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El Ayuntamiento de Madrid defiende afrontar la prostitución con un enfoque de derechos humanos
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El Ayuntamiento de Madrid defiende afrontar la prostitución con un enfoque de derechos humanos

jueves 31 de enero de 2019, 12:53h

Una vez suspendida la tramitación de la ordenanza contra la prostitución presentada por el grupo municipal socialista, el Ayuntamiento de Madrid ha defendido la postura de afrontar la prostitución desde el enfoque de los derechos humanos. Desde el Área de Políticas de Género y Diversidad se cuestionaba el enfoque sancionador de la propuesta socialista, ya que se trata de un problema social de derechos humanos.

La comisión conjunta de Equidad, Derechos Sociales y Empleo y Salud, Seguridad y Emergencias, ha suspendido la tramitación de la propuesta de ordenanza contra la prostitución del grupo municipal socialista. PP y Ciudadanos votaron en contra, y Ahora Madrid se abstuvo.

El Gobierno de Ahora Madrid había interpuesto 43 enmiendas que estaban basadas en dos informes procedentes de la Asesoría Jurídica. De ellos se desprendía que algunos artículos del texto elaborado por el grupo socialista no concuerdan con las competencias municipales.

Lo que se discutía desde el equipo de Gobierno era la adecuación de una política punitiva, como lo es el establecimiento de la sanción para la prostitución, porque se trata de un problema social y de derechos humanos. Para el Área de Políticas de Género y Diversidad, el objetivo de la ordenanza no es el de garantizar derechos para las mujeres que ejercen la prostitución, sino que “limita los derechos de las mujeres y las criminaliza”.

En Madrid ya existe desde 2015 una norma que sanciona el ejercicio de la prostitución: la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (LOSC). Una ley que para Celia Mayer, delegada del Área de Políticas de Género y Diversidad, tiene “unas consecuencias negativas para las víctimas de trata y las mujeres que ejercen la prostitución. Las desplaza a ambientes más inseguros y dificulta enormemente el trabajo de mediación y de identificación de las víctimas de trata”.

Las organizaciones sociales que trabajan en esta materia se han manifestado en contra de la aplicación de medidas punitivas. Ocho de las entidades, que son: Concepción Arenal, Trabae, Aplec, Oblatas Madrid, COGAM, Cruz Blanca, Fundación Atenea y Colectivo Hetaira, forman parte de la mesa técnica de prostitución y trata, y han elaborado un informe técnico en el que se analiza el impacto de la ordenanza de Alcalá y la LOSC y se expresa la preocupación por la realización de una futura ordenanza en la ciudad de Madrid.

Sus conclusiones son que aumenta el riesgo para las prostitutas, que se han presentado numerosas quejas sobre malas praxis, trato discriminatorio y vejatorio, y que sobre todo repercute negativamente en las víctimas de trata.

A este punto de vista de las entidades sociales hay que sumar el hecho de que los acuerdos internacionales para la prevención de la trata desaconsejan expresamente las medidas punitivas.

El grupo de expertos contra la trata del Consejo de Europa (GRETA) señala en un informe de 2013 su preocupación por el enfoque securitario que se emplea en España y hace una referencia explícita en contra de las ordenanzas municipales que implican sanción.

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