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España aprueba dos nuevos impuestos: la 'tasa Google' y la 'tasa Tobin'

España aprueba dos nuevos impuestos: la 'tasa Google' y la 'tasa Tobin'

viernes 18 de enero de 2019, 18:14h
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el impuesto tecnológico conocido como 'tasa Google' y la 'tasa Tobin', el nuevo Impuesto sobre Transacciones Financieras. España es el primer país de la UE que adapta la tributación a los nuevos modelos de negocio digital. El objetivo es vencer la "competencia desleal" y superar la "gran desventaja" que determinados servicios suponen a comercios o actividades que sí pagan impuestos.

Hoy, el Consejo de Ministros ha aprobado los anteproyectos de ley que los nuevos impuestos crean a los servicios digitales y a las transacciones financieras. Se prevé recaudar 1.200 y 850 millones de euros, respectivamente. Ahora que son proyectos de ley, iniciarán el trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados.

TASA GOOGLE

Isabel Celaá, la portavoz del Gobierno, ha anunciado la ‘tasa Google’, dirigida a plataformas que trabajan privilegiadamente y suponen una “gran desventaja” a otros comercios o actividades que pagaban impuestos. El objetivo del Gobierno es hacerle frente a la “competencia desleal”.

El nuevo Impuesto sobre Determinados Servicios digitales gravará las empresas cuyo ingreso anual total sea de, al menos, 750 millones de euros y cuyos ingresos en España de más de 3 millones de euros.

De acuerdo a la propuesta de la Comisión Europea, Celaá ha detallado que se gravará el 3% de los servicios de publicidad online, servicios de intermediación online y la venta de datos recopilados de la información que proporciona el propio usuario durante su uso o la venta de metadatos.

El nuevo tributo concierne, ha detallado la portavoz, a las plataformas que sirvan de intermediarias entre el que ofrece servicio y lo adquiere, pero no al que genera el producto. El Gobierno ha explicado que la liquidación será trimestral y espera la recaudación de 1.200 millones por este impuesto.

Se excluye también la venta de bienes o servicios entre los usuarios de un servicio de intermediación online y la venta de bienes o servicios contratados vía web del proveedor, actividad en la cual no actúa como intermediario. Además, se excluyen del pago, también, determinados servicios financieros.

Quedarán fuera del impuesto, por otra parte, las prestaciones digitales realizadas entre entidades que formen parte de un grupo con una participación del 100%, directa o indircta.

TASA TOBIN

Igualmente, el Consejo de Ministros ha aprobado el nuevo Impuesto sobre las Transacciones Financieras, la ‘tasa Tobin’, en busca de la “equidad” del sistema, según Celaá. Gravará con un 0,2 las compras de acciones españolas de ejecutores del sector financiarlo.

Celaá ha recalcado que se trata de una imposición que 10 países de la UE trabajan desde 2013, considerada “conveniente” a nivel nacional. Seguir el modelo francés dictaría someter a tributación al 0,2% operaciones adquisitivas de acciones emitidas en España de empresas cotizadas que, en bolsa, capitalicen más de 1.000 millones de euros. No se gravará, sin embargo, la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas. El sujeto pasivo sería el intermediario financiero que dé la orden de adquisición, quien deberá presentar la declaración anual de tal impuesto.

Las adquisiciones a las que no se aplicará dicho gravamen son las operaciones del mercado primario (que una compañía salga a Bolsa), las que se consideran necesarias para que la infraestructura del mercado funciona, las de reestructuración empresarial, las cesiones de carácter temporal y las realizadas entre sociedades del mismo grupo.

El Gobierno estima la recaudación de 850 millones por este nuevo tributo, cantidad que destinarán a la financiación de las pensiones y a proteger la Seguridad Social.

MEDIDAS CONTRA EL FRAUDE FISCAL

Lo que no se ha aprobado hoy en el Congreso es el proyecto ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, según Hacienda, un tema que precisa muchas medidas distintas.

Entre otras, limitar los pagos en efectivo a 1.000 euros entre profesionales, reforzar la lista de morosos con los responsables solidarios, aparecer los deudores a partir de 600.000 euros, prohibir amnistías fiscales y adoptar medidas internacionales para combatir el fraude. Así, prevé la recaudación de otros 500 millones de euros extra.

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