El presidente de la Generalitat, Quin Torra, ha decidido la vía de la confrontación para esta pre-campaña de las elecciones generales y no acatará, de momento, la orden de la Junta Electoral Central de quitar de las fachadas de los edificios públicos tanto los lazos amarillos en apoyo a los presos del ‘procès’ como las esteladas.
El president ha pedido un informe al Síndic de Greuges sobre la conveniencia de retirar dichos símbolos. Así lo han acordado en la reunión de su ejecutiva de este martes.
Este lunes, la Junta Electoral Central dio 24 horas al president para que retirara todos estos símbolos y avisó que si no lo hace le exigirá responsabilidades, primero administrativas y después penales.
Desde la JEC han anunciado que será la Delegación del Gobierno, que dirige Teresa Cunillera, la que deberá informar de si se cumple la orden de eliminar todos los símbolos políticos de los edificios públicos dependientes de la Generalitat.
Desde Moncloa, apuntan a que la instrucción para la delegación es precisamente esa, la de informar si se ha cumplido o no la resolución. Esta tarde de martes, se enviará un escrito a la Junta Electoral, junto con fotos, para informar si siguen los símbolos o no.
A partir de ese momento la decisión de las medidas a tomar será de la JEC, que podría informar a la Fiscalía de los sucedido y ordenar al cuerpo de seguridad competente, que en este caso son los Mossos, que retiren los símbolos en cuestión.
El Gobierno, tal y como declaró la semana pasada Carmen Calvo, está a disposición de la JEC para cuando lo estime oportuno.
Se abre así un frente más de confrontación con las instituciones catalanas.
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