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El Gobierno recurre a los decretos-ley para aplicar su agenda social
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El Gobierno recurre a los decretos-ley para aplicar su agenda social

martes 08 de enero de 2019, 17:00h

Durante estos primeros meses de Gobierno, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha utilizado más veces el instrumento de los decretos-ley que el Ejecutivo de Mariano Rajoy en el mismo periodo. Detrás se encuentran razones de agilidad legislativa, así como de estrategia política en un Congreso de los Diputados donde el PSOE tiene 84 diputados y debe pactar y negociar las iniciativas para implementar una agenda ambiciosa de reformas.

Pese a lo que se dice repetidamente desde la oposición, la moción de censura con la que Pedro Sánchez desbancó a Mariano Rajoy no supuso un pacto de gobierno, sino el apoyo de fuerzas muy diferentes para un objetivo común y puntual. De ahí que la gobernabilidad esté siendo complicada.

El Ejecutivo socialista, con vistas a impulsar el mayor número posible de medidas que reviertan los recortes de la época popular, ha recurrido mucho al decreto-ley para aprobar las leyes. Este instrumento constitucional implica que en Consejo de Ministros el Gobierno aprueba una norma que entrará inmediatamente en vigor por motivos "de extrema necesidad y urgencia". Una vez aprobada, se dispone de quince días para que el Congreso convalide esa aprobación, para lo que se requiere mayoría absoluta. Es decir, el trámite se invierte y acelera, aunque finalmente la aprobación del Congreso se produce.

De esta forma se han aprobado los decretos de derogación del impuesto al sol, la dotación económica para las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género o la obligación para los bancos de hacerse cargo del impuesto de las hipotecas. Hasta 25 decretos-ley se han aprobado en estos primeros siete meses de Gobierno. Durante los primeros meses del Gobierno popular fueron 23 los decretos-ley aprobados.

Como siempre, los matices en las razones son importantes. Mariano Rajoy, en 2011, contaba con una holgada mayoría absoluta que le permitía aprobar los proyectos de ley en el Congreso sin ninguna dificultad. De ahí que utilizase el decreto-ley para darle velocidad a la puesta en marcha de las medidas, con la tranquilidad de que serían convalidados en la Cámara. Así aprobó sus principales medidas de recorte, como la subida del IRPF y el IBI o la congelación de los salarios de los funcionarios. Por contra, Pedro Sánchez no goza en absoluto de esa tranquilidad en el Congreso. El uso mayoritario de los decretos-ley tiene por objeto aprobar medidas que reviertan precisamente esos efectos negativos de la era Rajoy, con lo que seguramente juega una baza política: de entre quienes votaron a su favor en la moción de censura, casi nadie se atrevería a rechazar medidas como la recuperación de la sanidad universal o las medidas en materia de acceso a la vivienda. De hacerlo por el cauce ordinario del Congreso podría, además, encontrarse con el filibusterismo de algunos partidos de la Cámara. Mediante la petición de sucesivas prórrogas para la presentación de enmiendas, los grupos políticos de la oposición han frenado el avance parlamentario de algunas leyes, como la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que permitiría al Gobierno sortear el veto del Senado al techo de gasto. Hasta 37 iniciativas se encuentran bloqueadas por la mayoría conservadora de la Mesa del Congreso. Además, el Gobierno convalida los decretos de manera que es posible que los partidos introduzcan enmiendas una vez que la medida está en vigor.

El otro motivo de este uso de los decretos-ley viene de Europa. Las directivas que requieren convalidación por parte de los Parlamentos nacionales se aprueban en el caso español primero en Consejo de Ministros por decreto-ley y luego son convalidadas en el Congreso. En estos casos, PP y Ciudadanos han refrendado al Gobierno y votado dichas normas.

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