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Vox continúa la caza de brujas en Andalucía y pretende investigar la vida laboral de quienes evalúan la violencia de género

Vox continúa la caza de brujas en Andalucía y pretende investigar la vida laboral de quienes evalúan la violencia de género

miércoles 13 de marzo de 2019, 19:39h
Vox en Andalucía sigue con su anunciada caza de brujas. Ya no pide nombre y apellido del funcionariado que evalúa los casos de violencia de género. Pero sí pide el resto de su biografía laboral. La formación de ultraderecha, una de las tres que se citaron en la Plaza de Colón, cree que emiten informes “ideológicos movidos por un feminismo supremacista”. En pleno siglo XXI y en los tiempos donde las mujeres reivindican sus derechos en todo el mundo, los de Santiago Abascal no terminan de entender que feminismo no es otra cosa mas que igualdad de derechos.

Francisco Serrano, miembro de Vox, diputado y presidente del grupo parlamentario andaluz, ha presentado en el registro del Parlamento tres solicitudes. Quiere extender la “investigación” sobre el personal de otros estamentos de la Administración andaluza: una ONG que trabaja para la Consejería de Igualdad protegiendo a mujeres, niños y víctimas de abuso y/o maltrato y una empresa adjudicatoria que, en el peritaje de daños que sufren las mujeres agredidas por sus parejas, colabora en los juzgados.

El partido naranja reclama la condición laboral, el perfil profesional y el número de colegiación de quien trabaje en las Unidades de Valoración de Violencia de Género, adscritas a Justicia; de Tax Valoración, del Grupo Tinsa, la empresa del peritaje judicial y de Asociación Andaluza de Defensa de la Infancia y Prevención al Maltrato Infantil (ADIMA)- junto a su Equipo de Evaluación e Investigación de casos de abuso sexual (EICAS)-, que fueron contratados por Igualdad.

¿A QUÉ SE DEDICAN ESTOS PROFESIONALES?
A redactar informes médicos, sociales y psicológicos sobre las víctimas de violencia de género. Dichos informes han sido combatidos por Francisco Serrano, ahora desde la política, antes lo hacía desde su despacho de abogados.

Quiere "el número de médicos forenses, psicólogos, trabajadores sociales o cualquier interlocutor interviniendo -con indicación de su titulación académica, que presente servicios" de estas personas que trabajan para la Junta y por y para la violencia de género.

Hace tres semanas pedía nombre y apellidos, ahora ya no -¿buena noticia?-. Se ha retractado de lo que rechazó la Mesa del Parlamento por vulnerar la Ley de Protección de Datos. Ahora, explica Serrano, lo que solicita “se ajusta a derecho”.

Le permitirá, previsiblemente, el acceso a la información detallada sobre el perfil profesional de estas personas. Además, piden el tipo de vinculación profesional de cada uno: funcionario de carrera o interino, laboral fijo o temporal, o de contratación externa con la Junta en cualquier consejería". Y el periodo de alta y baja de cada trabajador, y la situación detallada de cada uno en sus colegios profesionales…

El Parlamento habrá de calificar la Mesa del Parlamento para decidir si hace o no entrega de esta información. Serrano sigue empeñado en esta caza de brujas pese a ser el portavoz de su grupo de la comisión de Igualdad.

Los informes que elaboran estos profesionales sirven como atenuante en los juzgados si hay denuncia, y se tienen en cuenta a la hora de conceder ayudas públicas.

Mario Jiménez, portavoz del PSOE en el Parlamento, ha criticado duramente la actuación de Vox "el nuevo intento de la ultraderecha de usar el Parlamento para perseguir a los trabajadores que se encargan de atender a las mujeres víctimas de violencia de género". El PSOE ha votado en contra, pero gracias al trifalco que son PP, Cs y Vox en Andalucía, el órgano rector del Parlamento ha aceptado las solicitudes por mayoría. Adelante Andalucía, recordemos, tiene voz, pero no voto.

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