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Vox comienza una sospechosa persecución a los trabajadores contra la Violencia de Género en Andalucía
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Vox comienza una sospechosa persecución a los trabajadores contra la Violencia de Género en Andalucía

viernes 22 de febrero de 2019, 14:09h

El diputado Francisco Serrano, ha registrado en el Parlamento Andaluz una petición por la que reclama un listado de los nombres y apellidos de todos los trabajadores de las Unidades de Violencia de Género en las ocho provincias de Andalucía.

El partido de extrema derecha que sostiene al nuevo Gobierno Andaluz liderado por PP y Ciudadanos, ha solicitado esta semana en el Parlamento regional una petición de información que es, cuanto menos, preocupante.

La cruzada emprendida por el partido que lidera en Andalucía el juez Francisco Serrano contra las leyes de protección contra la violencia de género ha entrado en una nueva dimensión muy peligrosa.

Vox quiere que la Administración Andaluza le proporcione un listado detallado de “nombres, apellidos, número de colegiados en sus respectivos colegios profesionales, y si no también, de todos los psicólogos, trabajadores sociales y médicos forenses que han integrado las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género; Equipos Psicosociales de los juzgados de Familia y equipos de menores en las ocho provincias de Andalucía, entre el año 2012 y 2019 completos”.

La petición de Serrano, según consta en el documento registrado en la cámara regional y que ha adelantado el periódico ABC, se basa en el artículo 7 del Reglamento de la Cámara, por la que el Gobierno está obligado a dar esa información, según afirman desde la formación política de extrema derecha.

Aunque ha generado una gran alarma en la oposición, las intenciones que pueda haber detrás de esta petición por el momento se desconocen. Este partido se opone frontalmente a las leyes que protegen a las mujeres y a los menores contra la Violencia de Género. Pedir el nombre y los apellidos de aquellos que se encargan de valorar estos casos no augura que detrás buenas intenciones. Quizás lo próximo será pedir los expedientes de las mujeres y de los menores protegidos por la Ley Integral contra la Violencia de Género aprobada por el Gobierno Socialista.

Esta persecución de la extrema derecha contra la legislación de protección contra la Violencia de Género no es nueva para el partido de Abascal. Ya a principios de febrero, el líder nacional de la formación política, mostraba que su intención es desmantelar el sistema público andaluz de apoyo a las víctimas de la violencia machista. Para ello quieren auditar el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y derogar la ley andaluza que fue la primera norma en España que se adecuaba al Convenio de Estambul, firmado por nuestro país.

En su afán por negar la violencia machista, el partido xenófobo y machista no duda en hacer públicas cifras completamente falsas y sesgadas sobre, por ejemplo, las ayudas que reciben las mujeres maltratadas. O extienden la sensación que los fondos públicos dedicados a erradicar este tipo de violencia van a asociaciones radicales de izquierdas, algo absolutamente falso.

Sólo la Ley de Protección de Datos podría hacer que el Parlamento Andaluz deniegue la petición al partido de Abascal y cortar así la peligrosa estrategia de la extrema derecha andaluza.

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