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La Fundación CERMI Mujeres pide medidas en la lucha de los derechos de mujeres y niñas discapacitadas
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(Foto: CERMI)

La Fundación CERMI Mujeres pide medidas en la lucha de los derechos de mujeres y niñas discapacitadas

miércoles 06 de febrero de 2019, 12:42h

En el año 2011, España fue evaluada por ONU España para ver el grado de cumplimiento de nuestro país de la Convención Internacioinal de la Discapacidad. Entonces se detectaron algunas deficiencias por lo que se hizo a nuestro pais una serie de recomendaciones. Siete años después, ninguna de esas recomendaciones se han tenido en cuenta y por ese motivo CERMI Mujeres pide a las administraciones públicas españolas que se desarrollen políticas públicas encaminadas a proteger a mujeres y niñas con discapacidad.

La Fundación CERMI Mujeres (FCM), hace un llamamiento a las Naciones Unidas para alertar sobre las carencias que existen en España en cuanto al desarrollo de políticas públicas sobre discapacidad e igualdad de género, que afectan a los colectivos de mujeres con discapacidad.

El Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas evalúa este año el grado de cumplimiento de nuestro pais de la Convención Internacional de la Discapacidad. La última vez que nuestro país se sometió a este "examen" fue en el 2011. Entonces, la ONU realizó un informe en el que se incluían una serie de recomendaciones. Ahora, siete años después, CERMI mujeres alerta que no se han tenido en cuenta aquellas recomendaciones por lo que habrá que buscar una solución antes de que España se someta a esta nueva evaluación.

La FCM ha elaborado ya un informe que estará respaldado por el Consejo de Participación de la Fundación CERMI de Mujeres en el que se anuncian recomendaciones importantes para que se tengan en cuenta a la hora de legislar..

Pacto de estado contra violencia de género y medidas necesarias.

El informe creado por la FCM, valora positivamente la aprobación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que incluye medidas que luchan por terminar con la discriminación a personas con discapacidad, así como incorporar variables en estadísticas oficiales sobre la violencia de género del Estado.

La FCM asegura que estas mujeres y niñas poseen mayor riesgo de sufrir todo tipo de violencia y denuncia que se sigan llevando a cabo prácticas que infravaloran la figura de la mujer. También alerta de los obstáculos a los que se enfrentan mujeres y niñas con discapacidad para acceder a servicios de salud sexual, incluidos los servicios de reproducción asistida, así como la poca información que obtienen acerca de la educación sobre planificación familiar.

Por otro lado, durante los últimos años, los efectos tan perjudiciales en políticas de protección social y consecuencias derivadas de la dura crisis económica que se ha vivido en este país, han provocado que los niveles de pobreza y exclusión en mujeres y niñas con discapacidad hayan aumentado notablemente.

Este colectivo, compuesto por mujeres con discapacidad, afirma la FCM estar en desventaja y, además, estar experimentando abundantes carencias en cuestiones de precariedad laboral, sobre todo aquellas que tienen discapacidad intelectual, psicosocial o con sordoceguera. Por todo ello, por la brecha salarial que sufre este tipo de mujeres y por la tasa tan de inactividad que presentan, la FCM se ha visto obligada a solicitar a la ONU una colaboración entre organizaciones de mujeres donde se establezca y desarrolle una política de empleo eficaz para este grupo social.

Además, de estas carencias laborales, las mujeres y niñas con discapacidad sufren enormes discriminaciones que la FRM asegura no estar resueltas, por lo que opinan que es necesario que el conjunto de administraciones públicas del Estado debe reforzar todas estas medidas para luchar en contra de la discriminación, especialmente en ámbitos de educación, acceso a la justicia, pobreza, violencia y salud. La FCM resalta también, la cifra tan desmesurada y desproporcionada en comparación con las comunidades autónomas que existen en España.

En conclusión y en opinión de la FCM, el Estado debe de llevar a cabo con urgencia, medidas de protección social y reducción de personas con discapacidad con perspectiva de género.

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