sino por la calidad del inquilino”. Afirma que buscan que sea “solvente” y “que pague religiosamente cada mes”.

En el País Vasco, en torno al 25% de la vivienda pública es alquiler social, un total de 18.275 casas en alquiler en manos del gobierno vasco y los ayuntamientos de las 3 capitales. A esta cifra, habría que sumarle la oferta de vivienda privada. El portal Idealista contó, en 2018, un total de 18.438 viviendas repartidas entre Álava (1.233), Guipúzcoa (4.607) y Vizcaya (12.598).

A pesar de que la demanda de vivienda de alquiler en el País Vasco no ha parado de crecer en los últimos años, la oferta también ha ido a más, tanto pública como privada. Este hecho ha permitido que los precios evolucionaran más comedidamente que en el resto de España, y los precios de la oferta pública (en torno a 230€ por 80 m2) han determinado que los precios de las viviendas privadas se mantengan más estables gracias a la buena política de vivienda pública en alquiler.

En el caso de las viviendas de alquiler privadas, los precios son mucho más comedidos que en el resto del país. Según datos del portal Idealista, en Madrid el precio cerró 2018 en 15,1 euros/m2 y, en Barcelona, en 15,8 euros/m2. Por el contrario, los precios de vivienda privada de alquiler en Vizcaya cerraron 2018 en 11 euros/m2. En Álava, la renta ha subido en los últimos años hasta alcanzar los 9,1 euros por metro cuadrado y, en Guipúzcoa, el 2018 acabó con el precio del alquiler en 13,9€/m2, tras tocar máximos en verano de 2018 (14,2 euros/m2).

Los precios de Guipúzcoa se ven afectados, sobre todo, por el comportamiento del alquiler en San Sebastián. La ciudad, que no puede crecer mucho más en número de viviendas, se diferencia de Bilbao, que solo cuenta 1.000 pisos sociales en alquiler. San Sebastián cerró el 2018 con un alquiler de 15,3 euros el metro cuadrado, niveles máximos, aunque en un entorno de aumento de la oferta de alquiler libre y también de la demanda de este tipo de solución habitacional.

“La tensión de los precios es permanente en San Sebastián, que siempre ha aparecido al frente de las ciudades con pisos más caros (por su tirón turístico, pero, sobre todo por la falta de suelo y de viviendas”, aseguran desde el Gobierno vasco.

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)


Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de La Hora Digital

No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes.

La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales.

Tu dirección de email no será publicada.

Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.